La cuñada de Silva dice que consiguió el trabajo en Imesapi "entregando el currículum"

Tras dos incomparecencias, Vanesa Falque acudió al edificio judicial, escoltada por dos policías

Segunda jornada del juicio por el enchufe de la cuñada de Carmela Silva. SALVADOR SAS (EFE)
photo_camera Segunda jornada del juicio por el enchufe de la cuñada de Carmela Silva. SALVADOR SAS (EFE)

La testigo Vanesa Falque, cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, que ha declarado este miércoles en el juicio por su supuesto enchufe en la concesionaria municipal de Vigo Imesapi, ha asegurado ante el tribunal que consiguió ese trabajo "entregando el currículum" en la propia empresa. 

En un declaración accidentada, en la que fue reconvenida varias veces por el presidente del tribunal por sus continuas evasivas y por decir reiteradamente que no se acordaba o no tenía "ni idea" de lo que le preguntaban, Vanesa Falque ha acabado admitiendo que trabajó haciendo encuestas en el Ayuntamiento olívico. 

Esta testigo, que estaba citada para este martes y no se presentó, ha comparecido finalmente este miércoles, después de que el juez ordenase a la Policía su localización y conducción a los juzgados. De hecho, Vanesa Falque llegó acompañada por un familiar y entró en la sala de vistas escoltada por dos agentes. 

La Fiscalía pide para Francisco Gutiérrez Orúe, jefe de servicio de Participación y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Vigo entre 2008 y 2013, ocho años de cárcel y treinta de inhabilitación para empleo o cargo público, por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.

Lo acusa de maniobrar para que el Ayuntamiento diera una ocupación laboral a una mujer "muy afín a un miembro del gobierno local", en alusión a Vanesa Falque., cuñada de Silva, actual presidenta de la Diputación de Pontevedra.

Para ello, según señala la Fiscalía en su escrito de acusación, ideó un plan utilizando procesos de contratación regulados en la ley pero que vulneraban los procesos legales de oferta pública de empleo, así como los principios de libre concurrencia, transparencia y publicidad.

Por ello, la Fiscalía reclama siete años de prisión y veinte de inhabilitación para el administrador de Imesapi, Ramón Comesaña, y demanda que ambos acusados indemnicen al Ayuntamiento de Vigo con 108.147 euros.

La Fiscalía reclama que Francisco Gutiérrez Orúe y Ramón Comesaña indemnicen al Ayuntamiento de Vigo con 108.147 euros

Según el escrito de acusación, el alto funcionario del Ayuntamiento de Vigo requirió al otro acusado que contratase a Vanesa Falque, quien había realizado una sustitución en Imesapi durante diez días.

Para ello, el administrador de la concesionaria "aparentó" la contratación la cuñada de Silva pese a que no se necesitaba más personal en los centros cívicos que gestionaba esta empresa y sin que ésta fuera "realmente su empleador", pues Vanesa Falque "recibía las órdenes de trabajo" de Francisco Gutiérrez Orúe.

Para el abono de sus nóminas, elaboradas "de forma mendaz" en cuanto a cantidades y conceptos, ambos acusados "idearon un plan" por el que Impesapi facturaba al Ayuntamiento diversas cantidades a través del uso fraudulento del procedimiento de sucesivos contratos menores adjudicados directamente a dicha empresa.

Adicionalmente, el alto funcionario municipal daba al gerente de la concesionaria las instrucciones para la realización de encuestas de calidad de los servicios municipales, que se materializaron en un total de nueve contratos menores, entre septiembre de 2008 y septiembre de 2013, según la Fiscalía.

Abunda en que esas encuestas de calidad que "supuestamente" le costaron al Ayuntamiento de Vigo 108.147,22 euros no fueron realizadas por Imesapi, y que de hecho se desconoce quién las realizó, pese a lo cual Ramón Comesaña elaboró o mandó elaborar, y cobró, las facturas fraudulentas emitidas.

En esta causa fueron investigados Vanesa Falque., el concejal de Participación Ciudadana de Vigo, Santos Héctor, y José Antonio M.B., apoderado de Imesapi, aunque a lo largo de la instrucción la juez sobreseyó las actuaciones respecto de ellos.

El Juzgado de instrucción 7 de Vigo desimputó a Santos Héctor al no quedar acreditado que tuviera "conocimiento efectivo" sobre la "finalidad pretendida" con los contratos menores de encuestas de calidad encargados por su departamento a Imesapi.

Vanesa Falque fue desimputada previamente por prescripción del delito que se le atribuía, además de los interventores municipales Luis G.A. y Juan Ramón G.O. y del apoderado de Imesapi, José Antonio M.B.

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