La huelga indefinida de los trabajadores de la Justicia que comenzará este miércoles amenaza con "paralizar" la actividad de los juzgados de Galicia, exceptuando los asuntos esenciales fijados por los servicios mínimos.
Así lo vaticinan los siete sindicatos, SPJ USO, Alternativas na Xustiza-CUT, FeSP UGT, CSIF, STAJ, CIG y CC OO, que han convocado la huelga indefinida tras meses de negociaciones con la Xunta sin llegar a un acuerdo y después de varias jornadas de paros en las que se dejó notar su efecto en los juzgados.
Pablo Valeiras, de Alternativas na Xustiza-CUT, ha señalado a Efe que se suspenderán por la huelga indefinida "cientos de juicios" en toda Galicia. Ha resaltado que salvo asuntos urgentes relacionados con la violencia de género y los que lleven a cabo los juzgados de guardia, de resto se paralizarán todas las tomas de declaraciones.
El director general de Justicia, Juan José Martín, ha indicado, por su parte, que la Xunta no puede hacer una estimación de la incidencia de la huelga por ser una administración "instrumental" y porque hasta la fecha no había habido un paro de carácter indefinido. Con todo, ha reconocido, en declaraciones a Efe, que "causará perjuicios a los ciudadanos".
Salvo asuntos urgentes relacionados con la violencia de género y los que lleven a cabo los juzgados de guardia, de resto se paralizarán todas las tomas de declaraciones
Martín, que ha hecho "un llamamiento a la sensatez", ha garantizado que los servicios mínimos conjugan los derechos a la huelga y de tutela judicial efectiva, y ha incidido en que habrá trámites que no se verán afectados, como las licencias de enterramiento, medidas provisionales sobre tutela de menores, guardias penales o levantamientos de cadáveres.
Por la parte sindical, Pablo Valeiras ha remarcado que los trabajadores en su conjunto apoyan y están "convencidos" de sus reivindicaciones, que "no son solo económicas", tal y como, apunta, pretende hacer ver la Xunta a la opinión pública, actuando con "mala fe".
Los empleados de la Justicia gallega reclaman un incremento salarial que iguale los sueldos con los del resto de compañeros del Estado, pues todos son funcionarios de la Administración general, aunque tienen complementos autonómicos.
Piden, además, el abono del tiempo completo de las bajas, como ocurre con jueces y fiscales, y que estas no lleven a perjudicar sus situaciones laborales concretas.
Habrá trámites que no se verán afectados, como las licencias de enterramiento, medidas provisionales sobre tutela de menores, guardias penales o levantamientos de cadáveres
Valeiras ha tachado de "totalitario" el posicionamiento de la administración gallega durante el proceso de negociación, y como ejemplo ha aludido a su "negativa" a someterse, de nuevo, a la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais, tras producirse avances con este formato.
Cree que lo que pretende la Xunta es dar una imagen de que "no los mueve nadie de su posición" ahora que se le acumulan varios frentes, como el sanitario, en el que está habiendo contestación en la calle.
Mientras, el director general de Justicia, Juan José Martín, sostiene que la discrepancia entre las partes reside en el complemento autonómico.
Ha detallado que la última oferta trasladada a los sindicatos, con cantidades que oscilan entre los 660 y 900 euros, porque se trata de diferentes cuerpos, equipara e incluso supera la media de los complementos autonómicos.
El director general de Justicia, Juan José Martín, sostiene que la discrepancia entre las partes reside en el complemento autonómico
Martín ha recalcado que esa es "la oferta que se puede hacer", frente a los 3.240 euros que piden los trabajadores, a razón de 270 euros mensuales, además de explicar que el incremento se tiene que desarrollar en varias anualidades.
Ello debido a que hoy por hoy no están aprobados los Presupuestos Generales del Estado, y de estarlo, puntualiza Martín, se aplicaría el porcentaje correspondiente a este ejercicio.
Preguntado por qué se apartó al Consello Galego de Relacións Laborais de las negociaciones, el director general de Justicia ha indicado que su mediación fue positiva porque tres de los cinco puntos de la discordia "se canalizaron", pero quedaban pendientes dos, ambos de cariz económico.
Ha abundado en que una vez que la mediación "llegó hasta donde llegó y los sindicatos no se movían de posición, se cambió el escenario y se volvió a la negociación" original entre las partes, con la participación de Hacienda, que es la que tiene que "proveer, decidir y presupuestar".
Este jueves, coincidiendo con la primera jornada de huelga indefinida, hay convocadas concentraciones ante los juzgados de las siete ciudades gallegas.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el TSXG responde a un recurso de la CIG, quien considera "excesivos" los servicios mínimos fijados al entender que "se neutralizan los efectos del conflicto" al asignar "unos recursos de tiempo y personal desproporcionados y contrarios al derecho fundamental de huelga" que reconoce la Constitución.
En los fundamentos de derecho, el alto tribunal gallego esgrime que la ponderación de los intereses presentes exige "atender prioritariamente a los de interés público" derivados de la "protección y salvaguarda de los derechos de los ciudadanos al ejercicio de un derecho igualmente objeto de especial protección constitucional, como es el derecho a la tutela judicial efectiva".
