Solo once concellos tienen por lo menos dos cotizantes por cada pensionista

Ames, el concello más joven de Galicia, encabeza este grupo más saneado con una ratio de 3,41 contribuyentes. En cambio, en el 51% de los municipios el número de beneficiarios de una prestación rebasa los afiliados a la Seguridad Social

Abuelo, pensionsita, jubilado, gente mayor. AEP
photo_camera Abuelo, pensionsita, jubilado, gente mayor. AEP

La inestabilidad política en la que España lleva sumida desde que en las elecciones de diciembre de 2015 se consumó el fin del bipartidismo poniendo de manifiesto la nula cultura de pactos políticos, sumada a la incapacidad de los partidos integrantes del Pacto de Toledo para sacar adelante sus recomendaciones el pasado febrero mantienen en el limbo la reforma de las pensiones. Mientras organismos como el Banco de España, la Comisión Europea o el FMI llaman a adoptar medidas tanto por la vía de los ingresos como por la de los gastos —acercando, por ejemplo, la edad real de jubilación a la referencia legal—, el modelo sigue tensionado por una ratio de dos cotizantes por cada pensionista en el conjunto del país. Se trata de un nivel que en Galicia apenas alcanzan once concellos y que, no obstante, resulta insuficiente, pues muchos expertos ven como óptima una proporción de tres trabajadores por cada beneficiario de una paga.  

Dos años y medio después de que arrancasen los trabajos preparatorios para revisar el modelo en el Congreso, la actualización de las pagas en base al IPC anual sigue sin estar recogida por ley. También continúan en el aire temas como la separación de fuentes de financiación —para que, por ejemplo, cuestiones como las prestaciones por maternidad y paternidad se cubran vía presupuestos en lugar de con cargo a las cotizaciones—, la ampliación del periodo de cálculo de las prestaciones a toda la vida laboral o la creación de nuevos tributos para inyectar recursos adicionales al sistema. 

Ratio de  cotizantes por pensionistaEn un 2018 en el que la Seguridad Social ganó cerca de 565.000 cotizantes, los ingresos por el pago de las cuotas se incrementaron un 5,3% en España, hasta los 114.915 millones, una cifra que, con todo, sigue quedándose corta para cubrir las pensiones contributivas, que consumieron 121.297,45 millones tras despuntar un 4,8%. 

A nivel territorial, la insuficiencia de los ingresos es una constante que se repite en todos los territorios. Si el modelo actual no se basase en un sistema de caja única con la solidaridad interterritorial como pilar, solo Madrid, Baleares, Canarias y Murcia podrían atender sus obligaciones, pues su recaudación bastó para cubrir la nómina de las prestaciones en 2017, el último ejercicio para el que existen datos regionalizados cerrados. 

Ese año, Galicia registró un déficit próximo a los 2.000 millones de euros, resultado de que los trabajadores aportaron 5.581 millones en cotizaciones frente a un desembolso superior a los 7.560 millones para cubrir las pagas. Este desfase es consecuencia de que la comunidad cuenta con 1,02 millones de afiliados que pagan sus cuotas, en tanto que cada mes el instituto público costea las 764.900 pensiones contributivas que perciben 677.151 beneficiarios. Y la nómina crece.

La actualización de las pagas conforme al IPC sigue sin estar recogida por ley pese a que los trabajos para la reforma empezaron en 2016

Con estos mimbres, Galicia tiene una ratio de 1,51 cotizantes por cada pensionista, la segunda peor del país por detrás de Asturias, con 1,35. Del cruce de los datos de junio se extrae que mientras la media del Estado es de 2,21, solo Baleares (3,41) y Madrid (3,01) tendrían la situación más holgada, seguidas de Murcia y Canarias, empatadas en 2,67 cotizantes por cada perceptor de una paga.

AMES. La radiografía es más preocupante, si cabe, si el análisis se hace a nivel municipal, pues en toda Galicia solo Ames —en el área metropolitana de Santiago— presenta la situación más favorable, con una ratio de 3,41 contribuyentes. El dato guarda una íntima relación con el hecho de que es el ayuntamiento más ‘joven’ de Galicia, pues la edad media de la población a 1 de enero de 2018 era de 39,6 años. En esta línea, todos los concellos que se hallan en la parte alta de la tabla cumplen la máxima de ser ‘ciudades dormitorio’ en las que se instalan las familias que trabajan en las principales urbes. 

Pese a que el empleo creció un 2,4% el año pasado, solo once concellos tienen al menos dos trabajadores por cada pensionista. La mejora ha sido ínfima, pues en 2017 eran diez. Frente a este grupo más saneado, en 161 ayuntamientos, el 51,4% del total, los ciudadanos inactivos son mayoría. La situación más extrema es la de Avión, donde residen 753 pensionistas, frente a solo 243 afiliados al instituto público. En consecuencia, la edad media de la población de este municipio ourensano, cuna de emigrantes que hicieron fortuna en Suramérica, supera los 60 años, 13 más que la media gallega.  

Galicia tiene una ratio de 1,51 cotizantes por cada pensionista, la segunda peor del país por detrás de Asturias, con 1,35

Ante este panorama, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, incide en la necesidad de impulsar políticas de apoyo a la natalidad decididas, además de estimular la llegada de inmigrantes jóvenes para que con su trabajo ayuden a asegurar el futuro de las pensiones públicas. 

RETOS. Cuadrar las cuentas es la piedra angular del debate. Tanto es así que aunque en 2018 y este año las prestaciones volvieron a actualizarse por decreto en línea con el IPC real —una subida que alcanzó el 3% en el caso de las prestaciones mínimas y las no contributivas—, el alza siguiendo la evolución de los precios sigue sin estar garantizada por ley. 

En su programa electoral, el PSOE contempla volver a ligar ambos conceptos, aunque no se marca plazos. También apunta a la reforma del factor de sostenibilidad, cuya entrada en vigor prevista para este año se aplazó a 2023, cuando la aplicación de este precepto ajustará la cuantía de las pagas a la evolución de la esperanza de vida. El plan de Pedro Sánchez, que sigue en busca de apoyos para la investidura, marca el reto de diseñar una senda de cinco años para superar y eliminar el déficit de la Seguridad Social —que alcanzó los 18.286 millones en 2018— con medidas que "garanticen la sostenibilidad financiera a largo plazo". 

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