El Tribunal Supremo impone una condena de cinco años y diez meses de cárcel a Urdangarin

Le impone una condena por malversación, prevaricación, fraude a la Admnistración, dos delitos fiscales y tráfico influencias que no le evitará la prisión

La infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarín. CATI CLADERA (EFE)
photo_camera La infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarín. CATI CLADERA (EFE)

El Supremo ha rebajado, de 6 años y tres meses a 5 años y diez meses la pena que la Audiencia Provincial de Palma impuso a Iñaki Urdangarin por el caso Nóos, y le impone una condena por malversación, prevaricación, fraude a la Admnistración, dos delitos fiscales y tráfico influencias que no le evitará la prisión.

La rebaja de la pena acordada por el Supremo deriva de que absuelve a Urdangarin del delito de falsedad en documento público cometido por funcionario, al entender que no ha quedado probada su intervención.

La pena implica el ingreso en prisión de Urdangarin, que solo podría evitarla si la Audiencia de Palma decidiera no enviarle a la cárcel en atención a lo que pudiera hacer el Tribunal Constitucional en caso de admitir a trámite un probable recurso de amparo del reo. Sin embargo, dada la pena impuesta, es poco probable que el TC suspendiera el ingreso en prisión.

El Supremo rebaja la responsabilidad civil de la Infanta
El Tribunal Supremo ha rebajado la cuantía que la Audiencia de Palma impuso pagar a la infanta Cristina como responsable civil a título lucrativo por el caso Nóos de 265.088 euros a 136.950 euros al entender que no puede responder de esa manera de los delitos fiscales de su marido, Iñaki Urdangarin.

En la resolución del recurso de casación presentado contra la sentencia de la Audiencia de Palma del caso Nóos, el Supremo rebaja en 128.138 euros la cantidad que debe pagar la infanta como responsable civil, aunque ese dinero lo tiene que asumir en todo caso Urdangarin.

El Supremo le quita esa cantidad ya que entiende que no se puede responder como partícipe a título lucrativo por delitos fiscales, pero sí por malversación y fraude, que son los otros delitos por los que fue condenada a pagar responsabilidad civil y que el Supremo mantiene.

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