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La reactivación del impuesto eléctrico en abril amenaza con nuevas alzas del recibo

Tendido eléctrico. ARCHIVO
Tendido eléctrico. ARCHIVO

La suspensión por seis meses de la tasa del 7% que grava la producción contuvo los precios de la energía desde octubre. Sin visos de una prórroga por parte del Gobierno, volverá a entrar en vigor en unas semanas

Abril podría llegar con una subida del recibo de la luz bajo el brazo al tocar a su fin la suspensión por seis meses del impuesto del 7% que grava la producción de la electricidad. El Gobierno activó esta medida en octubre para mitigar el impacto del encarecimiento de la luz en los hogares y, por lo que parece, no prevé prorrogarla. Este paliativo, con el que Hacienda preveía dejar de recaudar 830 millones, contribuyó a contener el repunte del precio de la energía en el mercado mayorista, un componente que determina una tercera parte de lo que paga un usuario doméstico en la factura mensual.

Así, mientras en septiembre el precio del megavatio/hora (MWh) despuntó un 45% respecto al mismo periodo de 2017, hasta alcanzar el máximo anual de 71,27 euros, en los meses siguientes los incrementos fueron menos pronunciados y en febrero incluso se registró un descenso del 1,5% con el MWh en 54 euros, una caída debida sobre todo a que las elevadas temperaturas redujeron la demanda.

Al margen del tema fiscal, el precio de la luz está marcado por el repunte de los derechos de emisión de CO2 que pagan las centrales de gas y carbón

Ante la próxima reactivación del impuesto —solo seguirá vigente la exención del tributo sobre hidrocarburos (el céntimo verde) que pagan las plantas de gas y carbón—, Juan Antonio Martínez, analista de Grupo Ase, apunta que la repercusión del alza fiscal en el recibo dependerá de que los generadores "puedan trasladar el aumento de sus costes al precio sin que eso altere sus cuotas de producción en el mix de generación". Visto que las diferentes tecnologías con las que a diario se cubre la demanda de electricidad "están en manos de las grandes eléctricas" y que existe "escasa competitividad", el experto ve bastante probable un nuevo encarecimiento de la energía.

EL COSTE DEL CO2. Al margen del tema fiscal, el precio de la luz está marcado por el repunte de lo que pagan las centrales de gas y carbón por los derechos de emisión de CO2 para cubrir la totalidad de las emisiones que realizan a lo largo del año para evitar sanciones. Actualmente cotizan por encima de los 20 euros por tonelada cuando hace un año no llegaban a los diez. "Esta evolución alcista ha encarecido la generación fósil y, como nuestro mercado diario de electricidad está indexado al gas a través de los ciclos combinados, que es la tecnología que marca el techo de los precios y la que proporciona margen para que se encarezcan el resto de fuentes de generación, el precio sube", expone Martínez.

El precio de la electricidad.EPEn el medio plazo, el escenario no es halagüeño, pues las proyecciones indican que los derechos del carbono se moverán entre los 35 y 40 euros entre 2019 y 2023 para acelerar la transición hacia las energías limpias y propiciar el cierre de las centrales de carbón. El problema es que mientras se desarrolla la potencia renovable hogares y empresas soportarán precios altos.  

PERSPECTIVA. Aunque el Ejecutivo sostiene que las medidas del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima rebajarán la factura al menos un 12% antes de impuestos, la consultora vasca apunta que la expansión de las renovables "será más lenta que el cierre de las térmicas de carbón", que ahora son la fuente más barata dentro de las que cierran los precios de casación entre la oferta y la demanda. Entre tanto, ciclos combinados e hidroeléctricas, "que son las más caras", ganarán protagonismo, lo que hace presagiar "un aumento del precio de la luz en el corto y medio plazo". Frente a una estimación oficial que ve "muy atrevida", el analista de Ase llama a no perder de vista que "el cierre de las nucleares que ofertan ahora a precio 'cero'" entre 2030 y 2035 tampoco ayudará. 

Cambios: ¿Qué implica que la CNMC vuelva a fijar los peajes de la factura?

A partir de enero de 2020, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) volverá a fijar la parte regulada de la tarifa de la luz. Lo hará después de que el Gobierno le restituyese en febrero la potestad que en 2014 se arrogó el Ejecutivo de Rajoy para controlar la parte fija que determina el 30% del recibo de la electricidad de los usuarios acogidos al precio voluntario al pequeño consumidor (la PVPC), un arma atractiva en años electorales.

Esto llevó a la Comisión Europea a abrir un expediente sancionador a España en 2015. A través de este concepto se cargan a la factura costes como la retribución a las renovables; el transporte; las redes de distribución; el déficit de tarifa pendiente; los sobrecostes derivados del suministro a las islas, Ceuta y Melilla; los pagos por capacidad para garantizar la disponibilidad de centrales de generación para atender picos de demanda o los incentivos del servicio de interrumpibilidad para la industria electrointensiva. En los últimos cinco años, esta parte del recibo permaneció congelada.

"En todos los países de nuestro entorno existe intervención pública, en algunos de ellos con organismos específicos, como la CNMC, caso de Italia o Portugal. Sin embargo, en Alemania, Francia o Reino Unido existe una intervención directa del Gobierno vía presupuestos generales atendiendo a los supuestos en los que, por cuestión de interés social, es necesario acomodar el precio del agua, electricidad o gas en base a los criterios de renta, edad o temperatura", constata el profesor de Economía Aplicada de la Universidade da Coruña Manuel Octavio del Campo Villares.

El experto augura que la devolución de las competencias a la CNMC "debería suponer una homogeneización de precios" y facilitar el conocimiento de los conceptos que "realmente se incluyen en la tarifa". Convencido de que la autoridad pública debe controlar la provisión de los servicios básicos y atender a las situaciones de necesidad social porque "una acción libre del mercado elevaría" la factura, llama la atención sobre el hecho de que España es uno de los estados "con menor número de bonificaciones". "No existe subvención alguna al precio del gas y, además, es el único país de la UE que excluye de cualquier ayuda a los consumidores del mercado libre", constata Del Campo. 

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