La federación gallega de gasolineras carga contra las estaciones desatendidas

El temor a una proliferación "indiscriminada" de las estaciones de servicio desatendidas en una comunidad en la que el 63% de las gasolineras están en manos de Repsol, Cepsa y Galp y que destaca por soportar los precios de los carburantes más elevados de la Península ha llevado a la Federación Gallega de Estaciones de Servicio (Fegaes) a rearmarse ante un modelo al que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) llamó a impulsar. Aunque, de momento, en Galicia solo existen seis surtidores automatizados —tres en la provincia de A Coruña (Petroprix) y otros tantos en Lugo (Saras) de los 560 que hay en España—, la patronal reclama a la Administración una regulación específica para estos negocios sin personal, con el fin, dicen, de
blindar la seguridad de los usuarios y garantizar el acceso a personas con algún tipo de discapacidad.

Pese a argumentar que por cada estación de este tipo que se abre se destruyen 5,4 puestos de trabajo, la Fegaes —que integra unas 300 estaciones que facturan 900 millones al año y sostienen 2.300 empleos— insiste en que no se posiciona en contra de la apertura de este tipo de negocios. "La competencia no es mala y nos hace evolucionar", afirma la vicepresidenta, Fara Pérez, que ayer recalcó en Vigo que su objetivo es "poner en valor" el modelo de las gasolineras tradicionales e incidir en la necesidad de una legislación específica, visto que las dos fórmulas de negocio «no son equiparables» en su funcionamiento.

Extendido en Cataluña, Valencia, Andalucía y Madrid, en Galicia la Xunta permite la instalación de este modelo de estaciones, visto que la regulación estatal no obliga a que dispongan de personal contratado. Por el contrario, la Fegaes afirma que su implantación debería estar prohibida al entender que choca con leyes de protección ambiental, en materia de seguridad y de derechos de los consumidores.

En estos momentos, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Navarra y Valencia obligan a contar al menos con un trabajador, unas restricciones contra las que la CNMC cargó en 2016, al tiempo que instó a apostar por un modelo que, en países como Suecia o Dinamarca copa más del 60% de la red de surtidores, mientras en España rondan el 5% del total.

Los gasolineros gallegos llaman a poner el foco en las legislaciones de países como Francia, donde las conocidas como estaciones 'fantasma' están obligadas a cumplir preceptos como «contar con un operario o empresa especializada capaz de responder con rapidez ante una emergencia» o mantener distancias mínimas con los inmuebles que se duplican en relación a las estaciones convencionales.

La Federación Gallega de Estaciones de Servicio afirma que por cada surtidor desatendido que se abre se destruyen 5,4 empleos

En España, en julio de 2017 el Gobierno aprobó una instrucción que reforzó las medidas de seguridad, estipulando la obligación de contar con un sistema fijo de detección y extinción de incendios, un circuito cerrado de cámaras conectado con un centro de control remoto y un interruptor de paro de emergencia pensado para que los clientes lo activen y así corten la corriente en caso de que sobrevenga una urgencia. También se obliga a estas empresas a contar con un número de teléfono para resolver las dudas del usuario.

Con todo, la patronal gallega sigue viendo lagunas y pide un endurecimiento normativo, pues constata que al no haber personal resulta imposible impedir que un cliente fume o reposte con el motor en marcha o las luces encendidas. Otras de las carencias que percibe son la imposibilidad de realizar "comprobaciones de metrología" para verificar que los surtidores sirven realmente los litros por los que se paga o la posibilidad de cubrir una hoja de reclamación.