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El año electoral dispara la hostilidad política entre Xunta y Gobierno central

Obras de la alta velocidad en Ourense. ARCHIVO
Obras de la alta velocidad en Ourense. ARCHIVO
La reclamación de los 200 millones del Iva emerge como la demanda más importante y urgente de Galicia, pero es solo la punta del iceberg

Si el pulso político que mantienen la Xunta y el Gobierno central es un avance de lo que será la larga precampaña gallega hasta el otoño, mejor echarse cuerpo a tierra. Y es que el nivel de hostilidad entre ambas administraciones alcanzó en este arranque de año cotas jamás vistas y que van mucho más allá del habitual debate político o la recurrente resolución de conflictos en el Constitucional. Es una guerra abierta entre el nuevo Gobierno de izquierdas y la única mayoría absoluta que le queda al PP, avivada además por el escenario electoral en el que se desarrolla. Un campo de minas en el que la primera acaba de explotar: la deuda de 200 millones del Iva. Pero quedan muchas más.

1. Los 200 millones del Iva

El impago por parte del Estado a Galicia de los 200 millones de la mensualidad pendiente del Iva del año 2017 —más otros 170 de incentivos como comunidad cumplidora— es sin duda el conflicto más urgente y relevante que mantienen ambas administraciones y que se encamina sin frenos hacia los tribunales, donde ya están los de Cataluña y Madrid. Es una polémica con todos los ingredientes para prolongarse en el tiempo, especialmente si se judicializa, y que capitalizará la precampaña.

Quien conoce a Alberto Núñez Feijóo asegura que está especialmente cabreado, como evidenció en la rueda de prensa de ayer con un lenguaje poco habitual en él. Es más, se trata de una crisis que se lleva incluso al terreno personal, ya que el presidente gallego asegura que tenía el "compromiso persoal" de la ministra María Jesús Montero de que el pago del Iva se realizaría a lo largo de 2019.

Es un frente que tiene mucho de simbólico, porque fue algo así como la gota que colmó el vaso y acabó con la paciencia de una Xunta que se siente agraviada —y que hasta recibió cierto respaldo de la oposición para reclamar ese dinero—; pero también mucho de real, porque eran 200 millones incluidos en las cuentas de 2019 que la Xunta tuvo que sacar de otro lado con ingeniería contable y a cuenta de descuadrar el déficit. Si el Estado no paga, el conflicto llegará a las autonómicas.

2. La llegada del Ave

El de la fecha de la llegada de la alta velocidad a Galicia es un debate político tan viejo como las traviesas del túnel de Oural. Sin embargo, la Xunta consiguió reactivarlo gracias al Xacobeo 2021, ya que entiende que la gran cita de la década quedará coja si no hay conexión de Ave a Madrid, como recordó ayer mismo Núñez Feijóo. Incumplida la fecha de 2019, el Gobierno, Adif y Renfe no se mojan sobre un nuevo horizonte, que en todo caso algunos empiezan a situar más bien en 2022. La del Ave será sin duda una guerra de guerrillas entre Xunta y Estado, con constantes escaramuzas como las de ayer: por un lado la UE refuerza su teoría de 2022 y por el otro, Contas detecta chapuzas y retrasos injustificados durante la etapa del Gobierno de Rajoy.

3. Transferencia de la AP -9

El conflicto Xunta-Estado por la AP-9 no es solo su trapaso a Galicia, sino todo lo que rodea a la más relevante infraestructura gallega: peajes, precios, servicio, mantenimiento, obras... Algunos de los compromisos arrancados por el BNG para la investidura deben empezar a cumplirse a corto plazo, este mismo verano, y ese será el test que marque el nivel de intensidad de la guerra de la AP-9. Por los propios plazos de la burocracia, el traspaso parece inviable en 2020, pero la Xunta promete estar vigilante y denunciar cada incumplimiento en la hoja de ruta firmada por la izquierda. Además, el verdadero choque puede producirse cuando la AP-9 sea gallega, dado que el Ejecutivo gallego ya avanzó que rechazará asumir su gestión si esta no llega acompañada de recursos millonarios para bajar los peajes. En concreto, Feijóo habló de 1.400 millones de euros.

