El fiscal pide archivar la acusación a Orozco porque no recibió dinero de la grúa ni la Ora

Considera que eran Liñares y Reguera los que utilizaban el nombre del entonces alcalde para obtener mordidas de las empresas ▶ Duda de que Orozco conociera las trampas en las adjudicaciones y dice que "su patrimonio se corresponde con su profesión"

Orozco, durante una de sus comparecencias en el juzgado. AEP
photo_camera Orozco, durante una de sus comparecencias en el juzgado. AEP

"No existe ninguna prueba de que dinero de las empresas de la grúa y de la Ora llegase al que era alcalde de aquellas... El patrimonio de Orozco corresponde con su profesión". Con esta contundencia, el fiscal responsable del caso Pokemon, Jesús Álvarez, apoya el archivo de las acusaciones contra el exalcalde de Lugo José López Orozco en la pieza en la que se investiga el contrato de la grúa municipal. Lo hace en un informe en apoyo del sobreseimiento solicitado por el propio Orozco y dirigido a la Audiencia Provincial, que ahora deberá determinar si ordena el archivo provisional.

Se trata de la pieza principal del caso Pokemon, la que origina el resto de piezas separadas que aún siguen activas. En ella se investigan las supuestas irregularidades en la adjudicación de la grúa a la empresa Cechalva. Un socio fundador de esta empresa y ahora también imputado, José Luis Álvarez, había denunciado ante la jueza Pilar de Lara esas irregularidades, en las que supuestamente estaban también implicados el exconcejal Francisco Fernández Liñares y el funcionario municipal Javier Reguera. Según Álvarez, todos los meses se desviaba dinero de la firma para pagar sobornos tanto a Liñares como a Orozco.

Esas acusaciones eran el principal sustento de las sospechas contra el exalcalde, pero el fiscal entiende ahora que en esa versión "Álvarez no ofrece datos de primera mano, sino que repite lo que decía Reguera, que era quien se hacía cargo del dinero. Nadie da fe de que se entregase el soborno a Orozco, nadie afirma que lo presenciase".

EL PODER EN LA SOMBRA. Muy al contrario, en su escrito el ministerio público sitúa en la cúspide de la supuesta trama corrupta a Liñares y al propio Reguera, que actuaría valiéndose de su estrecha relación con el concejal y la influencia que eso le proporcionaba: "Liñares sostenía el poder y Reguera lo ejecutaba a la sombra, aunque con escasa discreción. Ambos buscaban el beneficio económico, y hay que reconocer que los dos lo consiguieron de sobra".

Define a Reguera como una persona "ambiciosa y sin escrúpulos" que benefició a Cechalva y a Doal, la concesionaria de la Ora, a cambio de pedir "mordidas para el alcalde, aunque realmente está reforzando su propia posición... No es de extrañar que hiciese algunas llamadas al alcalde, lo suyo era ganar la confianza de gente poderosa". En este sentido, lo sitúa en una posición "incluso por encima de un empresario con experiencia como Santiso", su socio principal en Cechalva.

"Tanto en la empresa de la grúa como en la de la Ora", afirma, "Reguera recogía físicamente el dinero, daba su porción a Liñares y ahí se cierra el conducto, no existe ninguna prueba de que el dinero llegase al que era alcalde de aquella". Fruto de esta actuación, "el patrimonio de Reguera y de Liñares aumentó considerablemente; el de Orozco corresponde con su profesión y la de su familia".

NO LO SABÍA. La Fiscalía entra incluso a valorar el fondo del asunto, la irregularidades en el proceso de adjudicación de los contratos: En la cúspide de la administración municipal está el alcalde y como tal firma resoluciones elaboradas por el personal municipal, pero eso no significa que participase en su elaboración o mismo que conociera del asunto. Además, Orozco "delegó sus funciones y se dedicaba a funciones de representación y políticas". Por todo ello, concluye, "después de más de seis años de instrucción no cabe arrastrar a Orozco hasta el final del proceso sin indicios consistentes".

Procedimiento
Seis meses para dar traslado del escrito


El escrito en el que la Fiscalía apoya el sobreseimiento de la acusación contra Orozco por la grúa fue comunicado este miércoles a las partes. Por eso llama la atención la fecha de registro que figura en el mismo: 30 de enero de 2018. Es decir, que lleva en poder del juzgado de instrucción 1, que investiga la operación Pokemon, desde hace seis meses, sin que se le haya dado traslado hasta ahora.

De hecho, la petición de archivo por parte de la defensa de Orozco es de principios de 2017. La jueza Pilar de Lara la rechazó y es el recurso contra esa decisión ante la Audiencia el que apoya el ministerio público.

La Ora
Una vez que el escrito de Fiscalía deja claro que no tiene intención de acusar a Orozco por la adjudicación de la grúa, le quedaría pendiente la imputación por el contrato de la Ora a Doal. Es previsible, tras ver el informe del fiscal, que esa acusación también se archive, pero tendrá que esperar: al ser Doal del grupo Vendex, esa investigación forma parte de la pieza en la que se investigan actividades del grupo en todo el país, y todavía no se sabe qué juzgados asumirán al final la instrucción.