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El Parlamento aprueba ampliar algunas funciones del Valedor do Pobo

Galiciae | 16 de enero de 2018

Milagros Otero durante el acto de toma de posesión como Valedora do Pobo. EP
Milagros Otero durante el acto de toma de posesión como Valedora do Pobo. EP

Milagros Otero contará de esta forma con nuevas responsabilidades como el comisionado de la transparencia

La comisión de Peticiones del Parlamento de Galicia ha dado luz verde por unanimidad a un informe que preconiza reforma el reglamento del Valedor do Pobo, órgano cuya representación actualmente recae sobre Milagros Otero, para atribuirle más funciones.

La modificación incorpora cambios, en su mayoría relacionados con sus nuevas funciones como comisionado de la transparencia y ligadas a nuevas competencias adquiridas, como la capacidad de decidir sobre la representación y defensa en juicio de este órgano, además de ejercer la jefatura del personal y la potestad disciplinaria.

La diputada del PPdeG Paula Prado ha celebrado la aprobación de esta modificación reglamentaria al señalar que el Gobierno gallego optó por "darle más protagonismo" a esta institución en años de crisis en vez de suprimirla como hicieron otros ejecutivos autonómicos.

A su vez, los portavoces de la oposición no han manifestado discrepancias relevantes con el contenido de la nueva reforma, que, en palabras del portavoz del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, incorpora "avances relevantes" y enmiendas "razonables" para mejorar el funcionamiento de este órgano.

Asimismo, la comisión de Peticiones también ha abordado esta mañana tres iniciativas que han sido remitidas a los grupos parlamentarios para que de ahí se deriven las propuestas que consideren oportunas.

OTRAS INICIATIVAS. La primera de ellas es un documento de la formación política UPyD en el que se pide que el Parlamento de Galicia apruebe una declaración institucional en contra del referéndum soberanista en Cataluña, mientras que las otras dos son distintas iniciativas de colectivos sociales en las que se pide el amparo de las víctimas de desapariciones infantiles forzadas o la prohibición de la caza en los terrenos afectados por la pasada ola de incendios forestales.

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