La Audiencia de Pontevedra ha archivado la causa contra el expresidente de la Diputación, Rafael Louzán, que estaba investigado por un presunto delito de cohecho pasivo por los supuestos sobrecostes cobrados en los alquileres de tres bajos comerciales en Vigo.
Del archivo de este procedimiento también se benefician la esposa de Louzán, María Teresa Cores, también investigada por cohecho pasivo, y el exdiputado del PP Severino Reguera, al que se consideraba responsable de un delito continuado de cohecho impropio como arrendatario de esos inmuebles.
El auto, decretado por la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra, explica que esta decisión está fundamentada en el hecho de que la propia Fiscalía ha renunciado a continuar con la acusación, después que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) haya anulado las pruebas derivadas de su investigación.
El TSXG, el pasado septiembre, concluyó que no cabía admitir como pruebas en el juicio contra Louzán, su esposa y el exdiputado popular todas aquellas que tuviesen su origen en las diligencias de investigación llevadas a cabo por la Fiscalía.
Entre estas diligencias figuraban informes de la Agencia Tributaria y los elaborados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
DUDOSA "VEROSIMILITUD". El tribunal indicaba entonces que "no cabe duda alguna" de que la investigación de la Fiscalía fue "prospectiva" y estuvo apoyada en la declaración de una persona anónima cuya verosimilitud "en todo su contenido", según los magistrados, "era de difícil apreciación".
El auto añadía que no es "aventurado afirmar" que a lo largo de este procedimiento se produjo una "vulneración del derecho a la intimidad" del expresidente de la Diputación de Pontevedra.
Esta situación, reconoce la propia Fiscalía, les privaba de acudir al juicio con prueba suficiente para demostrar la culpabilidad de los tres acusados, por lo que ha decidido retirar la acusación ante la imposibilidad de poder utilizar los datos obtenidos en su investigación.
