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Pymes y autónomos siguen aguardando un régimen de sanciones a la morosidad

Cifras de una factura. EP
Cifras de una factura. EP

Con la norma bloqueada en las Cortes, la PMcM avisa de que empresas y administraciones empeoraron los plazos de pago a sus proveedores en 2018. Los concellos cerraron 2018 con 132 millones en facturas pendientes, según Hacienda, que sitúa Laxe como peor pagador 

La cultura de la morosidad sigue al orden del día en parte de las empresas y del sector público en España, aunque desde los años centrales de la crisis se han producido avances. No obstante, la ausencia de un régimen sancionador que actúe de modo disuasorio explica que muchas administraciones sigan sin respetar el plazo de 30 días fijado por la ley de 2010 y que las compañías, sobre todo las grandes, rebasen los 60 marcados como límite tras la recepción de las mercancías o prestación de los servicios contratados. 

Plazos de pago a proveedores.EP

A la hora de exponer las causas del que parece ser un mal endémico en España, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) lo tiene claro: "lo incumplen porque no les pasa nada". El colectivo, que agrupa a organizaciones sectoriales que representan a alrededor de un millón de pymes que facturan unos 150.000 millones de euros y sostienen 4,5 millones de empleos asalariados y autónomos, evidencia su malestar ante el intento frustrado de aprobar un régimen sancionador con penalizaciones de hasta 819.780 euros, un reto que se aplaza a la próxima legislatura. A pesar de que en junio de 2017 las Cortes admitieron a trámite una proposición de ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad impulsada por Cs y PDeCAT que estaba llamada a desarrollar un sistema de infracciones y multas, la iniciativa, que se fue postergando por la negociación de los presupuestos de 2018 y la moción de censura, quedó definitivamente aparcada. 

Se llegó al bloqueo después de que el PSOE presentase una enmienda transaccional con el fin de mantener la opción de que la gran distribución pudiera seguir pactando aplazamientos de pago superiores incluso a los 120 días, previa fijación de algún tipo de garantía con el proveedor. La medida cosechó las críticas de la PMcM, que apuntó a la presión del lobby de las grandes superficies. Tras la disolución de las Cortes a inicios de marzo la iniciativa quedó en papel mojado, pues la insistencia de la PMcM para que el Gobierno legislase aprobando un real decreto no ha dado frutos.

Cuánto tardan las comunidades en pagar sus facturas. EP

Balance. Según datos de la plataforma —que estima que una de cada tres empresas que cerró en la crisis lo hizo presionada por la morosidad—, en 2018 los plazos de pago empeoraron. De media, el sector público abonó sus facturas en 68 días, tres más que en 2017, en tanto que las empresas se retrasaron cuatro jornadas más al saldar sus cuentas pendientes en 81 días. 

Pero como en todo, hay excepciones, pues las estadísticas del Ministerio de Hacienda refrendan que, a nivel autonómico, la Xunta cumple. En enero atendía sus obligaciones en una media de 24 jornadas y cargaba con una deuda comercial de 163.371 millones, copada en un 73% por proveedores sanitarios. Frente al caso gallego, Cantabria arrastra una dilación superior a los 88 días y Valencia, de 52.

A nivel local, los datos a cierre de 2018 reflejan grandes diferencias entre los 277 concellos de los que Hacienda recibió información. Así, mientras Ribeira de Piquín, Lobeira, Vilarmaior o Trabada no tardaron nada en saldar sus pendientes una vez aprobada la certificación de una obra o los documentos acreditativos de la entrega de bienes o servicios prestados, Laxe destaca por acumular un retraso de 618 días en diciembre, esto es, más de un año y ocho meses. El siguiente municipio menos cumplidor era Pobra de Trives, con 514 jornadas. Los 277 municipios acumulaban una deuda comercial de 132,68 millones y dos de cada ocho incumplían el tope legal de 30 días. 

Entre las grandes urbes, Vigo es la mejor posicionada, con una media de 7,48 días, en tanto que Ourense se sitúa a la cola (53).

Antoni Cañete Martos, presidente de la PMcM: "Es inexplicable que la administración no pague en 30 días, es cuestión de ‘morrosidad’ que no cumpla"
"Un país que paga mal es menos fiable y menos competitivo", así resume Antoni Cañete el impacto de una lacra que ocasiona problemas de flujo de caja en las empresas y les impide crecer. Tanto es así que, según la Comisión Europea, en 2017 podrían haberse creado hasta 6,5 millones de empleos en la UE si la tardanza en abonar las facturas fuese menor, sobre todo en los países del sur. 
Antoni Cañete, presidente de la PMcM.EPPese a reconocer los avances en el sector público, que se plasmaron en una reducción de la demora media en 89 días desde 2010, Cañete —que pilota la patronal catalana de las pymes Pimec— incide en que resulta "inexplicable" que las administraciones "no paguen como marca la ley y ni siquiera abonen los intereses de demora", una penalización que, si no viene recogida en el contrato, equivaldrá a sumar un 8% al tipo aplicado por el BCE a su más reciente operación principal de financiación.

Por otra parte, el aumento de la tardanza que las administraciones experimentaron entre 2017 y 2018 choca con el hecho de que la Ley de Contratos del Sector Público que, desde su entrada en vigor el pasado año, prohíbe los pactos para superar los 30 días legales. "Es de ‘morrosidad’ que no cumplan cuando de oficio se nos aplica un recargo del 20% si no pagamos el Iva, el IRPF o sociedades", censura el empresario.

Crítico con las grandes compañías, que según la PMcM son los peores pagadores, Cañete denuncia un abuso de las operaciones de ‘confirming’. Por esta vía la banca pasa a gestionar las facturas adelantando el dinero a quien  presta un servicio o suministra un producto previa aplicación de "descuentos considerables". A aquel proveedor que quiera cobrar sin costes no le quedará otra que esperar al vencimiento del pago confirmado, soportando plazos que pueden "superar los 200 días". 

Descontento con el hecho de que el Gobierno no haya optado por regular las multas por decreto para salvar el bloqueo del Congreso, Cañete lamenta que se "distorsione la economía a costa del interés de las grandes empresas por vivir a expensas de las pequeñas".

Pymes y autónomos siguen aguardando un régimen de sanciones a la...
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