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Abusos de niños

La Iglesia española trata de esquivar el asunto de la pederastia socializando el pecado: quien no se haya propasado, que tire la primera piedra

El secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo. ZIPI (EFE)
El secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo. ZIPI (EFE)

NUNCA PENSÉ que en algún momento me iba a ver obligado a desmentir algo así públicamente, pero vivimos tiempos extraños. Apasionantes, porque todo lo que implique seguir vivo lo es, pero extraños. Nunca lo pensé, pero aquí estamos: Yo no violo a niños. Una vez puestos, tampoco en mi presencia o con mi conocimiento se ha abusado sexualmente nunca de un niño en ninguna de sus formas.

Es necesaria esta aclarición después de leer el amago de disculpa que se ha sacado de debajo de la sotana el obispo José María Gil Tamayo, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal y silencioso cómplice, en su propia definición, de la pederastia institucionalizada en la Iglesia católica. En uno de los peores actos de contrición vistos en estos años del Señor, Gil Tamayo ha reconocido que sí, que la Iglesia ha conocido y amparado los abusos sexuales a menores que durante décadas han cometido muchos de sus miembros, pero que formaba parte de una cultura de la inacción y del silencio compartida por toda la sociedad. Solo le he faltado decir que el que nunca haya violado a un niño, que tire la primera piedra.

En realidad, la Iglesia española no le había prestado la más mínima atención al problema hasta ahora, como si no fuera con ella. Ha sido a raíz de que varios medios de comunicación han empezado a tratar este asunto con la seriedad y la atención que merece y a reunir declaraciones de víctimas, cuando la jerarquía ha creído conveniente ofrecer alguna explicación, que ha estado a la altura de las que les dieron en su momento a las víctimas cuando fueron a denunciar los abusos: encubrir al pederasta, trasladarlo a otra diócesis para que tuviera presas frescas y silenciar a la víctima, a veces incluso con amenazas.

En este obsceno intento de socialización del delito, el portavoz de los obispos no tiene pudor al afirmar incluso que el castigo que la Iglesia impone a sus miembros sospechosos de pederastia es más severo que el que recoge el Código Penal. En la inmensa mayoría de los casos que se van conociendo, las víctimas denunciaron primero los abusos ante la Iglesia, que sistemáticamente los silenció, evitóinformar a la Fiscalía y nunca hizo públicas las resoluciones y sentencias de sus propios tribunales eclasiásticos.

No pasa nada, si no muestran el más mínimo respeto por los niños abusados tampoco podemos esperar que muestren compromiso con la verdad, eso queda para reinos que no sean de este mundo.

El mismo día que el obispo Gil Tamayo realizaba estas declaraciones, la Audiencia Provincial de Vizcaya condenaba a once años de prisión a un profesor de un colegio del Opus Dei de Lejona por abusar reiterada y sostenidamente de un menor del que era tutor, además de profesor de Religión. La familia denunció los abusos ante el colegio y la Iglesia, pero el tribunal eclesiástico no solo no apreció ningún delito ni conducta reprochable, sino que cerró el caso exigiendo que "se restablezca el buen nombre del profesor".

El niño tenía entonces 12 años, y entre los hechos que figuran probados en la sentencia se incluyen capítulos como obligarle a introducirse bolígrafos por el culo. El colegio del Opus Dei y la diócesis habían abierto una página web de apoyo al profesor. Por eso no hay en sus palabras ni en sus hechos el más mínimo propósito de enmienda. Todo seguiría igual de no ser porque ahora los obispos han percibido un cambio sustancial en la situación. Gil Tamayo llama la atención sobre él, al insinuar que las víctimas están siendo instrumentalizadas y que lo que buscan en realidad es algún tipo de indemnización. Y ese castigo lo temen más que a la hipotética ira divina.

El mismísimo jefe de Finanzas de la Conferencia Episcopal, Giménez Barriocanal, lo dejaba claro en otra entrevista muy reciente: considera "irrelevante" el porcentaje de religiosos entregados a la pederastia, porque la Conferencia Episcopal "ha entregado cero euros a las diócesis españolas para pagar indemniaciones a las víctimas"; pasará a ser un problema para él, concluye, cuando se empiece a reflejar en las cuentas. Yo tendré muy presentes estas palabras cuando se abra el debate de financiación estatal de la Iglesia y cuando tenga que decidir qué equis marco en mi declaración de renta.

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