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Un experto certifica la legalidad de la adquisición estatal temporal de Alcoa

Vista de las instalaciones de la fábrica de aluminio de la empresa Alcoa en San Cibrao. ELISEO TRIGO (EFE)
Vista de las instalaciones de la fábrica de aluminio de la empresa Alcoa en San Cibrao. ELISEO TRIGO (EFE)

"El Gobierno podría intervenir las plantas a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) mientras no aparece un inversor, lo avalan la Constitución Española y la Comisión Europea", asegura Aymerich

El profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidade da Coruña (UDC) Carlos Aymerich ha presentado este lunes un informe jurídico sobre la viabilidad de que el Estado adquiera las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña mientras no aparezca un inversor, que es posible "de acuerdo con la legalidad española y la europea".

"El Gobierno podría intervenir las plantas a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) mientras no aparece un inversor, lo avalan la Constitución Española y la Comisión Europea", ha asegurado Aymerich durante la presentación del informe -elaborado a petición de la Confederación Intersindical Galega (CIG)- en el Rectorado de la UDC.

En este sentido, el profesor ha señalado una posible vía: que el Estado actúe como un inversor privado, adquiriendo las plantas a precio de mercado.

"Esta solución no supondría ni la intervención ni la nacionalización del sector, simplemente la adquisición de las plantas, con o sin colaboración de un actor privado, para mantener los puestos de trabajo y la actividad durante el proceso de búsqueda de un inversor", ha precisado Aymerich.

El informe elaborado por el profesor recoge un caso práctico muy similar al de A Coruña y Avilés: la adquisición temporal por parte del Estado italiano de una planta de Alcoa en Portovesme (Cerdeña), adquirida por la multinacional aluminera en 1996 y con una plantilla de 376 trabajadores.

En 2011, Alcoa anunció su intención de cerrar la planta, un cierre que, al no encontrar un inversor, se iba a cerrar en 2015; en el proceso, el Gobierno italiano, a través de Invitalia -el equivalente a la SEPI-, alcanzó un acuerdo con Alcoa para posponer el desmantelamiento de la fábrica doce meses y cederle la factoría a dicha agencia pública.

En diciembre de 2015, la empresa suiza Syder Alloys manifestó su interés por hacerse con la planta y alcanzó un acuerdo con el Estado para crear una nueva sociedad, Syder Alloys Italia, participada al 75 % por la compañía, al 20 % por Invitalia y con una representación de los trabajadores del 5 %.

La empresa y el Estado alcanzaron un acuerdo para poner en marcha la fábrica con una inversión de 135 millones de euros, 86,1 aportados por el Ministerio de Economía y otros ocho por la Región de Cerdeña; Alcoa, por su parte, ofreció colaboración técnica para reiniciar la actividad y aportó 20 millones de euros.

En paralelo, el Gobierno italiano aprobó un nuevo marco de acceso a la energía para las industrias electrointensivas y se firmó un contrato bilateral con la empresa para garantizar su permanencia durante, al menos, diez años.

"El artículo 128.2 de la Constitución Española avalaría una actuación similar, mientras que tanto la Comisión Europea como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) lo permiten, como se aprecia tanto en este caso en Italia como en otros en Francia o Alemania", ha señalado Aymerich.

El profesor ha precisado que éste se trata de un informe jurídico, por lo que consideraciones como el precio al que se tendrían que adquirir las plantas "deberían ser realizadas por el Gobierno, valorando la viabilidad e la inversión, el retorno esperable a medio plazo, el precio de la energía, el estado de las factorías y los mercados nacional e internacional".

"Los argumentos sociales, como el mantenimiento de empleo, o territoriales, como la necesidad de revertir la desindustrialización que están experimentando Galicia y la comarca de A Coruña, no pueden ser utilizados para justificar la adquisición, si bien sí deben ser tenidos en cuenta", ha zanjado Aymerich.

Por último, el profesor ha señalado que su informe "deja claro que esta adquisición ni rompería con la economía de mercado ni, como dijo la ministra, es propia de países comunistas", ya que es "perfectamente compatible con la economía de mercado y el derecho comunitario, como se ha demostrado en otros países europeos".

El secretario general de la CIG, Paulo Carril, ya ha anunciado que trasladará este informe tanto a la Xunta de Galicia como al Gobierno central.

Por su parte, el delegado de la central nacionalista en la planta de Alcoa en A Coruña, Julio Moskowich, ha celebrado que el informe certifica lo que los trabajadores han manifestado en diferentes ocasiones, que "hay una solución posible".

"Eso sí, tiene que haber una regulación para la industria electrointensiva, mientras no exista da igual que aparezca un inversor o cincuenta", ha señalado Moskowich, quien ha denunciado que el estatuto del consumidor electrointensivo presentado por el Gobierno central, a expensas de que se incorporen las alegaciones, ha sido "un bluf". 

Un experto certifica la legalidad de la adquisición estatal...
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