4. Estatuto electrointensivo

En las "próximas semanas" se sabrá si Xunta y Estado entierran el hacha de guerra de la crisis industrial o si, por el contrario, recrudecen su cuerpo a cuerpo en este terreno. Será cuando el Ejecutivo central presente el esperado estatuto electrointensivo que permita reducir el precio de la electricidad para salvar Alcoa San Cibrao, reactivar la planta de Parter en A Coruña y evitar sustos con Megasa, Ferroatlántica o Celsa, las grandes empresas consumidoras de luz.

Se trata de uno de los enfrentamientos más duros que mantienen hoy los gobiernos gallego y estatal, ya que el pulso industrial no se limita a la electricidad sino que se extiende al carbón —Meirama y As Pontes— y a Ence. Y es que, en el fondo, sobre la mesa hay miles de empleos en juego.

5. Reglamento de Costas

Un conflicto bilateral vinculado también al tejido industrial gallego, pero mucho más reciente que el de las electrointensivas. De hecho, no tiene un año, aunque ya está dando mucho que hablar. Está comandado por la Vicepresidencia de Transición Ecológica, que en su empeño por recuperar a nivel ambiental la línea litoral del país recortará las concesiones otorgadas por Costas a muchas empresas que ocupan su dominio público, con la excepción de aquellas que no puedan ejercer su labor en otro lugar, como el caso de los astilleros, por ejemplo.

Ambas administraciones mantienen choques por los plazos del Ave, la AP-9, la crisis industrial, la falta del apoyo al Xacobeo o los médicos

Sin embargo, en una comunidad con la cantidad de litoral que tiene Galicia, esta modificación del reglamento de Costas es como lanzar una bomba atómica sobre conserveras, piscifactorías, viveros, depuradoras... En total, según los cálculos de la Xunta, hay un centenar de empresas afectadas. Por el momento, hay una especie de tregua a la espera de saber si el Ejecutivo central sigue adelante o no con su plan y si lo redefine de algún modo para evitar que sea muy lesivo. Pero con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, la bandera blanca no ondeará por mucho tiempo.

6. Apoyo al Xacobeo 2021

Lo vivido este jueves en Fitur fue el vivo reflejo de las diferencias que mantienen la Xunta y el Gobierno central en cuanto a su rol en el Xacobeo 2021. El gabinete Feijóo lleva tiempo reprochando al de Sánchez su falta de concreción a la hora de definir su apoyo y aportación al Año Santo, algo que sí hicieron otras administraciones y empresas. Y a medida que se acerca la fecha, las críticas arrecian.

Sin embargo, el Gobierno central, que hasta ayer guardaba silencio al respecto, se erigió en Fitur en el auténtico artífice de la cita xacobea en Galicia y el resto de comunidades por las que pasa el Camino: los ministros Uribes y Maroto presentaron un avance de un programa que, sin embargo, elaboraron mayormente las autonomías, en el caso de Galicia casi al 100%. El gesto molestó bastante a la Xunta: más combustible para una relación entre administraciones ya bastante inflamable.

7. Pago de la dependencia

Como en otros casos, no es una batalla exclusiva de Galicia sino del conjunto de las autonomías con el Estado, que todavía no abona el 50% del coste del sistema de dependencia, como quedó comprometido cuando se diseñó. Lo que ocurre es que, en una comunidad envejecida como la gallega, es una cuestión con mucho impacto económico en las arca gallegas. Por eso, aunque la Xunta no está siendo especialmente beligerante con esta cuestión, tampoco pasará por alto este incumplimiento. Y menos en año electoral.

8. Ampliación del MIR

No hay guerra sin sanitarios. Y la de la Xunta con el Gobierno no es menos. Buena parte de los problemas del Ejecutivo gallego a nivel doméstico son sanitarios, según su versión por la falta de profesionales, como el reciente caso de Verín. Galicia lleva tiempo reclamándole al Ministerio de Sanidad la ampliación del MIR o la convocatoria de uno extraordinario para poder nutrir al sistema sanitario. Madrid se niega. Y mientras, todos afilan los cuchillos para la batalla final: la de las urnas. A los frentes concretos abiertos entre Galicia y el Estado se suman otros más generales como el debate territorial o la financiación.

El año electoral dispara la hostilidad política entre Xunta y...
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