¿Comprar casa o alquilar? Esa es la pregunta que se hacen o han hecho a lo largo de su vida muchas parejas o solteros españoles. Nuestros políticos también se lo han planteado, al igual que lo hicieron los dirigentes de Podemos Pablo Iglesias e Irene Montero. Ellos decidieron hace tiempo comprarse un chalet de 600.000 euros en las afueras de Madrid para criar a los gemelos que esperan, aunque esa adquisición ha levantado una polvareda por el elevado importe de la transacción y, sobre todo, por las críticas que en su día hicieron a los políticos que, según ellos, "especulaban" con la vivienda.
Esta joven pareja de políticos vivía hasta ahora en un piso de alquiler en Rivas Vaciamadrid, aunque Iglesias ya poseía una vivienda en Ávila desde 2013. Para la compra del chalet decidieron pedir una hipoteca de 540.000 euros que pretenden pagar en 30 años, algo que ya habían hecho antes otros dirigentes que, eso sí, llevan más de media vida en política y que durante este tiempo han conseguido sumar a su patrimonio más de una vivienda.
Aunque un cargo público suele tener fecha de caducidad, las remuneraciones que ofrecen puestos como ministro, diputado o senador les han permitido a los políticos veteranos decidirse a comprar viviendas, ya sea en sus lugares de procedencia, en las localidades donde veranean o en la capital de España, sede de las Cortes en las que ocupan escaño.
Las obras en sus viviendas provocaron que José Blanco fuese imputado un tiempo y que José Ramón Gómez Besteiro dejase la política
Los políticos gallegos son un ejemplo de esta dinámica que comparten también muchas familias, que cuando son jóvenes optan por vivir de alquiler y, una vez pasan los años y ahorran algo, se deciden a hipotecarse.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lleva en política desde el año 1981, cuando fue elegido diputado autonómico, y no tuvo una vivienda en propiedad hasta seis años después, cuando se compró un apartamento en Sanxenxo. Tras ser elegido diputado en el Congreso, con el paso de los años decide en 1991 adquirir un apartamento en el madrileño Paseo de la Castellana y, siete años después, convertido en ministro y ya casado, se compra un chalet en Aravaca. Su última adquisición, también en gananciales como la anterior, fue un apartamento en Gran Canaria, un patrimonio sin hipotecar al que suma una oficina en Pontevedra. Claro que Rajoy y su familia residen desde finales de 2011 en el Palacio de la Moncloa.
Otro presidente con residencia oficial, el gallego Alberto Núñez Feijóo, también suma un piso en Madrid y otro en Vigo, que adquirió en 2001 tras varios años de carrera política en Galicia y la capital de España. Además, en 2016 inició una vivienda en construcción en Moaña, frente a la ría viguesa.
Otros políticos gallegos del PP con una larga carrera en cargos públicos también suman más de una vivienda en propiedad, ya sea tras haberlas adquirido o heredadas de familiares. Este último es el caso del portavoz popular en el Senado, José Manuel Barreiro, que declara poseer 21 inmuebles, aunque la mayoría de ellos pertenecían a su familia. Mientras, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, posee tres viviendas en Madrid y Pontevedra en gananciales, que no soportan ninguna hipoteca.
Los parlamentarios autonómicos gallegos también se caracterizan por tener vivienda en propiedad en función de su trayectoria. Así, algunos de los últimos en recalar en O Hórreo declaran no poseer inmuebles, como es el caso de los populares Sandra Vázquez, María García Míguez y Daniel Vega; Marcos Cal, Luca Chao, Paula Vázquez Verao, Paula Quinteiro o Carmen Santos, de En Marea; Noela Blanco, del PSdeG, o Noa Presas y Olalla Rodil, del BNG.
En cambio, todos los portavoces parlamentarios declaran poseer vivienda propia, como Luis Villares, de En Marea, que la adquirió antes de entrar en política cuando ejercía como juez, al igual que el socialista Xaquín Fernández Leiceaga, quien compró su piso cuando era profesor universitario, lo mismo que el popular Pedro Puy, que adquirió su vivienda antes de ser elegido diputado. Sin embargo, la nacionalista Ana Pontón se decidió a comprar su piso en Santiago ocho años después de entrar en el Parlamento, aunque declara que todavía tiene pendiente 117.000 euros de hipoteca.
ALCALDES DE ALQUILER. En el caso de los alcaldes de las grandes ciudades, varios de los que accedieron al cargo en el actual mandato declaran no tener vivienda en propiedad. Es el caso de la lucense Lara Méndez, el coruñés Xulio Ferreiro y el compostelano Martiño Noriega. En cambio, otros debutantes como Jorge Suárez, regidor de Ferrol, o Jesús Vázquez, de Ourense, sí tienen vivienda en propiedad y el exconselleiro de Educación declara poseer tres, así como una deuda pendiente con los bancos de 250.645 euros. El exministro y alcalde vigués Abel Caballero, con una dilatada carrera política, posee una única vivienda adquirida en 1995, mientras que Miguel Anxo Fernández Lores, regidor nacionalista de Pontevedra, tiene dos viviendas con su propiedad al 50% y sendas hipotecas por 118.000 euros.De los cuatro presidentes de diputación gallegos, se da la circunstancia de que el coruñés Valentín Formoso, también alcalde de As Pontes, declara no tener inmuebles, mientras que la pontevedresa Carmen Silva posee un piso comprado hace 28 años y que tiene una hipoteca pendiente de 35.000 euros. El ourensano José Luis Baltar, por su parte, declara una vivienda en construcción en Esgos, así como una hipoteca de 250.000 euros.
PROPIEDADES POLÉMICAS. Otro político gallego, José Blanco, se vio envuelto durante su etapa como diputado en una investigación judicial a cuenta de las obras en su chalet de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y que acabó archivada. Ahora como eurodiputado declara también un apartamento en A Illa de Arousa y dos hipotecas por un total de 223.000 euros. En cambio, su compañero de partido y es secretario general del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro sigue investigado en el caso Garañón, también por unas obras realizadas en su piso de Lugo, una situación judicial que le abocó a abandonar la política.
