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Empresarios y administraciones apuran la implantación del registro horario

Sistema de fichaje en un concello.EP
Sistema de fichaje en un concello.EP

El 12 de mayo será obligatorio controlar la jornada de la plantilla para atajar las horas extra no pagadas y el absentismo

Faltan tres semanas para que, el 12 de mayo, concluya el plazo dado por el Gobierno para activar el registro de la hora de entrada y salida de los trabajadores y algunas compañías y administraciones de las muchas que no disponen de un sistema de control comienzan a mover ficha, según refieren firmas como Bodet, especializada en la implantación de este tipo de herramientas. En un país en el que en 2018 se realizaron 2,8 millones de horas extraordinarias a la semana sin retribuir y en el que unas 234.000 personas faltan a diario a su puesto sin tener una baja médica —según Randstad—, el sistema previsto en el decreto 8/2019 de medidas urgentes para la lucha contra la precariedad en la jornada de trabajo no ha colmado las expectativas de los sindicatos.

Y es que deja en manos de cada compañía organizar el método de fichaje —que deberá recoger la hora concreta de inicio y finalización de la jornada— tras debatirlo en el marco de la negociación colectiva o sellar un acuerdo de empresa. Si estas opciones no son posibles, el patrón podrá implantar la vía que decida "previa consulta con los representantes legales de los trabajadores". 

Una vez en marcha, será obligatorio conservar los registros cuatro años y ponerlos "a disposición" del plantel, representantes legales y de la Inspección de Trabajo. 

Sobre la mesa hay opciones como una hoja de papel en la que el asalariado firma y otras más tecnológicas como el reconocimiento de la huella dactilar e incluso aplicaciones para los móviles. 

Una vez en marcha, será obligatorio conservar los registros cuatro años y ponerlos "a disposición" del plantel, representantes legales y de la Inspección de Trabajo. 

"Algunhas empresas estanse a mover, aínda que non é o suficiente", constata Pedro Blanco, responsable de asesoría jurídica de UGT-Galicia, quien señala que algunos centros de trabajo ya se venían preparando desde que en diciembre de 2015 la Audiencia Nacional dictó una sentencia en la que apuntó al registro de jornada como "el requisito constitutivo para controlar los excesos". Los jueces admitieron que la ausencia de fiscalización coloca al empleado "en situación de indefensión".

Llegado 2017, pese a no confirmar el fallo, el Supremo instó a impulsar una reforma legislativa para clarificar la obligación de llevar un registro y facilitar al asalariado la prueba de la realización de horas fuera de su jornada habitual. En esta línea, el pasado enero el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE Giovanni Pitruzzella llamó a refrendar la obligación de supervisar las horas de entrada y salida en el marco de un conflicto que enfrenta a CC.OO. y otras centrales con Deutsche Bank. Ahora falta el fallo de los jueces comunitarios. 

"Aínda que a reforma puidera quedar curta, o certo é que o decreto obriga a establecer un sistema obxectivo para poder acreditar a xornada real cando ata o de agora para acudir a un xulgado era o traballador o que tiña que achegar probas, o que para moitos resultaba imposible", expone Blanco. 

Convencido de que solo a través del control se logrará que la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social destapen el fraude ligado al tiempo no cotizado, Roi Fernández, el secretario de acción sindical de CC.OO. apunta a la hostelería, la limpieza o los servicios de ayuda a domicilio como los que esconden mayores bolsas de trabajo sin retribuir. A la semana, de la encuesta de población activa se extrae que los gallegos realizan 210.000 horas extra sin compensación y que escapan al control del fisco, lastrando el maltrecho sistema de pensiones.

"É de esperar que con este rexistro se reduzan as xornadas abusivas e por riba da normativa laboral e se paguen esas horas", constata el profesor de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo Alberto Vaquero, quien asume que los resultados dependerán de la "exhaustividade" en el control y de la actuación de la Inspección de Trabajo. A su juicio, el decreto tiene como punto negativo que deja a las empresas que negocien las condiciones "dependendo das súas particularidades", sin fijar un procedimiento estándar, lo que "pode crear situacións desiguais" entre compañías, dependiendo de su poder de negociación.
 

Incumplimiento: Las multas oscilan entre los 626 y los 6.250 euros 

Las empresas que incumplan la obligación de registrar la jornada de su plantilla se expondrán a multas al pasar a considerarse una irregularidad grave recogida en la Ley de infracciones y sanciones en el orden social. Las penalizaciones van de un mínimo de 626 euros hasta un máximo de 6.250 dependiendo del número de trabajadores afectados y de la cifra de negocios de la empresa. 

26%
Es la ratio de horas extra sin pagar que coparon en 2018 el comercio y la hostelería en España. 

 

Isabel Cantó, directora general de Bodet en España: "Para una compañía de 25 empleados tenemos sistemas de control que no llegan a 1.000 euros"
Con filial en Madrid, la multinacional francesa Bodet es uno de los referentes del sector en lo que toca a la instalación de software de gestión de recursos humanos y control de accesos, una tarea que España afronta con retraso frente al resto de socios europeos. Con una cartera de unos 3.000 clientes, Isabel Cantó, la directora general de Bodet en España constata que el número de empresas y administraciones que recurren a sus servicios se ha disparado desde que el 3 de abril el decreto que regula el registro horario fue convalidado por el Congreso. De hecho, en Galicia acaban de cerrar un contrato "con un concello bastante grande". "Incluso teníamos algún cliente en el sector público que dijo que se lo iba a pensar y, en cuanto salió el decreto nos llamó para firmar", relata.
Isabel Cantó, directora general de Bodet en España.EP
Bodet instala sobre todo sistemas de fichaje mediante huella dactilar, aunque ya está ultimando el reconocimiento facial. Aunque algunos consultan si es válido llevar el registro en papel, lo cierto es que la obligación de preservar la información cuatro años hace prácticamente inviable esta solución.  

En cuanto al coste, un terminal básico con su software para una empresa de hasta 25 empleados "no llega a 1.000 euros", según Cantó, que recalca que la meta es controlar las dos caras del problema: el absentismo injustificado y las horas extra no remuneradas. A su juicio, entre sectores más rezagados están la hostelería y la sanidad. "Es casi imposible encontrar un hospital con un sistema de control, pues no interesa al empleado, por el absentismo, ni a la dirección, porque hay personal que dobla jornadas sin que medie el descanso mínimo legal", señala la directora general de Bodet. 

Empresarios y administraciones apuran la implantación del registro...
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