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Julián Rodríguez, responsable del espacio Zona Franca, en los medios del Grupo El Progreso.

El gran colapso de la AP-9

La Autopista del Atlántico cambia de manos por cuarta vez en diez años, y todo sigue igual
 

Cabinas en un peaje de la AP-9. DAVID FREIRE
Cabinas en un peaje de la AP-9. DAVID FREIRE

CIERTA CANDIDEZ, por no aludir directamente a un papanatismo colectivo pocas veces visto, invade a todos los grupos políticos gallegos cuando aluden a las vicisitudes de la Autopista del Atlántico. La simplicidad en el análisis es lugar común, y esta vez no podía ser menos. Muy pocas excepciones entre los responsables políticos a la hora de valorar el cambio de manos de la propietaria de la AP-9. El caso es que la venta de la mayoría de supuesto control en Itínere, algo más de un 55% de su capital, aleja todavía más a la principal vía de pago de los gallegos, sus principales usuarios, pero no es precisamente porque sean fondos de pensiones extranjeros los que se harán con su control, sino debido a que ya no queda ni rastro del capital gallego en Itínere, que es como decir Audasa.

Y resulta que es Abanca, como heredera de las malogradas cajas gallegas, la que vende su parte, casi un 24%. Era su segundo accionista, como retén de una influencia pretérita que durante los últimos años no se ha visto por ningún lado. Enfrascado junto a otros accionistas minoritarios (Sacyr y Kutxabank) en un litigo con Corsair, el fondo que manda en Itínere, el banco de Escotet apostó desde la llegada del venezolano por hacer caja con las participadas, y este es un paso más que le reporta unos ingresos de cerca de 310 millones de euros.

En este asunto, el de la pérdida de supuesta influencia, ni uno de los miembros de la clase política gallega ha querido entrar. La inocencia en el análisis ha llevado a un denominador común entre ellos: esta operación, vienen a decir, refuerza mucho más la necesidad de la transferencia de la titularidad de la autopista a Galicia. Y ahí se quedan, básicamente. Alfondo Rueda, el vicepresidente de Núñez Feijóo, alude a que "es ahora más necesario que nunca controlar a los nuevos dueños", mientras que la conselleira del ramo, Ethel Vázquez, reclama el traspaso "todavía con más convicción". Desde la oposición, En Marea sigue con el martillo de la nacionalización directa y el BNG pide "luz y taquígrafos".

La mejor aproximación a una realidad en la que no parecemos reparar la aportan Pedro Puy y Xoaquín Fernández Leiceaga. El portavoz popular dice que la compra anunciada por Globalvía, que es la gestora que está controlada por los tres fondos de pensiones internacionales, no supone más que "un cambio en la propiedad", relato en el que coincide el socialista al asegurar que "no debe escandalizar" ya que "no cambia para nada la situación". ¿Por qué?

Hay una razón de peso que debería estar en la memoria colectiva de los gallegos. Es sencilla. Con esta operación, la Autopista del Atlántico habrá cambiado de manos por cuarta vez en diez años. Galicia sigue reclamando la titularidad de la infraestructura y los dueños de la concesionaria, para quienes no es más que un producto financiero con una rentabilidad segura y blindada, hacen caja con las plusvalías venta tras venta.

El repaso a la historia reciente nos lleva a 2008. Diez años. Sacyr, la constructora que se había envalentonado con la entrada en Repsol, se ve obligada a vender la mayoría de Itínere por su elevada deuda. Tenía el casi el 57%. Las dos cajas gallegas, socias del grupo desde 2004 en el gestora de autopistas, decidieron vender también varios paquetes, para dejar el control en manos de los americanos de Citigroup. No fue hasta 2015 cuando Corsair, también estadounidense, compra la parte de Sacyr a Citi, manteniendo una convivencia que ha sido tormentosa con los socios minoritarios. Y ahora toca el turno de Globalvía.

¿Es un desconocido este grupo en Galicia? Ni mucho menos. Globalvía es desde hace dos años el accionista mayoritario de la Autopista Central Gallega, que gestiona el vial entre Santiago y Ourense, uno de los más caros de España. Con la compra de Itínere, Globalvía no solo se hace con el control de Audasa. También pasa a gestionar Autoestradas de Galicia, concesionaria de la AG-55 entre A Coruña y Carballo y la AG-57, que une Puxeiros y Val Miñor. Por tanto, tres fondos de pensiones, que son los dueños de Globalvía, se harán de un plumazo prácticamente con todo el negocio de las concesionarias de autopistas de pago de Galicia.

En este asunto, el abultado grado de concentración de las vías de pago gallegas si culmina la operación planteada por Globalvía, no parece preocupar a nuestra clase política. Solamente la transferencia de la AP-9. Sucede como con el tema de la pérdida de influencia, si en los últimos años la hubo a través del peso de Abanca en Itínere.

Galicia intenta conseguir en los despachos de los ministerios lo que las palancas del capital, caso de las cajas o los bancos, no han podido o no han querido asumir. 

Las cosas de Goyo Gorriarán en Caixanova
Los secretos a voces tienen esas cosas. Algún día también dejan de serlo. De ello se ha encargado una jueza de la Audiencia Nacional, y golpea de nuevo a los antiguos gestores de Caixanova. El secreto no es otro que el papel desempeñado por Gregorio Gorriarán Laza en la financiación de operaciones urbanísticas en la periferia de Madrid. Nada se movía en Proinova, la financiera de Caixanova, sin consentimiento de ‘Goyo’ Gorriarán. El responsable inmobiliario de Caixanova, primero, y de Novacaixagalicia, después, presidía Proinova, y hacía y deshacía a su antojo. Gran parte de los ejecutivos de la caja fusionada conocían los usos y costumbres de Gorriarán, y también sus amistades con grandes constructoras gallegas. Concretamente, con Copasa.

Lo cierto es que el tiempo y una jueza, Carmen Lamela, se han encargado de reconstruir una operación inmobiliaria en Rivas Vaciamadrid, impulsada por Proinova y que tenía como principal beneficiario a la firma Viviendas y Obras Civiles, filial de la constructora ourensana. De hecho, la jueza ha archivado, a petición de la Fiscalía, las actuaciones sobre José Luis Suárez, presidente de Copasa, e imputado hasta ahora en la trama.

Los negocios de Gorriarán, como comúnmente se conocían sus actividades dentro de la caja fusionada, se han saldado con la imputación de otros exdirectivos. Esas complicidades llevarán al banquillo, de nuevo, a Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego y Domingo González Mera, en su día todopoderosos en la caja del sur. El quebranto de la operación para Caixanova fue de casi 42 millones. Una joya, este ‘Goyo’.

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