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Acusan a un guardia civil de extorsión para recuperar lo que gastó en un local de alterne

Los hechos ocurrieron en 2012 en el municipio coruñés de Carballo. El juicio se iniciará este martes

Un agente de la Guardia Civil está acusado de gastar 1.980 euros en un local de alterne y extorsionar a su dueña para recuperar el dinero, a lo que le habría ayudado presuntamente un superior que también está procesado.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña acoge entre este martes y el miércoles el juicio contra los dos agentes del Instituto Armado por unos hechos supuestamente ocurridos en el municipio coruñés de Carballo en 2012.

Un cabo destinado en Ponteceso habría acudido, según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, la noche del jueves 15 de marzo al local situado en Carballo junto a dos amigos, los tres vestidos de paisano, y allí "solicitaron los favores sexuales de varias mujeres que trabajaban en el local".

Llegaron a solicitar "una fiesta privada con varias mujeres", que podrían ser cinco o seis, y el guardia civil pasó nueve veces la tarjeta de crédito, con código, entre las 6.25 y las 8.28 horas, con un importe total gastado de 1.980 euros.

Otro de los que estaban presentes gastó 400 euros y todos abandonaron el local "sin que en ningún momento se produjera en ese establecimiento problema alguno".

El agente opinó, siempre según el fiscal, que "había sido estafado" y lo comentó con un sargento del puesto de Carballo, que entonces era jefe de la Policía Judicial de esa localidad.

Éste habría llamado a la dueña del local para que se personase en el cuartel y allí la habrían acusado de "emborrachar a los clientes para poder realizar cobros excesivos" y le habrían dicho que "era mejor para sus negocios que pagase".

Entonces habrían comenzado los mensajes de texto del primer acusado, que habría recuperado 900 euros, en un primer pago de 500 euros y un segundo de 400, tras solicitar en repetidas ocasiones la devolución hasta que cesaron los contactos en julio de ese mismo año.

El Ministerio Fiscal concluye que el primero debe ser condenado por el presunto delito de extorsión a "cuatro años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público en relación con cualquier actividad como policía o guardia civil".

En el segundo caso piensa que debe reducirse un año de prisión, hasta los tres, y que merece también la "inhabilitación especial para empleo o cargo público en relación con cualquier actividad como policía o guardia civil".

Añade que el sargento podría no acogerse a la calificación de extorsión y ser condenado por un "delito de omisión del deber de perseguir delitos por funcionario público", castigado con penas de inhabilitación de entre seis meses y un año.

En cualquier caso, sostiene que la extorsión en el primer caso y en el segundo de considerarse así, debe tener el agravante de "prevalerse de su carácter público". 

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