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Suspenden el juicio a la cúpula de la CEG de hace 20 años al traspapelarse documentos

Juicio contra la excúpula de la CEG y representantes de consultorías por irregularidades en cursos de formación hace 20 años. AGN
Juicio contra la excúpula de la CEG y representantes de consultorías por irregularidades en cursos de formación hace 20 años. AGN
El magistrado pide perdón a las partes por el error de la administración judicial en una causa que arrancó en el 2001, a raíz del supuesto fraude detectado en la gestión de ayudas millonarias de la Xunta y el Inem para cursos formativos 

Veinte años después de que se produjese un supuesto fraude en la gestión por parte de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) de subvenciones para la organización de cursos de formación, el presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, Ángel Pantín, decretó este martes la suspensión del juicio en la primera sesión de la vista oral. La razón es que en los últimos días se  incorporaron a la causa 9.600 folios de los que no se dio traslado en su debido momento a las partes. 

El proceso —que obligó a habilitar la sala de bodas de los juzgados de Santiago para acoger a los nueve acusados, con el exsecretario general de la CEG Rafael Sánchez Sostre, a la cabeza— sufre así un nuevo retraso debido a "un error de la administración de Justicia", como reconoció el propio Pantín, que pidió disculpas por un revés que refleja el colapso del sistema judicial.  

Según recoge el escrito de acusación del ministerio público, los imputados habrían causado un perjuicio de más de 97 millones de pesetas (unos 583.562 euros) a la Xunta y el antiguo Inem entre 1996 y 1999. Los fondos fueron gestionados de forma supuestamente irregular por el equipo que presidía el vigués Antonio Ramilo, fallecido en 2006 y que dejó a sus sucesores un agujero de 6,3 millones de euros, el fruto de sumar a las cuantías de los cursos las deudas con proveedores. 

El pasado 9 de septiembre se incorporaron a la causa 21 cajas de documentación —que comprenden facturas y justificantes de gasto—, lo que ha llevado a la mayor parte de las defensas a alegar indefensión por no haber podido acceder antes a esta parte del sumario. Durante la sesión, la fiscala atribuyó el fallo a "una problemática del día a día" del juzgado que instruyó la causa, aunque incidió en que "todas las partes" tuvieron conocimiento de la existencia de los papeles que, además, sirvieron de base al informe pericial y figuran referenciados en autos. La Abogacía del Estado también defendió que quien hubiese "querido acceder" a esta parte del sumario podría haberlo hecho. En esta línea se pronunció también la acusación particular que ejerce la CEG, que aspira a recuperar los 2,98 millones que, como responsable subsidiaria, tuvo que restituir por los cursos del plan de formación continua Forcem al Inem y el FIP (orientado a parados) a la Xunta.

El coruñés Antonio Fontenla, sucesor de Ramilo y actual portavoz de la CEG, fue quien denunció a Sostre ante la Fiscalía en 2001. Ahora, el ministerio público sostiene que, de forma "concertada y con la finalidad de conseguir un beneficio patrimonial", los acusados "se apropiaron de los fondos incorporándolos a su propio patrimonio". Las pesquisas permitieron destapar facturas "dobladas", cursos justificados sin ser realizados, manuales que se elaboraron de forma "innecesaria", "la imputación excesiva de costes" de profesorado y aulas y otros "excesos contables". La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de fraude en subvenciones, por lo que pide hasta cuatro años de prisión y multa de 2 millones en el caso de Sánchez Sostre.

"É un caso do camarote dos irmáns Marx", recalcó ante los medios Xoán Antón Pérez Lema, abogado de María Carmona, representante de dos consultoras implicadas. El letrado reclama que se acuerde "a nulidade da actuación", de tal forma que se dé traslado a las acusaciones para que vuelvan a redactar sus escritos, tras lo cual las defensas harían lo propio. Esto supondría retrotraer la causa al 2012, antes de que se señalase el juicio. Si el juez decide considerar "salvadas" las acusaciones, el jurista incide en que sí se debe dar la oportunidad a los representantes legales de los acusados de volver a redactar sus alegatos, dado que "a lei manda que debemos ter a causa enteira para facer o escrito de defensa". "Se non é así, estamos ante unha indefensión moi grave", zanjó.
 

Nuevo juicio en marzo, en el mejor de los casos
Si, como piden las acusaciones, el juez se limita a señalar una nueva fecha para el juicio una vez que las defensas repasen la documentación, la vista oral podría retomarse en marzo de 2020. Este martes, el magistrado constató que esta sección de la Audiencia tiene "la agenda ocupada hasta febrero". 

Prescripción del delito
Las defensas insisten en que los hechos juzgados han prescrito, pues el Código Penal fija en cinco años el límite para el fraude en subvenciones. 
 

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