"Las empresas auditadas recuperan antes el empleo y la rentabilidad"

El impacto de la pandemia en las empresas complicará más, si cabe, la labor de los auditores al analizar las cuentas de 2020. Enrique González apunta que la crisis traerá "una oleada" de concursos de acreedores
Imagen de archivo de Enrique González González. LALO R. VILLAR
photo_camera Imagen de archivo de Enrique González González. LALO R. VILLAR

Ante una crisis que deja profundas heridas en el tejido productivo, el presidente en Galicia del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), el vigués Enrique González, defiende que la labor de los auditores es ahora "más necesaria que nunca". Apasionado de una profesión que le brinda "una visión más amplia de los sectores económicos", inició su carrera en 1989 en la Cooperativa de Armadores de Vigo desde donde dio el salto a una de las grandes multinacionales del sector, KPMG. Desde 1995, es socio director de GB Auditores.

La labor de su gremio al revisar las cuentas de 2020 de las empresas será especialmente compleja. ¿Qué panorama deja la crisis sanitaria?
Nunca nos habíamos encontrado con una crisis tan global y drástica. Hay una generalidad de sectores afectados por los efectos de la covid. En una situación de tan alto nivel de riesgo, la complejidad de nuestro trabajo, que ya es elevada de por sí, se complica muchísimo más. Tenemos que tratar de determinar si las cuentas reflejan la imagen de las compañías y son tantos los factores que ahora nos afectan que esto nos va a requerir un esfuerzo adicional. Pero, una vez hayamos hecho el trabajo, será un primer diagnóstico importante de cuál es la situación económica de las empresas.

Tendremos una radiografía de los efectos de la pandemia...
Nuestro trabajo es bueno y fundamental para la salud económica de un país. Salvo raras excepciones que nos ponen en primera línea de la prensa, operamos casi siempre en la sombra. No somos un colectivo que se prodigue en eventos y tenemos unas normas de funcionamiento tremendamente estructuradas. Hacemos 63.000 informes al año, lo que sienta una base importante sobre la que se sustenta la realidad económica del país.

Hasta septiembre, los registros de la Seguridad Social reflejan que Galicia perdió 2.500 empresas. ¿Serán muchas las que queden en el camino?
De momento, se están conteniendo las declaraciones de concursos de acreedores por la legislación que se está aplicando, pero a medio plazo habrá una oleada importante. El Gobierno acaba de aprobar una ampliación de plazo para la devolución de los préstamos covid del Ico, pero hay muchas empresas que no tendrán capacidad de devolverlos si no se reactiva la actividad. Luego, hay que tener mucho cuidado y ver muy bien a quién destinamos los recursos, porque habrá compañías que no tengan la capacidad de salir adelante y eso es utilizar los recursos de forma ineficiente. Parte de nuestro trabajo es analizar el principio de empresa en funcionamiento, que es una evaluación de riesgos y poner negro sobre blanco nuestra opinión sobre si puede seguir con su actividad o tiene factores que nos llevan a pensar que puede ser dudosa su continuidad. Esto nos sitúa como los primeros en opinar sobre la salud económica. Somos los que, siendo contratados por un empresario, tenemos que decir cosas en nuestros informes que, a veces, no son de su agrado.

Un reciente informe del ICJCE indica que las compañías auditadas tienen mayor capacidad de respuesta ante las crisis. ¿Cuál es la razón?
El estudio demuestra que son más elásticas y que se recuperan mejor. Tiene mucho que ver con que los auditores recomendamos en determinados momentos a las empresas que ejecuten ajustes en su contabilidad para que refleje su imagen fiel. En muchos casos, esto afecta considerablemente a su balance y cuenta de resultados, con lo cual, en un primer momento los efectos de nuestro trabajo son mucho más drásticos. Pero, luego se ajustan mucho antes y se recuperan más rápido en términos de empleo, facturación y rentabilidad. Un 30% de las firmas que se auditan no están obligadas, pero sus administradores imprimen un estilo de transparencia y rigor y quieren que la información que llegue a clientes, proveedores y trabajadores sea fiable y fiel a la realidad del negocio.

Con la caída de la facturación y del empleo por la recesión, ¿temen que sean muchas las firmas que dejarán de cumplir los requisitos que obligan a someterse a una auditoría?
Trabajamos en este sentido con el Instituto de Auditores. Estamos transmitiendo al organismo que nos regula, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que debería de existir una regulación transitoria que mantenga la obligación, aunque en este momento no se llegue a los límites. Nuestro trabajo es una garantía sobre la que se fundamenta la realidad del país. Sin nuestra profesión, los grandes datos de la economía serían diferentes. Entendemos que, cuanto más bajos fueran los límites de obligatoriedad de la auditoría, mejor sería para la información financiera disponible. La transparencia daría más confianza, lo que revertiría en más actividad.

La Audiencia Nacional ha condenado a BDO y a uno de sus socios por el caso Pescanova. ¿Es difícil mantener la independencia a la vez que se audita al cliente que paga?
Estamos sometidos a unas normas internacionales que definen exactamente cual es nuestro código de trabajo para mantener la independencia. Hacemos 63.000 informes al año y, al final, los casos que salen son contados. Este asunto en concreto está recurrido ante el Supremo y, para mí, la cuestión es dilucidar si los auditores hicieron bien su trabajo. En mi opinión, una sentencia que considera que el auditor es tan responsable como el administrador de la compañía es inaceptable. Primero, hay que ver si el auditor cumplió con todas sus normas y si el administrador le facilitó toda la información. De ahí a considerar que él es artífice y parte activa de la falsedad de los datos me parece inaceptable y una muy mala noticia para nuestro colectivo.

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