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Comienza el juicio contra la exedila de urbanismo de Ourense por prevaricación

Áurea Soto se enfrenta a diez años de inhabilitación por presuntas irregularidades a la hora de legalizar garajes para su explotación privada en una zona pública

La exconcejala de urbanismo Áurea Soto se enfrenta a la petición de diez años de inhabilitación, acusada de un presunto delito de prevaricación urbanística en el caso de la plaza de San Antonio, por presuntas irregularidades a la hora de legalizar garajes para su explotación privada, en una zona considerada como subsuelo público.

El departamento de urbanismo indemnizó a una particular con 400.000 euros, cuantía que fue criticada por los denunciantes y por los grupos de la oposición.

La exportavoz de urbanismo en el gobierno socialista se sentará este martes en el banquillo del Juzgado de lo Penal 2 de Ourense, acusada de un presunto delito de prevaricación urbanística, hecho por el que se enfrenta a diez años de inhabilitación de cargo público -que la acusación elevaba a 21-, por entender que Soto llevó la propuesta a junta de gobierno, "a sabiendas de su ilegalidad".

Junto a ella, se sentará su abogado, Carlos Hernández, como autor de un informe jurídico favorable, "obviando" la legalidad a fin de avalar la actuación. La defensa solicita, por el contrario, la libre absolución.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por Democracia Ourensana (D.O.) en 2011, que alertó de supuestas irregularidades en la ejecución de las obras de la plaza de San Antonio. "El Ayuntamiento de Ourense no puede otorgar licencias de legalización, construcción, uso y ocupación de subsuelo público", esgrime en su escrito la acusación particular.

La defensa del promotor afectado cree que la concejala autorizó en 1998 la construcción de viviendas, incluyendo un aparcamiento subterráneo en una zona que no estaba permitida, al ser espacio público, según recoge el auto de apertura de juicio oral. El aparcamiento contó con licencia de apertura en 2002.

Además, critica el pago de 358.000 euros de indemnización a la propietaria de la vivienda, afectada por la reducción de la luminosidad en la trasera del inmueble.

Por el contrario, el gobierno local defendió en numerosas ocasiones dicha actuación para evitar el pago de varios millones de euros e incluso el posible derribo de las viviendas.

Entonces, Soto defendió la gestión "modélica" en este asunto a fin de "arreglar herencias del Partido Popular" en alusión a numerosas licencias otorgadas por el PP y anuladas entre 1999 y 2002, y cuyas responsabilidades patrimoniales estimó en unos cuarenta millones de euros.

A raíz de estos hechos, Soto dejó el pasado mes de enero todos sus cargos políticos tras conocerse el auto del titular del Juzgado de Instrucción Número 1 decretando la apertura de juicio oral por presunta prevaricación urbanística continuada en el caso de la plaza de San Antonio.

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