La Xunta ha anunciado este martes la apertura de un expediente sancionador al Concello de Vigo tras detectar "reiteradas deficiencias" en los controles de agua realizados por el laboratorio municipal en el grifo del consumidor e "incumplimientos en la calidad" no comunicados a la autoridad sanitaria.
El director general de Salud Pública, Andrés Paz-Ares, ha confirmado este extremo en una rueda de prensa, en la que también han estado presentes el delegado territorial del Gobierno gallego en Vigo, Ignacio López-Chaves, y la jefa territorial de Sanidad, Ángeles Feijóo.
Paz-Ares ha explicado que las inspecciones llevadas a cabo por técnicos de la Xunta "ponen de manifiesto el incumplimiento reiterado en Vigo de la normativa que establece los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo" durante los años 2016 y 2017, por lo que se ha requerido al Concello la adopción de medidas correctoras.
En total, la administración autonómica propone una sanción de 21.500 euros
En la comunicación remitida al Consistorio, al margen de la incoación del expediente sancionador, se acuerda la suspensión temporal del funcionamiento del laboratorio municipal para la realización de análisis de agua para consumo "o de cualquier actividad para la que se le reclame la posesión de certificación o acreditación", ya que, ha dicho, carece de ellas.
En concreto, ha abundado el director general de Salud Pública, en los análisis realizados por el laboratorio en el grifo del consumidor en 2016 y 2017 se han detectado hasta veinticuatro casos de agua como no apta y otros 31 de apta con no conformidad. Ninguno de estos "incumplimientos" fueron confirmados con una segunda analítica ni se trasladaron a la autoridad competente o se incorporaron al Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (Sinac), ha insistido.
Andrés Paz-Ares ha apuntado que "todas las analíticas de autocontrol" del agua en Vigo las efectúa la empresa concesionaria del servicio, Aqualia, si bien hay análisis específicos en el grifo del consumidor que realiza el laboratorio municipal", y en ellos se habrían detectado estos incumplimientos.
Así, la Jefatura Territorial de la Consellería de Sanidade de Pontevedra ha determinado una cuantificación provisional de la sanción en un importe aproximado de 21.500 euros por "cuatro infracciones administrativas, tres de ellas tipificadas de carácter grave y otra de carácter leve".
Se propone una sanción de 6.010 euros por la ausencia de certificación o acreditación del laboratorio municipal; otros 6.010 euros por la falta de determinación de metales en las analíticas de control; 8.000 euros por la ausencia de notificación a la autoridad sanitaria de los supuestos constatados de agua no apta; y 1.500 euros por no suministrar datos al Sinac.
El Ayuntamiento cuenta con un plazo de quince días para presentar sus alegaciones.
