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Puigdemont imputado por prevaricación y malversación por su etapa como alcalde de Girona

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont. HAYOUNG JEON (EFE)
El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont. HAYOUNG JEON (EFE)

El caso salpica también a Roger Torrent, presidente del Parlament

Agentes de la Guardia Civil se han personado en los ayuntamientos de Girona, Salt y Sarrià de Ter para pedir documentación sobre un supuesto desvío de fondos públicos en la gestión de la compañía municipal de aguas, Agissa, en una época en la que Carles Puigdemont era alcalde de Girona. El diario El Mundo, entre otros, sostiene que Puigdemont ya se encuentra oficialmente imputado en la causa

Una decena de guardias civiles, junto al fiscal Anticorrupción, José Grinda, han entrado hacia las 9:10 horas en los tres ayuntamientos por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Girona, que investiga supuestas irregularidades en la gestión de la empresa de suministro de aguas de estos tres municipios entre 1998 a 2013, lo que incluye el periodo en que el expresidente Puigdemont fue alcalde, entre 2011 y 2016.

En esta época, también fue alcalde de Sarrià de Ter el actual presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, que fue primer edil de esta localidad gerundense entre 2007 y 2018.

La Guardia Civil practicó el pasado 19 de septiembre una quincena de registros en relación con este caso, tanto en la sede de Agissa como en despachos de diversos directivos de la compañía.

En un comunicado, Anticorrupción ha detallado hoy que en los registros practicados el pasado 19 de septiembre se intervinieron documentos de los que "se infiere la posible comisión" de delitos de malversación, apropiación indebida, prevaricación y falsedad en documento mercantil "por parte de quienes fueran responsables públicos de los Ayuntamientos" de Girona, Salt y Sarrià de Ter.

Según Anticorrupción, la investigación pretende determinar "el posible uso de fondos públicos que estarían relacionados bien con el canon acordado en la prórroga de 2013 de la concesión de Agissa -relativa al circuito del agua-, bien con partidas presupuestarias del ejercicio 2014 de, al menos, el Ayuntamiento de Girona".

En este sentido, se investiga el origen del dinero con el que el Ayuntamiento de Girona adquirió en 2014 por cerca de 4 millones el fondo artístico del crítico e historiador Rafael Santos Torroella, que incluía una colección de arte contemporáneo de unas 1.200 obras.

Puigdemont, imputado por el Tribunal Supremo por rebelión y malversación por el proceso unilateral a la independencia, y que actualmente se encuentra en Alemania pendiente de su proceso de extradición a España, fue alcalde de Girona entre 2011 y 2016, antes de ser designado presidente de la Generalitat en 2016, cargo del que fue destituido por el Gobierno el pasado 27 de octubre, al aplicarse el artículo 155 de la Constitución.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la juez de Girona, que ha declarado secreta la causa, ha ordenado el requerimiento de información en el marco de su investigación sobre la gestión de la empresa Mixta Aigües de Girona, Salt y Sarrià de Ter.

Anticorrupción ha precisado que estos tres requerimientos se han efectuado tras una solicitud del ministerio público y que los están llevando a cabo agentes de la Guardia Civil junto a miembros de la Unidad de Apoyo de la Intervención General del Estado adscrita a la Fiscalía.

La investigación judicial deriva de una denuncia que la CUP interpuso en 2015 contra directivos de la concesionaria que gestiona el abastecimiento del agua en Girona, así como por unas diligencias de investigación que abrió la Fiscalía Provincial de Girona, por un supuesto desvío de fondos en beneficio de la parte privada de Agissa que podría ascender a 15 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción asumió la investigación del caso, a partir de un informe que la Agencia Tributaria elaboró a raíz del llamado caso 3 % de presunta financiación ilegal de CDC sobre presuntas irregularidades en la adjudicación y gestión de la empresa de suministro de agua.

En la causa se investigan los delitos de administración desleal, apropiación indebida, falsedad y malversación de caudales públicos en la gestión de Agissa, donde en los últimos años se habrían desviado beneficios a la parte privada de la empresa -Girona SA-, en detrimento de la pública, lo que podría haber provocado una subida de la tarifa final del agua.

Entre otras irregularidades se investiga la última renovación del contrato de suministro del agua, en 2013, cuando Carles Puigdemont era alcalde de Girona. 

Puigdemont imputado por prevaricación y malversación por su etapa...
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