La minería perdió unos 1.400 empleos y más de 100 explotaciones en una década

El liderazgo mundial de Galicia en rocas ornamentales como la pizarra y el granito tira de un sector expuesto a la oposición ciudadana y que reclama más obra pública y menos burocracia

Trabajos de maquinaria en una cantera de pizarra de Vilarchao, en A Fonsagrada. SEBAS SENANDE
photo_camera Trabajos de maquinaria en una cantera de pizarra de Vilarchao, en A Fonsagrada. SEBAS SENANDE

La minería gallega atraviesa tiempos difíciles. A pesar de que Galicia detenta el liderazgo mundial en la explotación de rocas ornamentales como la pizarra y el granito, la sostenida pérdida de empresas y trabajadores habla de una tendencia decadente a la que se añade la contestación social que generan proyectos como la mina de Touro-O Pino, que devuelve ecos de luchas como la de Corcoesto. Frente a ello, el sector plantea remedios como la agilización de los trámites burocráticos, la recuperación de la obra pública o que el debate crítico no se sitúe en la supresión o no de toda explotación minera, sino en cómo conciliar de la mejor manera posible esta actividad, la protección del medio y un modo de vida que precisa abundante materia prima minera.

Según la Cámara Minera de Galicia, con datos de 2015, hay 287 explotaciones activas que dan empleo directo a 4.629 personas. Más de un centenar están vinculadas a la pizarra —que copan el 30% de la producción de losas para cubiertas— y el granito —roca en la que Galicia es cuarta potencia mundial—. Pero esta es solo la parte brillante de un sector dominado casi por completo por pymes y que representó el 1,22% del PIB autonómico de 2016. Lo cierto es que, desde hace más de una década, se perdieron más de cien explotaciones y unos 1.400 empleos, en cifras ministeriales. Los cierres en 2007 de las minas de lignito de As Pontes y Meirama por agotamiento y exigencias medioambientales ya se llevaron consigo más de 600 puestos. Aunque hoy la razón fundamental es el pinchazo de la burbuja del ladrillo, el principal cliente de las canteras. Esto se nota especialmente en los áridos.

Según la Cámara Minera de Galicia, con datos de 2015, hay 287 explotaciones activas que dan empleo directo a 4.629 personas

Se trata de un factor de relevancia si se tiene en cuenta que más de un tercio de las explotaciones de áridos del país están en Galicia, que cuenta con 94 entidades que generan un volumen de negocio de 42,2 millones. Es además una industria eminentemente local ya que, debido al escaso coste de la materia prima —arena y grava, granitos, cuarcitas...—, esta tiene que ser suministrada en cercanía para mantener un precio competitivo. Si bien su facturación aumentó el año pasado un 9,5% tras una década de crisis, esta tasa es menor que la media estatal por las condiciones menos favorables del mercado interno. Con todo, desde la industria afirman que solo con la recuperación de la obra pública con el mantenimiento de las carreteras —el 94% de sus componentes son áridos—, sería suficiente para tirar hacia delante del sector.

En Galicia rigen 112 leyes sobre la actividad minera que provocan que la concesión o no de permisos se demore de entre 2 y 6 años

RENTABILIDAD PASAJERA. Dentro de esta evolución de la oferta y la demanda es donde se encuadra la reapertura de la mina de cobre de Touro-O Pino, que supondría el renacer de una minería metálica inexistente en Galicia desde los 90, en especial por la caída en la cotización de unos minerales —estaño, wolframio, plomo, zinc...— que ahora volverían a estar al alza. Es lo que ocurre en Viana do Bolo, que desde comienzos de año alberga la única mina de Europa occidental de columbo-tantalita, el polémico coltán esencial para la tecnología y al que vinculan incluso conflictos bélicos en el Congo.

Respecto al cobre, destacan factores como el cambio en los modelos energéticos: cada aerogenerador de energía eólica requiere entre 400 y 4.000 kilos del metal, igualmente copioso en el motor de los vehículos eléctricos. De ahí que algunas estimaciones apunten a que la demanda de cobre se habrá quintuplicado en 2030.

Pero este concepto de rentabilidad momentánea no convence a los vecinos de Touro y O Pino, que se movilizan contra lo que consideran un potencial Prestige tierra adentro. Es más, ven en ello un afán de anteponer el beneficio inmediato sobre cualquier otra cosa. Es una reacción habitual, que se vive también en Salamanca ante su mina de uranio o en Cáceres, ante una de litio. Enfrente, las compañías alegan que cada proyecto ha de cumplir con un plan de restauración tras la explotación que rehabilite el espacio natural. Y defienden ejemplos como el lago que ahora cubre Meirama, de aguas aptas para el consumo.

Pero la industria lamenta que las restricciones no proceden solo de las fluctuaciones del mercado. La Cámara Minera indica que España es el país de la Unión Europea con más leyes para la actividad extractiva. Son 112 que provocan que la concesión o no de permisos se demore de entre 2 y 6 años sin que ello implique más protección, sino una madeja de trabas burocráticas, aseguran. Así, mientras piden una agilización del proceso, al modo de la ‘ventanilla única’ lusa que reduce los trámites a 11 meses, en Galicia confían en que medidas como la Lei de Implantación Empresarial de octubre de 2017 dinamicen las gestiones y florezcan en un repunte de empresas y empleo.

Mina "non"
La "licencia social" capaz de tumbar proyectos como la reapertura de Touro-O PinO


"Si no nos hubieramos quejado desde un principio de que este proyecto es un atentado contra nuestros medios de vida, ya estaría aprobado". Existe una norma no escrita en el ámbito empresarial, la de la ‘licencia social’, que puede llegar a tener tanta validez para abrir un negocio como un permiso administrativo. En esta idea se apoya el colectivo Mina Touro-O Pino Non para tratar de impedir la reapertura de la explotación de cobre, aún en trámites. Una acción civil que recuerda a la que contribuyó a tumbar el plan que la multinacional Edgewater tenía para extraer oro en Corcoesto.

"Nosotros ya sabemos lo que es tener una mina a cielo abierto", explica desde esta plataforma Isabel García, que lamenta que la única herencia de la mina abandonada a mediados de los 80 fue "dos ríos muertos, vertederos y balsas de lodos en las que no hay recuperación medioambiental porque no se puede plantar nada". Por ello, duda del concepto de rehabilitación de la industria, frente al que propone fomentar el reciclaje o un menor consumo.

García avisa de que "más de la mitad de las 700 hectáreas" del proyecto "tendrían que ser expropiadas a los vecinos" para "nunca" ser devueltas, como ocurrió con la anterior explotación, asegura. La mina "es un destrozo tanto para el patrimonio natural como para el cultural", ya que la actividad también afectaría al Camino de Santiago, y en cuanto a la creación de riqueza, estaría ligada a "un empleo temporal y efímero" que "para nada supera el que ya existe", remata. Por estas razones, y añadiendo los informes sectoriales adversos, el colectivo insiste en que su intención "es que la Administración actúe y diga de una vez que no". Por ahora, "son los ciudadanos quienes han de estar permanentemente vigilando que una empresa cumpla la ley", critica García.

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