NADA nuevo. Cercenar la libertad de expresión (muy bolivariano) y naturalizar el insulto a los periodistas, configura el ideario de Pablo Iglesias (nunca disimulado), y si no lo espolea con más contundencia es porque teme que los rebotes lo desborden. En todo caso no existe motivo para el asombro. Pero sí produce estupor por tratarse del vicepresidente segundo de un Gobierno que no le desautoriza expresamente, como correspondería a tan alta institución, a no ser por la reacción de un par de ministras a título particular, lo cual evidencia en qué país bananero vivimos. Sánchez, incapaz poner orden, sigue postrado y humillado ante el jefe. Entre tanto, no pasa inadvertido el que Iglesias y su formación hayan reclamado en media docena de causas más de 550.000 euros en indemnizaciones por "daño a su honor". Es decir, gratuidad para ofender a los demás, y aplicar la tarifa si el agravio se dirige a él o a sus adláteres. Al margen de otras reflexiones, su rancia verborrea agita sobre todo el odio, crispando el ambiente social, ya poco convulsionado precisamente por cómo día a día se desestabiliza la convivencia por quienes tienen el encargo de pacificar, no de sulfurar.
