Está siendo el principal y casi único amparo de muchos particulares y autónomos que se ven con el agua al cuello en el aspecto económico tras varios meses difíciles. La Ley de Segunda Oportunidad llegó a España en el año 2015 sin generar mucho ruido mediático y, aunque las cifras del Instituto Nacional de Estadística muestran que en este lustro no ha registrado un gran número de procedimientos en comparación con otros países europeos, es ahora cuando verdaderamente empieza a ganar protagonismo dada su utilidad. Y es que este mecanismo legal permite cancelar o reducir considerablemente aquellas deudas que no se puedan asumir y empezar de cero. Toda una salvación en los tiempos que corren.
La realidad es que el coronavirus ha roto todos los planes de este 2020, especialmente los financieros. Previsiones de facturación que son imposibles de alcanzar, ingresos con los que se contaba que ahora no llegan, y facturas que no faltan a su cita mensual y que cada vez son más costosas más de asumir. En definitiva, se ha dibujado en distintos escenarios una situación de insolvencia y números rojos que es insostenible mantener a largo plazo y que lo único que puede lograr es prolongar la agonía y el estrés de quienes sufren por su negocio o empresa.
¿Para quién es recomendable?
Ante situaciones como las descritas, se erige la Ley de Segunda Oportunidad como una opción de hacer borrón y cuenta nueva. La abogada Elisabet de Vargas Capella, del despacho Abogados para tus deudas, ha gestionado un gran número de casos de este perfil y reconoce que esta alternativa resulta especialmente interesante "para aquellos autónomos cuyos proyectos de emprendimiento en su día fracasaron y cayeron sobreendeudados". Así como “para aquellos particulares (personas físicas no empresarias y familias) que se encuentran en una situación de sobreendeudamiento y tienen dificultades de pago en sus préstamos personales, hipoteca, tarjetas, minicréditos”.
Gracias a esta norma pueden lograr que “se les libere de todas sus deudas con el fin de que puedan volver a emprender nuevos caminos o proyectos desde cero”, tal y como reconoce la letrada. Es más, para demostrar la eficiencia de esta Ley, ella misma reconoce que el pasado mes de julio lograron “la cancelación de una deuda total que ascendía a más de 23.000 euros” en un caso asociado a una mujer con varios préstamos personales y tarjetas con diferentes bancos que no podía asumir por perder su empleo. En esta situación el Juez dictó el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho, también conocido como BEPI.
El caso gallego
Galicia no ha sido ajena a este problema y tanto empresarios y particulares como autónomos han vivido en sus carnes episodios difíciles. Por poner en contexto lo poco conocido que era este mecanismo en la comunidad antes de la pandemia, de los 626 casos que se registraron en toda España en el segundo trimestre de 2019, tan sólo 23 (un 4%) se produjeron en territorio gallego.
Estos 23 procedimientos registrados por el Instituto Nacional de Estadística se desglosan de la siguiente forma: 11 en A Coruña, 6 en Lugo, 5 en Pontevedra y tan sólo 1 en Ourense. Si bien es cierto que el INE no recoge los casos resueltos con acuerdos fuera de los juzgados, sigue llamando la atención lo poco utilizado o conocido que es este mecanismo.
El abogado Angel Andújar de Segunda Oportunidad Galicia considera que estas cifras cambiarán en el próximo análisis anual y es que bajo su punto de vista "el procedimiento de segunda oportunidad será la única salida a las situaciones insolvencia que va a originar la crisis". Por ello espera "un aumento de acogimientos y una mayor difusión de este procedimiento".
De hecho, el especialista gallego considera que los sectores que más están sufriendo esta crisis son “sin duda, aquellos que han visto su actividad paralizada desde el primer día de confinamiento”. Así pues nombra apartados como “hostelería, comercio, ocio y todas las actividades relacionadas con el turismo”.
Finalmente, él insta a “solicitar el acogimiento a estos procedimientos lo antes posible, antes de que la situación económica se deteriore irreversiblemente”. Es más, añade que “el éxito de la resolución de insolvencia será mayor cuanto más temprana sea la reacción ante la misma”.
Requisitos para acceder a este mecanismo
Para poder acceder a la Ley de Segunda Oportunidad y aspirar al perdón o renegociación de las deudas inasumibles hay que cumplir una serie de premisas. En primer lugar, uno de los puntos claves es que el solicitante sea un deudor de buena fe, que no sea objeto de un concurso culpable. En otras palabras, el empresario tiene que demostrar que no ha sido responsable (no ha existido dolo o culpa grave) de haber terminado en ese punto crítico de insolvencia y no haber frustrado las posibilidades de pago.
En segundo lugar, no puede haber sido penalmente condenado por delitos socioeconómicos. ¿Cuáles son estos? Los relacionados con el patrimonio, los derechos de los trabajadores, la falsedad documental o los relativos a la Hacienda Pública o la Seguridad Social.
Por último, el solicitante debe haber pagado los créditos contra la masa (los gastos del abogado o el notario) y los privilegiados. Además, esta persona no puede presentar una deuda mayor a cinco millones de euros ni haberse beneficiado de este mecanismo en los últimos diez años.
Sin restricciones en las deudas con las Administraciones Públicas
Inicialmente, la Ley de Segunda Oportunidad no contemplaba en sus principios las deudas contraídas con las Administraciones Públicas, tales como la Hacienda o la Seguridad Social. Esta situación suponía un grave perjuicio de cara a que autónomos y profesionales por cuenta propia pudieran acceder al mecanismo, ya que no se podían exonerar deudas con la Administración.
Esta situación cambió en julio de 2019 con una sentencia del Tribunal Supremo que amplió los límites de la Ley de Segunda Oportunidad y pasó a permitir a los deudores que se beneficiasen de una exoneración de hasta un 70% en las deudas contraídas con las Administraciones Públicas. Y no sólo eso, sino que la deuda restante se podía fraccionar en un periodo de cinco años. Gracias a esta medida muchos particulares han logrado dejar atrás sus deudas y poder rehacer su vida con nuevos proyectos personales y vitales. Salir adelante en tiempos de Covid-19 es posible gracias a la Ley de Segunda Oportunidad.
