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Juego de fondos en Galicia

Julián Rodríguez | Zona Franca

Galiciae | 10 de junio de 2019

Los fondos de inversión no son el mejor aliado para proyectos como Ferroatlántica o Alcoa

UNA nueva armada invencible está desembarcando en Galicia. Lo hace con la chequera en la mano. Y con un mando a distancia dirige sus operaciones. Son los fondos de inversión. Frente a las apuestas netamente industriales de una empresa al uso, la actividad de un fondo, en la gran mayoría de los casos con sede en el extranjero y dimensión internacional, presenta unas divergencias muy acusadas en las que apenas reparamos, sobre todo ahora, cuando las opciones de futuro se estrechan sobre compañías y plantas como Ferroatlántica o Alcoa, en plena crisis.

La sensación de alivio inicial tornó en incertidumbre para los trabajadores del Grupo Villar Mir en Galicia. Las plantas de ferroaleaciones de Cee y Dumbría pasan a manos del fondo norteamericano TPG (Texas Pacific Group) por unos 170 millones. El seguro que vida que representan las centrales hidroeléctricas concesionadas para estas fábricas hizo que de la ecuación saliera finalmente la otra planta de Ferroatlántica, la de Sabón, cuyo futuro queda al albur de esos incentivos que llegarán por el nuevo marco de ayudas para los grandes consumidores energéticos.

Y en esa otra subasta que ha armado Alcoa para sus fábricas de A Coruña y Avilés, trascienden algunos de los nombres de los finalistas, que han presentado ofertas vinculantes. Se trata también de fondos de inversión: Parter Capital, con base en Suiza, y Quantum, con sede en Múnich. En el caso de la multinacional del aluminio, se trata de una auténtica contrarreloj, con cientos de empleos en el aire. Y en ambos casos, tanto para Ferroatlántica como para las plantas de Alcoa, había opciones alternativas de compradores o socios industriales, caso de Ferrovial para unas, y Aludium o los andaluces de Cunext, para las otras.

¿Son tan malos como los pintan los fondos de inversión? Pues en esto hay que ir por partes. La falta de crédito y las estrecheces financieras han provocado que se conviertan en una recurrente palanca de capital en los últimos años. Y las operaciones se multiplican. La Autopista del Atlántico pasa de manos de un fondo de inversión a otro (de Citi a Globalvía, en guerra con Corsair), al igual que compañías como la viguesa Iberconsa (de Portobello a Platinum). La pizarrera Cupa ha caído en manos de otro fondo (Carlyle), al igual que algunos grandes proveedores de Inditex. La operadora de cable R hizo el camino contrario, pasando de CVC Capital Partners a la vasca Eusktaltel.

Promesas al margen, un llamativo denominador común tiene la entrada de un fondo en el capital de una empresa. Y es el tiempo de permanencia en su accionariado, que se sitúa entre los cuatro y seis años. ¿Por qué? La realidad nos dice que, por su propia naturaleza, la vocación de un inversor financiero (eso es un fondo) cuando toma una participación en una empresa es la de desinvertir. Así de claro. Y hacerlo en el menor plazo posible obteniendo la máxima rentabilidad vía plusvalías. Los directivos, en este caso, suelen estar "motivados" para maximizar el valor de la empresa, y es habitual que reciban compensaciones extra asociadas a su venta cuando se materializa. Es lo que se denomina en el argot financiero un ‘ratchet’, anglicismo que difiere de los habituales ‘bonus’, que son complementos salariales asociados a objetivos como ingresos o beneficios. Un ‘ratchet’ millonario fue lo que recibieron, por ejemplo, los directivos de R cuando pasó de CVC a Euskaltel.

Todo este ecosistema que rodea a las operaciones de entrada de fondos de inversión en el capital de empresas parece pasar desapercibido ahora, cuando un ahogado Juan Miguel Villar Mir (lo está por la deuda y por el caso Lezo, con millonarias mordidas por obras públicas, que se instruye en la Audiencia Nacional) suelta lastre en Ferroatlántica. Y también cuando pocos se percatan de las intenciones reales de los inversores que pujan por las plantas de Alcoa, desahudicadas para la multinacional. Ojo con las promesas, que son como las intenciones, indemostrables a no ser que los planes industriales lleven aparejados compromisos más allá de un papel escrito con buena letra y muchos números.

En estos momentos, en Galicia tenemos casos de fondos que son auténticos depredadores. Vienen al caso las negociaciones de Sherpa Capital con la banca acreedora de una prometedora pero muy endeudada Isidro de la Cal.

Sherpa negocia con los bancos la compra de la deuda de la compañía, para así convertirse en su único acreedor y hacerse con su control ejecutando vencimientos impagados y capitalizando esa deuda. Tan crudo como el ‘sushi’ de Isidro de la Cal. Ojo al peligroso juego de los fondos, hijos de un capitalismo rampante.

Dos años de pesadilla con el Banco Popular
LARGA vida para el Banco Popular en los juzgados. Dos años después de eso que llaman con decoro resolución, que no fue otra cosa que una intervención relámpago a cuchillo y adjudicación al Santander en una misma noche, la propia entidad y los protagonistas de aquel turbio episodio siguen muy vivos en los tribunales. Por un lado, los actores secundarios, que sin embargo tienen especial relevancia en este asunto: el Banco de España y su Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria; el Banco Central Europeo y su Junta Única de Resolución; la Comisión Nacional del Mercado de Valores y hasta España como país en las cortes internacionales de arbitraje son objeto de demandas y reclamaciones por parte de significativos accionistas y grupos de inversores extranjeros. Esto va para muy largo, incluso en la Audiencia Nacional, que sigue una causa penal contra los expresidentes (Emilio Saracho y Ángel Ron) tras haber retirado la imputación al propio Santander. Pero más allá de los nombres propios, son los más de 300.000 accionistas y bonistas que perdieron su dinero en ampliaciones de capital indecorosas quienes esperan justicia. El del Popular es el mejor ejemplo de cómo no hay que hacer las cosas, desde el minuto uno del descalabro en la cotización que no evitó la autoridad bursátil y abrió la puerta a una fuga masiva de despósitos. El banco era solvente, pero no tenía liquidez, fue el ambiguo epitafio en su final.

La crisis del Popular la encaja incluso el Santander, que ha activado la madre de todos los Ere. El cierre de 1.150 oficinas y el despido de 3.464 empleados es el precio que al final paga Ana Patricia Botín.
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