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Improcedente

Lois Caeiro |

Lois Caeiro | 01 de octubre de 2020

Porque apaga y vámonos si el señor ministro de Justicia entiende que el Rey no debe ir a Barcelona por no molestar a los CDR

SALVO MARÍA Jesús Montero, la locuaz e insuperable maestra de la televenta política aunque no tenga producto, nadie por acción u omisión desde el Gobierno dio muestras de responsabilidad institucional en la polémica organizada por la llamada del Rey al presidente del Consejo General del Poder Judicial. María Jesús Montero, al fin, declaró que no vio nada anormal ni de intromisión en campo ajeno en esa llamada para decir que le hubiese gustado estar en Barcelona. ¿Como no va a poder decir que le gustaría estar allí? La anormalidad va por otros caminos, por imponer la ausencia del Rey en territorio español y por las rutas que trazan Iglesias, Garzón y el profesor Castells. La mayor anormalidad en este desaguisado es ciertamente el silencio y la falta de respuesta del presidente Sánchez a las frivolidades, irresponsabilidades políticas de algunos miembros de su Gobierno.

Tampoco en este caso la discusión es monarquía república. La cuestión es si el discurso y el comportamiento de unos miembros del Gobierno frente a la jefatura del Estado, con la que discrepan, puede ser la misma que si estuviesen en la oposición. Hay más todavía, con la que cae y con la que se viene encima en muertos y pérdida de empleo no se puede ser tan frívolos o irresponsables. ¿Cuáles son sus prioridades? Ellos mismos obligan a que el jarrón chino de Felipe González haga necesariamente acto de presencia en el escenario político.

Al ministro de Justicia, que además de doctor en Derecho es miembro de la carrera judicial, habría que presuponerle cierta mesura, cierta capacidad para la palabra justa. No, aunque sea en otros términos se suma a la carrera del frente abierto desde el Gobierno, o un sector del mismo, contra el jefe del Estado. Juan Carlos Campo, titular de Justicia, se explica por fascículos. Primera entrega: razones de «seguridad» llevaron a vetar la presencia del Rey en Barcelona. Lo dijo en el Congreso. El Estado quedaba así al nivel, o más abajo, de donde lo situaron Rajoy y Soraya cuando con todo el aparato disponible no lograron impedir que las urnas llegasen a su destino para el 1-O. El segundo fascículo del señor ministro de Justicia es de esta semana en RTVE . Una explicación, para aclarar la primera, más grave todavía: el Gobierno decide que el Rey no vaya a Barcelona por razones de «convivencia». Es un argumento absolutamente improcedente, en una apropiación de las palabras de Castells que él dirige contra el Rey. La presencia de Felipe VI molestaría a los secesionistas radicales, que echaron el ‘seny’ a las cloacas hace tiempo. Conviene al interés de todos que las ideas, por muy legítimas que sean, no alteren la convivencia.

Porque apaga y vámonos, si el señor ministro de Justicia entiende que el Rey no debe ir a Barcelona por no molestar a los CD R, a esos comités de defensa de la república de Puigdemont y Torra que campan a sus anchas para alterar la vida ciudadana: la convivencia, aquí sí, señor ministro. Ya sabemos que era cuestión de votos y apoyos. Pero no se puede ir tan lejos.

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