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Manual de supervivencia

Julián Rodríguez | Zona Franca

Julián Rodríguez | 05 de mayo de 2020

Un operario monta un coche en la factoría de PSA en Vigo. DP
Un operario monta un coche en la factoría de PSA en Vigo. DP
De nada servirán las medidas propuestas por el comité de expertos de Feijóo si no se aplican

Es una caja de herramientas con un detallado manual de instrucciones. La primera entrega de las propuestas del comité de expertos que ha reunido la Xunta es un documento que tiene letra pequeña. Cierta miga, vamos. Y tres destinatarios finales: las administraciones central, autonómica y local. También es un retrato conciso, con casos prácticos, de lo que no se ha hecho bien hasta ahora. Para ello, recurren al análisis comparado con otros países e incluso con la propia OCDE. El vistazo a nuestro entorno, por tanto, es amplio. Todo, con dos objetivos: el diseño de instrumentos que se puedan activar en cuestión de días, con la menor burocracia posible, y la búsqueda de fórmulas para facilitar liquidez con seguridad y de inmediato. Suena bien.

¿Cómo se puede evitar que un problema de liquidez originado por la crisis actual en empresas viables se acabe convirtiendo en un impacto estructural en su solvencia, que lleve a su desaparición? Es la pregunta que se hacen determinados actores de la economía real que integran el sanedrín (Asociación Gallega de la Empresa Familiar, Foro Económico de Galicia, Consello Galego de Economistas y empresas como Inditex o Reganosa) y que da pie a una batería de veinte propuestas concretas, muy detalladas pero que siguen una pauta: la intervención pública debe iluminar con más fuerza la salida de este oscuro túnel. Más Estado en el peor momento. Y liderazgos.

Dos son los ejes básicos de las propuestas, el aplazamiento de impuestos, y una más decidida apuesta por reforzar las líneas de financiación pública, vía avales y nuevos instrumentos, por ejemplo, de organismos como el Ico o el Igape.

Para empezar, los gurús convocados por Núñez Feijóo apelan a cuestiones básicas: priorizar la tramitación de la devolución de impuestos o cobros indebidos, agilizar el pago de subvenciones o ayudas ya aprobadas y mejorar el pago a proveedores dentro de los plazos legales e incluso recortarlos hasta los quince días. La Xunta paga actualmente a 35 días, empeorando el parámetro desde comienzos de año. Estas son, por decirlo de algún modo, cuestiones de mínimos que plantea el comité de expertos. También abunda en los márgenes que deja la normativa fiscal para el aplazamiento y diferimiento de impuestos (IRPF, Iva, sociedades, impuestos y tasas locales) y el recorrido que hay en este ámbito. Para ello, el comité parte de un dato demoledor: "O 75% dos países da OCDE e G-20 adoptaron medidas de diferimento de impostos que, con carácter xeral, teñen por destinatarios colectivos máis amplos e cun ámbito temporal máis extenso". Y pone como referencia a Reino Unido y Alemania.

La modificación del plazo de declaración e ingreso de las autoliquidaciones del Iyva correspondiente a los dos primeros trimestres de 2020 o la eliminación, de forma transitoria, del sistema de pagos a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades, son propuestas que se dirigen a todas las empresas, grandes y pequeñas. Sin embargo, el comité también apuesta por herramientas que parecen solo al alcance de grandes corporaciones. Así, recomienda el establecimiento, de forma transitoria (años 2020 e 2021), de un sistema de compensación retroactiva de bases imponibles negativas de actividades económicas, o la monetización de los créditos fiscales por pérdidas registradas en 2020 y 2021, concretamente en la parte correspondiente a los gastos de personal realizados.

A la vista del primer informe presentado, el Estado (Gobierno y Xunta, en este caso) debe emplearse mucho más en la financiación. Los avales canalizados por el Instituto de Crédito Oficial (Ico), que a juicio de muchos sí debería actuar en esta crisis como un banco público, reciben un severo correctivo por parte del comité de expertos. No llegan a todas las empresas, y ni mucho menos a los negocios que llevan poco tiempo en marcha, empresas saliendo de concursos o con puntas de morosidad.

Tampoco el Igape se libra. Los expertos piden minimizar los plazos de respuesta para el organismo gallego, aprobar líneas de avales para cubrir necesidades financieras muy superiores a las actuales o abordar determinados sectores y ámbitos, como el turístico o los anticipos de la PAC.

La caja anticrisis ya tiene sus herramientas. La clave ahora está en que finalmente se usen. Y en el menor tiempo posible.

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