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Los artículos que, en barra libre, publico los domingos en la última página de la edición impresa de El Progreso.

La primera vez

Periodistas manifestándose por el secreto profesional. EFE
Periodistas manifestándose por el secreto profesional. EFE

LA PRIMERA VEZ, como suele pasar con todas la primeras veces, acojona. También provoca, a poco que te vaya la marcha, un secreto deseo y hasta algo de excitación, pero sobre todo acojona. Las siguientes veces tampoco carecen de tensión, pero ya no es aquella de la primera vez que compareces en un juzgado de instrucción en relación con un delito de obstrucción a la Justicia por una información que has publicado. Los hormigueos en las manos, la desconfianza, los temblores en las piernas, los trozos de uñas entre los dientes, los titubeos, la intensidad de recuerdo... son los de la primera vez. Es la mejor, aunque sea la que menos se disfruta, como casi siempre pasa con todas las primeras veces.

Mi primera vez, además, fue en plaza grande y con picadores. Lugo estaba, literalmente, patas arriba. Dos juezas de instrucción habían decidido, y falta que hacía, reventar la burbuja de clientelismo y corrupción que en la que la ciudad en la que nunca pasaba nada llevaba décadas cómodamente instalada. Luego, con los años y los autos y las absoluciones, lo que ha ido reventando es la burbuja judicial que crearon, pero entonces todavía no sabíamos esto y simplemente nombrar a cualquiera de las dos magistradas era suficiente para helar sonrisas en cualquier despacho, oficina, comisaría o burdel de Galicia. Con el tiempo, tuve ocasión de ser citado a declarar por ambas.

Aquella primera vez fue por una información sobre un enfrentamiento entre guardias civiles en el que se llegaron a hacer amagos de tirar de pipa. Unas semanas antes una comisión judicial al frente de decenas de agentes llegados de Madrid y de otras ciudadades de Galicia había entrado a saco en la comandancia de Guardia Civil y en la comisaría de Lugo, en busca de agentes relacionados con una serie de burdeles y tramas de extranjería en el caso Carioca. Uno de los guardias imputados, decía la información, se fue en los pasilllos de los juzgados contra uno de los guardias que participaban en el caso y no pasó un disgusto porque dios no lo quiso. La información me llegó por una fuente segura y pude confirmarla posteriormente con otra, en este caso presencial. Ambas fuentes, sin embargo, eran profesionales con deber de guardar secreto.

La citación me llegó al periódico: comparecencia como testigo por un supuesto delito de obstrucción a la Justicia. En ese primer momento, por mucho que los abogados te aconsejen y te tranquilicen, por mucho que argumenten que si tu información es veraz, de interés público y contrastada no debes preocuparte de nada, no las tienes todas contigo. Y menos si sabías de las maneras acostumbradas por la magistrada instructora, cuya dureza en las interminables sesiones de interrogatorios ya le había creado fama de implacable.

Hasta verme en aquel despacho, frente a aquella foto del papa Juan Pablo II con un tricornio de Guardia Civil y ante aquella mujer que exudaba autoridad, no había llegado a comprender del todo la importancia del artículo 20 de nuestra Constitución y del armazón construido con todas las sentencias que los tribunales españoles y europeos habían emitido en defensa de la libertad de información y del derecho del periodista a proteger sus fuentes como pilar básico de esa libertad. Salí de aquel despacho de alguna manera crecido, vacunado contra los temblores para las siguientes veces, que las hubo, siempre por denuncias interpuestas por imputados en los diferentes sumarios de los que iba informando. En alguna ocasión hubo tensión, incluso con amenazas de sanciones; en otra, el juez lo tenía tan claro que se respondía solo.

Pero nunca tuve mayor problema, básicamente por dos motivos: porque las informaciones habían sido tratadas con las exigencias de rigor, veracidad y profesionalidad que deben marcar cualquier trabajo periodístico, y porque los jueces siempre tuvieron claro que, por mucho que les fastidiara, el derecho del periodista a proteger sus fuentes era inviolable. Y lo es no porque proteja al periodista, sino porque protege el derecho de toda la sociedad a recibir información.

Esta misma semana también hemos tenido una primera vez de esas que acojonan. El juez de instrucción de Mallorca Miquel Florit, apoyado por el fiscal Juan Carrau, ha ordenado la incautación de los teléfonos móviles, ordenadores y notas profesionales de dos periodistas que habían publicado una información sobre uno de los asuntos más oscuros que se están investigado en Mallorca, y eso es mucho decir. La denuncia por la revelación de secreto de sumario parte, por supuesto, del principal imputado, el empresario Cursach, rey de la noche mallorquina y supuesto corruptor de policías, políticos y funcionarios. En base a esa denuncia, y con el objetivo de saber de dónde partió la filtración, se ordenó incluso pinchar los teléfonos de los periodistas. Todo esto, aclaremos, sin que ninguno de los dos periodistas estuviera imputado en la causa ni hubiera cometido delito alguno, ya que ellos no tienen deber de guardar secreto.

La gravedad de esta decisión es tal que es incluso difícil de explicar. En un momento en el que no pocos jueces, a veces salas completas, y fiscales parecen moverse con comodidad entre un lado y otro de la ley, amparados en un sistema de controles contaminado por el corporativismo y que coquetea con la impunidad, deberían estar al menos claros ciertos límites que no se pueden cruzar, al menos si queremos mantener lo que nos queda de nuestro sistema democrático y de Derecho. Ese sistema no es posible sin libertad de información, y esta no es posible sin la protección adecuada de las fuentes.

En una reacción tan lógica como necesaria, los medios de comunicación a los que pertenecen los dos periodistas se han querellado contra el juez por prevaricación. Algo me dice, quién sabe si el tarot, los arcanos o la experiencia acumulada, que tampoco esta vez el Poder Judicial estará a la altura que la gravedad del momento y del caso demandan. Pero si una primera vez como esta no es también la última no son las fuentes periodísticas las que perderán su protección, sino toda la sociedad la que perderá su derecho a ser informada.
 

La primera vez
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