La decisión del Ejecutivo comunitario de impedir que los barcos europeos devuelvan al mar el pescado que capturan sin querer por carecer de cuota para esas especies, tener escaso valor comercial o una talla inferior a la deseada está a un paso de alcanzar la plena aplicación sin que la flota gallega tenga certezas sobre su impacto ni garantías de que habrá más facilidades en su aplicación.
En apenas cuatro meses, el 1 de enero de 2019, el veto a los descartes se extenderá a todas las pesquerías sometidas al sistema de TAC y cuotas y eso implica que todos los barcos, sin excepción, deberán llevar a puerto todo el pescado que caiga en sus redes.
Lo más problemático es que, tal y como contempla a día de hoy la política pesquera común (PPC), el sector deberá descontar el volumen de peces capturados de forma involuntaria de las posibilidades de pesca que tenga asignadas para su especie principal.
Por ejemplo, la flota de Gran Sol se vería abocada a ‘perder’ cupo de merluza o gallo a costa del bacalao que saque del mar sin querer, puesto de carece de cuota alguna. En el caso del Cantábrico, un ‘enemigo’ para el arrastre de litoral sería el ochavo.
Puede ocurrir también que los barcos consuman mucho más rápido topes de alguna especie por tener que desembarcar género que no tiene el tamaño adecuado, o que entra en los aparejos en cantidades muy superiores a las que pueden coger dentro del cupo fijado. Esto último puede suceder con la caballa, tan abundante cuando pasa por la costa gallega que no es sencillo evitar su captura.
TEMOR A LA PARALIZACIÓN. ¿Tendrán entonces los barcos que amarrar mucho antes de que se acabe el año o la campaña? Esta es la principal pregunta que tiene en vilo al sector, pues su rentabilidad se vería tocada y eso podría lastrar los sueldos de los tripulantes e incluso poner en peligro sus puestos de trabajo. Otra preocupación es cómo meterán en la bodega todas las capturas si no la pueden ampliar, o qué harán con las especies sin valor comercial.
Ante las amenazas sobre la actividad de las flotas, la pesca y la Xunta reclamaron en multitud de ocasiones a la Comisión Europea que antes de seguir adelante con esa obligación de desembarque que se aplica de forma progresiva desde 2015 realizase un análisis completo para medir el impacto de su aplicación en cada pesquería y tipo de flota y que implantase todas las medidas facilitadoras que sean posibles. Hoy siguen esperando respuesta, con la vista puesta en la reunión que la próxima semana mantendrán los estados miembro para tratar el tema.
La norma diseñada por Bruselas establece algunos mecanismos de flexibilidad, pero desde Galicia el sector los ve insuficientes para evitar una paralización prematura de la actividad por la obligación de desembarque.
Entre ellas está la posibilidad de descartar hasta un 9% del total anual de capturas en aquellas pesquerías en las que incrementar la selectividad de las artes de pesca es muy complejo y muy caro. Los trabajadores del mar dicen que de poco ayudará. Y ya ni mención hacen a las llamadas exenciones de supervivencia, que permiten, de forma temporal, devolver al agua los ejemplares que tienen alta probabilidad de sobrevivir, como es el caso de la cigala, siempre que lo avalen los dictámenes de los científicos.
FLOTAS MÁS AFECTADAS. El panorama más negro se presenta para las pesquerías multiespecíficas, principalmente el arrastre y otras artes mixtas que recogen varias especies a la vez que no pueden seleccionar para evitar subir al barco las que no interesan. El menor impacto se dará en pesquerías pelágicas como las de sardina, jurel o anchoa, pues se suele capturar solo lo que se busca.
Si la flota gallega ya sufría por las reducidas cuotas que cada año recibe España, el veto a los descartes puede poner la puntilla si Bruselas no suaviza de alguna manera la norma. Esa que responde a la petición de grupos ecologistas abanderada por un cocinero británico de acabar con los miles de toneladas de pescado que los marineros tiraban por la borda apelando al hambre en el mundo.
La cooperativa de armadores de Vigo lleva tiempo inmersa en proyectos para mejorar la selectividad en las artes y valorizar los descartes, pero sostiene que los resultados no llegan de la noche a la mañana. Su director gerente defiende que las cuotas que los estados dejan sin consumir —1,2 millones de toneladas en las últimas dos décadas— se movilicen para evitar la paralización de flotas por la obligación de desembarque. "No pedimos que nos las regalen, el sector privado está dispuesto a pagar por ellas".
Sergio López, secretario de la OPP de Lugo: "Habrá una caída significativa de ingresos y mayor carga de trabajo"
Desde la organización de productores pesqueros de Lugo abogan directamente por que la Comisión Europea "paralice el calendario" previsto para el veto total a los descartes hasta medir el impacto por pesquerías y artes y definir un completo paquete de medidas de flexibilidad. También defienden sacar del sistema de TAC las especies que, por las exiguas o inexistentes cuotas, puedan generar "problemas de estrangulamiento". Su secretario anticipa una bajada considerable de ingresos y más trabajo".
Javier Garat, secretario general de Cepesca: "Los problemas se verán pasadas unas semanas sin facilidades extra"
Ante una Comisión Europea que no parece dispuesta a adoptar mecanismos de flexibilidad adicionales para facilitar la adaptación a la norma, el secretario general de la patronal Cepesca señala como "única vía" para facilitar el camino la introdución de alguna medida en los planes de descartes o en el plan plurianual de gestión pesquera para las aguas occidentales. De lo contrario, advierte de que "los serios problemas" para la flota española desde enero tardarán "unas semanas" en verse.
