La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha firmado con los representantes sindicales de la Administración General acuerdos para la conciliación de la vida laboral y familiar de los empleados públicos, con lo que se elevará el permiso de paternidad de cinco semanas a ocho y así progresivamente hasta 16 semanas en 2021, además de la aplicación de un sistema de bolsa de horas equivalente a un 5% de la jornada anual (85 horas) de cada empleado público para el cuidado de hijos, mayores y dependientes recuperables en el siguiente trimestre.
Así lo ha detallado Batet tras la firma de los acuerdos alcanzados en la última reunión de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, presidida por el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, en la que ha destacado que se ha alcanzado un acuerdo "histórico" en materia de permisos de paternidad.
Batet ha destacado que los acuerdos, suscritos con CC OO, UGT, CSIF y CIG, suponen dos medidas de impulso "firme" a las políticas de corresponsabilidad y conciliación, un compromiso adquirido por el Gobierno, ya que aunque la igualdad entre hombres y mujeres está reconocida en el texto constitucional, queda "mucho camino por andar".
Según ha explicado, el primer acuerdo pasa por la ampliación progresiva del permiso de paternidad a 16 semanas en tres años. En concreto, se elevará de cinco semanas a ocho en 2019, a 12 semanas en 2020 y a 16 semanas en 2021, y será un permiso no transferible entre progenitores, aplicable a todos los empleados públicos de la Age.
No obstante, Batet ha recordado que el Gobierno ha manifestado ya su compromiso de aprobar esta medida de los permisos de paternidad a todos los trabajadores del ámbito público y privado. Para ello, ha apuntado que se incorporarán las modificaciones legales oportunas en los próximos Presupuestos y se procederá a la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público.
La otra medida conllevará la aplicación de un sistema de bolsa de horas equivalente a un 5% de la jornada anual de cada empleado público -85 horas al año-- para el cuidado de hijos menores de edad y para la atención de personas mayores y dependientes. Esas jornadas son necesariamente recuperables en el trimestre siguiente y se aplicará a todos los empleados públicos, funcionarios, laborales y estatutarios.
