La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha aplazado sin fecha el juicio contra dos trabajadoras del Sergas por un presunto un delito de estafa y fraude de casi 50.000 euros a seis personas a las que prometían encontrar un empleo.
El proceso ha quedado suspendido debido a que no ha comparecido el letrado de la Xunta de Galicia
El Ministerio Fiscal acusa a estas dos personas, trabajadoras del Servicio Gallego de Salud, de haber actuado según un plan preconcebido en compañía de un hombre de los que no se saben más datos. Una de ellas se habría hecho pasar por alta directiva de este servicio, según el escrito de acusación, y la otra de su secretaria, donde se habrían ganado la confianza de varias personas de la localidad de Ordes en las visitas que realizaban a la cafetería del área de descanso de la AP-9, donde se encontraban con las ahora víctimas.
Las acusadas, supuestamente con ánimo de lucro y transmitiendo falsariamente la idea de una inexistente influencia en la contratación de personal para el Sergas, hicieron creer a los perjudicados que podían conseguir de forma directa un puesto en tal administración. Para ello les debían abonar, previamente, determinadas cantidades de dinero, además de facilitarles documentación personal como DNI, currículo, resumen de vida laboral y de realizar unos cursos de informática que ellas determinaban.
Las procesadas, en sucesivas reuniones, siempre según el escrito de acusación de la Fiscalía, convencieron a siete personas para la entrega de dinero y consiguieron un total de 52.500 euros para conseguir las contrataciones de ellos o de familiares y del valor del curso de informática que les pedían hacer.
Fue en el 2011 cuando las víctimas se percataron de que el tiempo transcurría, las supuestas contrataciones no se producían y, ante las amenazas de los perjudicados de denunciar los hechos, devolvieron 8.000 euros a dos de ellos. Un año más tarde, una de las acusadas envía un correo a una de las víctimas con las cantidades abonadas y la fecha en la que cada uno de ellos. supuestamente, procedería a firmar los contratos que les iban a unir con el Sergas.
Engañaron a las víctimas con una firma inindentificable y un sello falso
En ese documento, según el escrito del Ministerio Fiscal, se aprecia una firma de imposible identificación con un sello encima que reza: Personal contratado Sergas. Este fue usado por las acusadas y que este organismo y la Xunta de Galicia han acreditado que no se corresponde con ninguno de los utilizados por ellos a efectos laborales.
Por todos estos hechos ambas mujeres son acusadas de un presunto delito de estafa agravada por el valor de los defraudado, un delito de falsedad de documento público. La Fiscalía pide imponer una pena de prisión seis años y una multa 2.880 euros, además de indemnizar a cinco perjudicados en las cuantías estafas con los correspondientes intereses legales, con un total de 47.500 euros.
El proceso ha quedado suspendido debido a que no ha comparecido el letrado de la Xunta de Galicia y todavía no se ha señalado de nuevo, informan a EFE fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
