La posibilidad deslizada por el Ministerio de Fomento de implantar peajes en el conjunto de autopistas y autovías para financiar así su mantenimiento va en serio, hasta el punto de que la intención del Ejecutivo socialista es de materializarla casi de inmediato, antes del final de la legislatura. Para ello, abrirá un debate político y creará una comisión específica de trabajo que analice a fondo el alcance de una propuesta tan necesaria como impopular. Y es que, en realidad, Fomento no está inventando nada cuando abre la puerta a implantar peajes para financiar el mantenimiento de la red viaria, sino que tan solo se limita a rescatar del cajón un debate bastante antiguo, aunque nunca llegó a cuajar.
¿En qué consiste el plan?
Todavía no se sabe siquiera si hay plan, ya que se trata de poco más que un globo sonda lanzado por Fomento del que se pueden extraer pocas conclusiones. A grandes rasgos, sería imponer peajes por circular por autopistas que hoy son gratis o por autovías para, con esa recaudación, mantener dichas infraestructuras.
¿A quién afectaría?
Sigue siendo un misterio. Mientras el PSdeG sostiene que solo se iría aplicando de forma progresiva en las autopistas cuyas concesiones a empresas privadas vayan caducando -lo harán pronto la AP-1, AP-4 o AP-7-, otras voces interpretan de las palabras del ministro José Luis Ábalos que sería para toda la red viaria española de alta capacidad, que es lo más probable. Eso implicaría, en el caso gallego, las principales autovías estatales como la A-6, la A-8, la A-52 o la A-54. Lo que estaría en el aire es si la medida obligaría también a cobrar en las autovías o autopistas que son titularidad de la Xunta, es decir, las denominadas AG activas (13, 64, 56, 11, 47, 59, 41, 53 y 31) o proyectadas (42 y 51). De ser finalmente así, los conductores que hoy se enfrentan a algo más de 300 kilómetros de vías de pago en Galicia tendrían a corto plazo una red viaria con coste de casi el triple de kilómetros, por lo que se acercaría a los 1.000, según las primeras estimaciones.
¿Cómo se aplicaría?
Tampoco se concretó nada al respecto. Existe el modelo tradicional de peajes con cabina o bien el pago de un permiso semanal, mensual o anual -con tarifa plana- como la famosa viñeta de las carreteras suizas, que también se aplica en otros países de Europa. Esta opción es más cómoda para el conductor, ya que con un pago anual tiene vía libre para circular sin límite de kilometraje.
¿Por qué ahora?
La realidad es que los kilómetros de autopistas y autovías aumentan año tras año. En el caso de las autopistas de pago con concesionaria, esta se encarga del mantenimiento; pero en las autopistas gratuitas o las autovías son las arcas del Estado las que soportan esa conservación. Durante la crisis, el dinero mermó pero la red viaria siguió aumentando, lo que obliga a buscar algún tipo de solución para una brecha que se agranda y que amenaza especialmente a la seguridad de los conductores en caso de que la conservación viaria sea deficiente.
¿Cómo lo ven los partidos?
Pese a tratarse solo de un globo sonda, lo cierto es que el simple anuncio de Fomento ya abrió una brecha en la política gallega, donde En Marea y BNG se posicionaron claramente contra la idea, el PSdeG la defiende con matices y el PPdeG opta por una posición de neutralidad en la que, cuando menos, no se cierra al debate que hay sobre la mesa. En concreto, Ana Pontón considera que se trata de una iniciativa "con afán recadatorio", "regresiva" y dañina para el tejido productivo gallego. En la misma línea que Luís Villares, que recuerda que Galicia ya está suficientemente penalizada por las elevadas tarifas de la AP-9. Pedro Puy sí se abre a un debate, pero en todo caso de "propostas" y no de simples brindis al sol o anuncios sin contenido. El papel más difícil, en cualquier caso, lo tienen los socialistas gallegos, atrapados por la necesidad de defender la línea política de su Gobierno aunque implique una medida tan impopular como esta, que afectaría al bolsillo de miles de conductores todos los días. Y quizás por ello el portavoz parlamentario, Xoaquín Fernández Leiceaga, cree que la medida podría servir para crear una especie de fondo solidario del que se pudiesen beneficiar después los usuarios de la AP-9 a través de las reducciones de las tasas, por ejemplo. «Sería un pago brando ou pago por uso, o que deixaría marxe para ese fondo de solidariedade», reflexionó.
