El Gobierno descarta intervenir las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña

Javier Losada ha indicado que esa solución sería "contraria a la normativa europea"

Manifestación en A Coruña de los trabajadores de Alcoa. CABALAR
photo_camera Manifestación en A Coruña de los trabajadores de Alcoa. CABALAR

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo central descarta la posibilidad de intervenir las plantas de la multinacional aluminera Alcoa en A Coruña y Avilés, como demandaban los trabajadores, al ser una solución “contraria a la normativa europea”.

“El Gobierno no contempla soluciones contrarias a la normativa europea, como sería la nacionalización de las plantas”, ha señalado Losada a través de un comunicado, en el que ha destacado que el objetivo del Ejecutivo es “garantizar los puestos de trabajo y las capacidades industriales de Alcoa en Avilés y A Coruña”.

El delegado ha apuntado que el Gobierno “sigue trabajando y anima a las partes a llegar a un acuerdo” y ha recordado que “el enemigo” es Alcoa, que “tiene que cooperar” para alcanzar una solución que permita mantener los puestos de trabajo y la actividad industrial.

La empresa propuso este jueves mantener parcialmente la actividad de las plantas a costa de despedir a dos tercios de la plantilla

Losada también ha hecho hincapié en la importancia para el sector de la creación del estatuto del consumidor electrointensivo, una medida impulsada por un Real Decreto “que el Partido Popular podría haber aprobado hace muchísimos años” y que “hubiera evitado problemas como estos”.

Los trabajadores, por su parte, han reclamado esta mañana al Gobierno la intervención de las plantas en base al artículo 128.2 de la Constitución Española para “tutelar” su gestión mientras no encuentran a un comprador.

La empresa propuso este jueves mantener parcialmente la actividad de las plantas a costa de despedir a dos tercios de la plantilla -compuesta por 369 trabajadores en A Coruña y 317 empleados en Avilés- y cerrar diferentes instalaciones en ambas fábricas, una medida que entraría en vigor a partir del 15 de enero, cuando termina el periodo de negociación del ERE.

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