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Admitida a trámite la denuncia contra dos miembros de Facenda por acoso inmobiliario

Se les acusa de intentar presionar a una mujer de 92 años y a otro inquilino para que desalojasen sus viviendas, situadas en un edificio público que quería destinarse a oficinas

El titular del juzgado de instrucción número dos de Ourense, Luis Doval, ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía y ha citado como investigados a dos cargos de la Xunta de Galicia por un supuesto caso de coacciones inmobiliarias a una vecina de la ciudad que tiene 92 años.

Las indagaciones se centran en averiguar si intentaron presionar a la nonagenaria y a otro inquilino, para que desalojasen sus viviendas situadas en un edificio público que querían destinar a oficinas, recurriendo a medidas como no sustituir el alumbrado o dejar de realizar las labores de mantenimiento.

En el auto de admisión a trámite, el instructor emplaza, por tanto, a los dos cargos de Facenda, de la Administración Autonómica, a declarar en calidad de investigados por su relación con presuntas coacciones a los dos últimos inquilinos del edificio público situado en la extinta Cámara de la Propiedad Urbana, en el centro de Ourense.

Los investigados son la secretaria general técnica y de Patrimonio de Facenda, M.P.S.M.H., y el subdirector de Patrimonio desde 1998, P.J.M.P. El fiscal jefe provincial, Florentino Delgado, acusa a ambos de extralimitarse en el ejercicio de sus funciones al adoptar medidas "no amparadas en derecho, con dejación consciente y manifiesta de las obligaciones" y con el ánimo de "forzar y doblegar la voluntad de los arrendatarios, para que abandonaran el edificio o aceptaran un acuerdo". Todo ello una vez que el desahucio fue rechazado por la Audiencia Provincial de Ourense, en sentencia firme.

El 30 de octubre de 1963 se suscribió contrato de arrendamiento entre C.V.G.V, como arrendatario, y la entonces Cámara de la Propiedad Urbana, como arrendadora de la vivienda ubicada en la Avenida de la Habana de Ourense. Tras su muerte, se subrogó el arrendamiento su esposa, L.V.C., que "desde entonces viene ocupando ininterrumpidamente" hasta la fecha, siendo su única vivienda habitual con carácter permanente.

En su escrito, el fiscal explica que el motivo de "dejar expedito el inmueble" tenía que ver con un tema económico, puesto que la renta mensual de la mujer inquilina "era de 25,26 euros y la del hombre, de 74,97 euros", mientras que los gastos de mantenimiento del edificio "eran de un importe notablemente superior al importe de las rentas".

Además de los dos cargos de la Xunta, el juez también cita a declarar en noviembre a la perjudicada, que denunció ante la Fiscalía presiones de la administración para que desalojara su vivienda habitual, así como al otro vecino que todavía reside en el edificio. 

Admitida a trámite la denuncia contra dos miembros de Facenda por...
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