El Ministerio Público de Pontevedra presentó en el juzgado de lo Mercantil de la ciudad del Lérez la anunciada demanda de juicio ordinario en ejercicio de acción colectiva en defensa de los usuarios de la AP9, que incluye la restitución de las cantidades abonadas por los conductores en concepto de peajes durante los más de 3 años de obras en el puente de Rande.
La Fiscalía señala que Audasa siguió cobrando idénticas tarifas pese a la "restricciones permanente del tráfico". Durante las obras, la entidad mantuvo invariables las tarifas a pesar de las restricciones permanentes de tráfico.
La demanda insiste en que, durante el periodo indicado, “el tráfico se vio permanentemente afectado en el tramo del puente de Rande, dado que la reducción del número de carriles en uso y la reducción de los límites de velocidad, además de las sucesivas tareas de ejecución de las obras, implicaron, en todo momento y aunque puntualmente no hubiera acumulación de vehículos, que la fluidez de la circulación disminuyera, siendo preciso emplear más tiempo del habitual para recorrer la misma distancia de autopista”.
"No solo se mantuvo el cobro íntegro del peaje, sino que incluso se incrementó a partir del 1 de enero"
Por estas razones, “todos los vehículos que circularon en ese tramo entre las fechas indicadas se vieron afectados, en cuanto recibieron un servicio de la autopista con insuficientes condiciones de fluidez y seguridad”.
"Las mismas circunstancias relatadas favorecieron la aparición de embotellamientos y retenciones, los cuales se sucedieron de forma constante y cotidiana", continúa.
Pese a estas circunstancias, la Fiscalía recuerda que “no sólo se ha mantenido el cobro íntegro del peaje en todo momento, pese a las afectaciones del tráfico, sino que se incrementó a partir del día 1 de enero de 2018, tras una inauguración de las obras que se realizó el 30 de diciembre de 2017 aun cuando se continuaron realizando trabajos similares en la calzada con posterioridad a esa fecha”.