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La 'patata caliente' de los VTC

Taxis estacionados a las puertas del Ifema, en Madrid.EFE
Taxis estacionados a las puertas del Ifema, en Madrid.EFE

La regulación de plataformas de transporte concertado como Uber sigue pendiente mientras las administraciones debaten a quién le compete. Cabify carga contra la imposición de la reserva del servicio con una antelación mínima

Lograr una convivencia pacífica del taxi y los vehículos de alquiler con conductor (VTC) va camino de convertirse en una entelequia debido a la decisión del Ministerio de Fomento de trasladar a las comunidades y los ayuntamientos la regulación de la actividad de plataformas como Uber o Cabify. Con las principales arterias de Madrid y Barcelona colapsadas por los autopatronos en huelga, estos han situado a la cabeza de sus reivindicaciones que se impida a los VTC captar clientes a pie de calle, exigiéndoles un plazo de tiempo mínimo en la precontratación de sus servicios. 

Han dado este paso después de que Fomento resolviese a través de un decreto aprobado en septiembre conceder una moratoria de cuatro años durante los cuales los vehículos de transporte concertado podrán seguir operando en el ámbito urbano, donde la competencia es extrema. Pasado ese tiempo, las licencias municipales expirarán y los ayuntamientos tendrán en sus manos que se cumpla la ratio de 1 VTC por cada 30 taxis que marca el Reglamento de Transportes Terrestres de 2015, un tope vulnerado en toda la geografía española, donde 65.973 taxis compiten con 13.125 vehículos de transporte concertado.  

En Galicia, los autopatronos han demandado que las reservas se realicen con una antelación de al menos tres horas, una petición que la Consellería de Infraestruturas prometió estudiar, aunque insiste en que sus competencias se ciñen "á inspección e sanción". Dando un paso más, en Cataluña, la Generalitat ofreció elevar ese plazo de 15 minutos a una hora en el área metropolitana de Barcelona. 

En Galicia, los autopatronos pidieron a la Xunta que las reservas de los VTC se realicen con una antelación de al menos tres horas

Los operadores de VTC, contra los límites

Este miércoles, el fundador de Cabify, Juan de Antonio, indicó que una regulación como la que el Gobierno catalán está dispuesto a aprobar para poner término al paro del taxi acabaría con su negocio, porque "el 96% de los trayectos contratados son para recoger al cliente lo antes posible". A su juicio, cualquier restricción a la libre prestación de un servicio "es ilegal". Con un millón de usuarios solo en Cataluña, la plataforma incide en que sostiene 2.000 empleos. En esta línea, el gigante estadounidense Uber confirmó que dejará Barcelona si el decreto sale adelante.
 
El taxi está hiperregulado

En el origen del problema está, como reconoce el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el hecho de que mientras "el taxi está hiperrregulado, los VTC están desrregulados". En Galicia, los titulares de las 3.632 licencias de taxi en vigor están sometidos a multitud de exigencias. El reglamento que la Xunta validó el pasado septiembre —y que introdujo la posibilidad de que varios clientes puedan compartir vehículo en el rural y de usar este transporte para llevar niños a la escuela— obliga a estos profesionales a contar con una licencia municipal y una autorización interurbana expedida por el Ejecutivo autonómico. A la prohibición de transmitir la licencia en un plazo de al menos dos años, se suma el cobro acorde al régimen tarifario oficial. que debe estar expuesto en el coche. También se exige superar un visado cada cuatro años para comprobar que se cumplen todos los requerimientos, disponer de un certificado de aptitud profesional y estar al día en los pagos a la Seguridad Social, entre otros aspectos. 

Desde los 330 litros de capacidad del maletero, hasta la fijación de una antigüedad máxima del vehículo entre 10 y 12 años, dependiendo de la población del municipio en el que opere, el decreto autonómico no escatima especificaciones. Incluso recoge el derecho de los usuarios a exigir que se apague la radio o a que se les facilite cambio hasta 50 euros, además de la obligación del taxista a vestir "adecuadamente" y de llevar a bordo de una copia del contrato de trabajo en caso de que el conductor sea un asalariado.  

Desde los 330 litros de capacidad del maletero, hasta la fijación de la antigüedad máxima del vehículo en función de la población del municipio o disponer de un certificado de aptitud profesional, la actividad de los taxistas está pautada al detalle

Los VTC están desrregulados

En lo que toca a los VTC, el reglamento gallego entra en fijar la obligación de que los coches porten un distintivo y limita a nueve el número máximo de plazas por coche, además de exigir llevar la hoja de ruta con los detalles de cada servicio, que deberá ser contratado "con carácter previo e por escrito nos locais da empresa arrendadora", aunque no entra a fijar límites temporales. Siguiendo la ley de transporte público gallega de 2013, se exige a las compañías contar con un mínimo de dos conductores, que, además de disponer de permiso de circulación, estén dados de alta con contrato a jornada completa. "A efectos de restrinxir o número de autorizacións" —que actualmente suman 276—, la Xunta prevé realizar un estudio de movilidad en el que se analice la situación del sector "e as necesidades reais da súa extensión" para su traslado al Consello Galego de Transportes. 

La Xunta exige a los VTC contar con un mínimo de dos conductores con contrato a jornada completa

¿A quién compete poner orden?

La Xunta insiste en que es Fomento el que debe poner orden, dado que "a concesión de licenzas para VTC está regulada pola lexislación estatal" y la comunidad se encarga solo de "tramitar" las solicitudes, realizar controles e imponer sanciones. Ante el tiempo mínimo para la precontratación de servicios que piden los taxistas, Infraestruturas incide en que "o marco normativo é confuso e complexo", a lo que hay que sumar la profusión de resoluciones judiciales. "É necesario analizar con rigor se a Xunta ten capacidade e seguridade xurídica para regular ese aspecto ou lle compete ás administracións locais", indicaron fuentes de la consellería.  

Al embrollo se refirió también el titular de Fomento, quien, pese a ofrecerse a mediar, insistió en que "no es un problema nacional". Recalcó que el decreto que impulsó en septiembre "obliga" a las autonomías a regular los VTC. "Da igual si gusta o no gusta", espetó Ábalos. 

La 'patata caliente' de los VTC
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