Los municipios pontevedreses de Ponte Caldelas y Poio han realizado un acto de "hermanamiento" ante la "discriminación" que dicen sufrir por parte de la Xunta relacionada con las obras en varias carreteras que pasan por ambas localidades.
Este sábado, el regidor de Ponte Caldelas, Andres Díaz, y la alcaldesa en funciones de Poio, Chelo Besada, mantuvieron una reunión para avanzar en las presiones a la Xunta para que cumpla con "sus competencias" en las carreteras PO-234 y PO-308, "dos de las más peligrosas" de la red viaria gallega.
El pasado mes de enero, según ha informado el Ayuntamiento de Ponte Caldelas, este municipio entregó al Gobierno gallego una propuesta de convenio para "desbloquear la realización de las obras en el peligroso tramo de curvas de Laxoso de la PO-234", por el cual el consistorio "se ofrece a pagar las expropiaciones de una carretera autonómica".
"Critican la irresponsabilidad de amparar, por puro partidismo política, una inseguridad viaria que se está traduciendo en accidentes e incluso muertos", señala el comunicado
El Ayuntamiento de Poio se ha interesado en la iniciativa, pionera en España, y está valorando realizar un movimiento similar para el impulso de las obras de la PO-308.
La llamada Solución Ponte Caldelas fue la respuesta a la Xunta luego de que el Ejecutivo gallego "presentase un ambiguo protocolo, sin compromiso exigible ninguno" y en el que "seguía responsabilizando" al municipio de "la cesión gratuita de todos los terrenos sin concretar los trámites legales a seguir".
"Los ayuntamientos de Ponte Caldelas y Poio se consideran hermanados por la discriminación de la Xunta de Galicia en las obras de su Red Autonómica de Carreteras y critican la irresponsabilidad de amparar, por puro partidismo política, una inseguridad viaria que se está traduciendo en accidentes e incluso muertos", señala en su comunicado.
LEI DE ESTRADAS. Así las cosas, ambos municipios coinciden en rechazar la intención de la Xunta de exigir a los ayuntamientos la cesión de terrenos como "requisito" para actuar sobre una carretera autonómica, cuando éstas son una competencia del Ejecutivo gallego. "La Lei de Estradas de Galicia refleja los procedimientos de obtención de los terrenos y deja claro que la tramitación administrativa debe ser realizada por la Administración autonómica. Todo lo demás es un intento de confundir a los vecinos", ha apuntado.
