La Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (ANPIER) pusieron en Santiago de Compostela el broche final a su campaña "Camino del Sol", la mayor movilización social del sector fotovoltaico en España para pedir un cambio en el modelo energético.
La campaña, apoyada por entidades como Greenpeace o la Fundación Renovables, busca impulsar una transición rápida hacia un sistema energético basado en el uso de energías renovables para adaptarse a los objetivos marcados por la Unión Europea. La marcha concluyó ante la catedral de Santiago de Compostela después de haber visitado en las últimas semanas ciudades como Lugo, Valladolid, Pamplona, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Murcia, Albacete, Almería o Málaga.
Según esta entidad, el sector fotovoltaico representa los intereses de más de 62.000 familias españolas, 2.500 de ellas gallegas, que han invertido 20.000 millones de euros en plantas fotovoltaicas y que se han visto afectadas por el cambio regulatorio y el sistema de primas con carácter retroactivo.
POLÍTICOS. Durante esta campaña, ANPIER se reunió con representantes políticos de todas las formaciones, además de verse con el presidente del Gobierno de Murcia, Pedro Antonio Sánchez López; el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, o la presidenta del Parlamento navarro, Ainhoa Aznárez. A todos ellos se les ha pedido una revisión del modelo energético para convertirlo en un sistema basado en las energías renovables.
REFORMA. Con la reforma del sector eléctrico, el 100 por ciento tuvo que soportar los pagos mensuales conr ecursos propios. Esto supuso aportar garantías adicionales a los bancos aceptando tipos de interés más altos a cambio de extender los periodos de amortización, de tal manera que hiciera posible soportar los pagos mensuales. El 15% de los encuestados tienen mensualidades pendientes con las entidades bancarias que les financiaron.
A estas disposiciones retroactivas, con una reducción media dle 30% en los ingresos durante los ejercicios 2011 a 2013, se sumó desde el 28 de diciembre de 2012, un nuevo impuesto del 7 por ciento.
