Siete años después de la última reforma en materia de pensiones, la Comisión del Pacto de Toledo ultima las recomendaciones que remitirá al Gobierno para blindar la sostenibilidad de un sistema que hasta agosto registró unos ingresos por cotizaciones de 78.928 millones, mientras la factura de las pensiones contributivas alcanzó los 84.545 millones. En este contexto, uno de los giros será fomentar la prolongación de la vida laboral con nuevos incentivos.
La meta es acercar la edad real de jubilación a la legal, que este año se sitúa en 65 años para quienes tienen una carrera de 37 o más años de cotización y en 65 y 10 meses para aquellos que no llegan a ese nivel. Pese a que estos son los baremos, el recurso al retiro anticipado provoca que la edad efectiva a la que se deja el mercado laboral se sitúe de media en España en 64,6 años. Aunque de forma moderada, este dato, que corresponde a agosto, ha ido avanzando, pues en 2005 el promedio era de 63,6 años.
Ya sea para mejorar su prestación futura, por carecer de relevo o por vocación de seguir en activo, un total de 16.200 gallegos mayores de 65 continuaban al pie del cañón en el segundo trimestre. Los datos de la encuesta de población activa (Epa), con registros de la última década, reflejan que se trata de un máximo igualado solo en el cuarto trimestre de 2019. En cuanto a su jornada laboral, el 77% trabaja ocho o más horas, pues solo 3.600 tienen una jornada parcial.
Para obtener una radiografía más detallada de este fenómeno hay que acudir a los datos de afiliación, según los cuales, de los 15.160 gallegos mayores de 65 que seguían cotizando en agosto —una cifra histórica—, casi el 59% eran autónomos, cuyas prestaciones suelen ser inferiores a las del régimen general, en buena medida porque un 75% cotiza por la base mínima. Así, el peso de los asalariados que postergan el retiro es del 33%. También siguen acudiendo al tajo un total de 954 mujeres y 17 varones mayores de 65 que cotizan como empleados del hogar.
La OCDE sitúa a España como el país en el que hay una menor proporción de personas que trabajan y cobran una pensión a la vez
Para explicar la brecha entre las cifras de la Epa y las afiliaciones, cabe no perder de vista que los registros de la Seguridad Social no reflejan el impacto de la economía sumergida, ni recogen a los trabajadores públicos de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y de la Mutualidad General Judicial.
Estos tienen derecho a la jubilación a los 60 años siempre y cuando cuenten con una hoja de servicios al Estado de al menos 30 años. Son las llamadas clases pasivas, y la reforma no traerá cambios para este colectivo. Solo a partir de enero de 2011 los funcionarios de nuevo ingreso pasaron a percibir sus pensiones del régimen general de la Seguridad Social, dado que el sistema de clases pasivas está llamado a extinguirse. Aún así, al término de 2019, en Galicia había unos 17.100 mutualistas en alta laboral y 44.876 pensionistas cuyas prestaciones costaron 82,3 millones, lo que arroja una media de 1.834 euros por persona.
TRABAJO Y PENSIÓN. En este escenario, los datos reflejan que los incentivos para alargar la vida laboral en España son escasos. En un reciente informe, la OCDE situó a España como la economía avanzada en la que existe una menor proporción de personas que trabajan y cobran una pensión a la vez: apenas un 0,5% de los que tienen entre 55 y 69 años, lejos del 17% de Suecia. Ante esta realidad, el Consejo General de Economistas llama a "potenciar" la jubilación activa eliminando barreras como la que veta el acceso a quien no haya alcanzado la edad legal de retiro y a quien no hubiese cotizado los años suficientes como para poder cobrar la prestación máxima. Los expertos también recetan "desincentivar" las prejubilaciones y bajas incentivadas que se ofrecen en los Ere que aplican sectores como el financiero para trabajadores que incluso tienen menos de 55 años.
