Colectivos animalistas han planteado este miércoles la emisión de la probablemente primera orden de busca y captura contra una persona sospechosa de cometer un acto de maltrato animal con resultado de muerte, en relación al caso del perro que sufrió un disparo en la boca en el municipio lucense de Sober y tras el cual debió ser sacrificado a causa de la gravedad de sus heridas.
La Fundación Franz Weber y la Asociación Animalista Libera han señalado que el presunto autor del disparo habría huido a un país extranjero –se sospecha que podría ser Rusia–, por lo que piden que el Juzgado al que se han remitido las diligencias de la investigación realizada por agentes de Seprona y la delegación territorial de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, emplee esta herramienta.
Los defensores de los animales subrayan que la gravedad del caso, donde el resultado brutal conllevó una intervención veterinaria para paliar el dolor del can, y el uso de un arma de fuego, son motivos suficientes para interpelar a otros estados para tratar de dar con el autor del cruel acto de maltrato, atendiendo a su posible peligrosidad contra otros seres vivos, incluyendo a las personas.
ALARMA SOCIAL. En este sentido LIBERA y FFW plantean que la orden judicial debería ser una práctica judicial más habitual en este tipo de situaciones, atendiendo a que el maltrato animal, cause o no la muerte de los mismos, es un tipo delictivo recogido en el Código Penal, y por tanto puede ser aplicable para evitar que la impunidad de estos sucesos acabe favoreciendo su repetición, como puede ser con los miles de abandonos que se reproducen en Galicia cada año.
Además, las ONG también han resaltado la alarma social creada, donde el caso del perro tiroteado fue noticia en multitud de medios de comunicación, lo que justificaría todavía más la petición que realizan al sistema judicial para localizar al presunto maltratador del perro de Sober.
El autor del disparo se enfrentaría, atendiendo al artículo 337.3 del Código Penal, a una pena de hasta 18 meses de prisión y a inhabilitación para la tenencia, oficio, comercio o profesión relacionada con animales durante un máximo de cuatro años.
