Unas 3.000 personas, según la Policía local de A Coruña, han participado hoy en una manifiestación en A Coruña en la que han pedido al Gobierno central pasar a la acción para mantener las plantas de la multinacional estadounidense del aluminio Alcoa en esta ciudad gallega y en Avilés. La manifestación, convocada en defensa de la actividad y del empleo y contra el despido de los 686 trabajadores de esas dos plantas de Alcoa, partió al mediodía desde la plaza de Palloza y los participantes recorrieron varias calles hasta la Delegación del Gobierno.
Durante el trayecto, de una duración de unos tres cuartos de hora, los manifestantes corearon consignas para pedir la intervención de las autoridades públicas en esa empresa privada. Los trabajadores piden a contrarreloj una solución antes de que concluyan, el próximo martes, las negociaciones del expediente para el despido de los 686 empleados de las dos plantas.
Los sindicatos, que pretenden que el Estado gestione las plantas hasta conseguir una alternativa empresarial que reanude la actividad, han convocado un acto para la prensa mañana, lunes, a las 11:00 horas ante del Ministerio de Industria para explicar sus reivindicaciones.
El presidente del comité de empresa de A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, pidió al Gobierno que "cambie de actitud y dé un paso al frente". "Tiene que intervenir de una manera o de otra, dejarse de postureo. No nos vale la propuesta de la empresa que está encima de la mesa de ninguna manera y queremos saber si esa propuesta sale del Ministerio, como nos ha dicho la propia Alcoa, de la Xunta y del Principado", indicó a los periodistas.
Los sindicatos rechazan la propuesta de la empresa de mantener una actividad parcial y 200 empleos a la espera de un inversor, una medida que no da solución a unos 500 de los 686 trabajadores que actualmente trabajan en los centros del fabricante estadounidense de aluminio en Avilés yA Coruña. "Están hablando de un Erte y un Ere posterior que llevaría a la extinción de los contratos en más de tres cuartas partes de la plantilla y la demolición del corazón de las fábricas", razonó el representante sindical.
Añadió que espera que el Gobierno les comunique su "posición final" y que la Xunta les "convoque a una reunión" todavía pendiente para que las piezas se definan "en el tablero". "Nos sobran palmaditas en la espalda y falta que se tomen soluciones. Que intervengan y, si no quieren nacionalizar, que gestionen las plantas hasta que se busque una alternativa", sostuvo.
Aseguró a Efe que "la situación cada vez más tensa" y consideró que "el Gobierno tiene que actuar porque no le queda otra", al tiempo que expresó que queda tiempo para encontrar una solución. "Si el Gobierno quiere lo resuelve en cinco minutos, no hace falta ni dos días, pero el Gobierno se tiene que poner firme y decir a Alcoa que no va a consentir cerrar ninguna de las fábricas. Nosotros no estamos pensando en despidos, sino en la continuidad de las plantas, de un sector estratégico y de futuro, y lo vamos a lograr", declaró.
"Esperemos -abundó- que el Gobierno esté de nuestra parte y no en contra. Si no, serán ellos los que cierren la empresa", advirtió Corbacho, quien también explicó que hay "empresas interesadas" en hacerse con las fábricas "pero no se fían de quien quiere vender las plantas, porque el primer interesado en no vendarlas es la propia Alcoa".
El secretario general de CCOO de Industria de Galicia, Víctor Ledo, señaló que "si el miércoles" Alcoa "ejecuta el expediente de regulación de empleo se estará riendo de la clase política de este país".
Por su parte, el secretario general de CIG, Paulo Carril, pidió al Gobierno "se coloque de una vez por todas de forma clara" porque si no será también "culpables" de la situación de las plantas de A Coruña y Avilés.
Los empleados de Asturias se sumaron a la manifestación y el vicepresidente del comité de empresa, Daniel Cuartas, de UGT, afirmó que los empleados mantienen la "intensidad del primer día" con el objetivo de "revertir la situación" porque "no puede ser que el Gobierno continúe con el inmovilismo, tiene que pasar a la acción", insistió.
El secretario general del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, dijo haber trasladado al Gobierno su petición de que "mantenga e intensifique su actividad para solucionar un conflicto que necesita responsabilidad por parte de todos los actores políticos y de una multinacional que tiene que entender por responsabilidad social que hay que encontrar una solución colectiva". Alcoa "recibió cientos de millones de euros de apoyo público" y por eso instó a que dé "seis meses de ampliación del periodo de consultas del Ere" con el objetivo de que se mantenga "no solo la parte de fundición" de la compañía "sino también la de electrólisis", dijo.
Por ello, pidió que en la recta final de las negociaciones se hagan "todos los esfuerzos para que la multinacional entienda que no se puede jugar con los trabajadores y los socialistas creemos que tiene que haber una política industrial activa, que el Gobierno tiene que mantener ese compromiso con los trabajadores de Alcoa y encontrar una solución", dijo.
La ministra de industria, Reyes Maroto, está "plenamente dedicada a encontrar una solución, trabajando con intensidad", añadió.
En la misma línea, el líder de En Marea, Luis Villares, afirmó que los miembros de su formación no van a "parar hasta que se consiga la viabilidad de las dos plantas, tanto en A Coruña como Avilés" y pidió "la paralización del ERE para que se produzca un escenario de seis meses más en que se pueda seguir negociando una viabilidad de la empresa". "Pedimos al Gobierno que se implique activamente y esto es intervenir para, en primer lugar, buscar un inversor que continúe con la actividad y, como medida alternativa, utilizar la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) para ponerse en la posición del antiguo propietario en caso de que este decida no continuar", apuntó.
El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro (Marea Atlántica), abogó por "una solución definitiva con un nuevo inversor y una continuidad a largo plazo de la planta" y consideró que, mientras tanto, no debe haber "despidos" ni puede "trocearse la planta o parar la actividad".
La líder del BNG, Ana Pontón, explicó que "ni Galicia ni A Coruña" pueden permitirse "el lujo de que cierre una factoria como esta", porque "no solo son 400 puestos de trabajo, es un sector estratégico y Galicia no puede continuar destruyendo empleo industrial. Seguimos diciendo que Alcoa es viable", subrayó.
Pontón instó tanto a la Xunta y al Ministerio de Industria a intervenir las fábricas y al presidente del Gobierno autonómico le pidió que no siga de "perfil".
La diputada de En Marea en el Congreso Yolanda Díaz afirmó que "esta situación se le fue de las manos a la ministra de industria" y calificó de "intolerable" que la salida sea "despedir a una parte sustancial de la plantilla". Opinó que "la solución está en manos de la SEPI, una intervención para garantizar la producción de aluminio primario" y pidió la intervención directa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Por su parte, la exconselleira de Medio Ambiente y candidata a la alcaldía de A Coruña por el PP, Beatriz Mato, , expresó su "decepción" por la falta de una "solución definitiva que única y exclusivamente le compete al Gobierno central".
