La fusión a la que acaba de verse abocada Mutua Gallega ha puesto en evidencia las tensiones financieras que sufren estas asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro que colaboran con la Seguridad Social en la gestión de prestaciones públicas como las que cubren las contingencias profesionales —enfermedades y accidentes derivados del trabajo— o las asociadas a las bajas por patologías y siniestros acaecidos fuera del entorno laboral.
Es precisamente el incremento de este último tipo de procesos de incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes y el gasto que acarrean, lo que trae de cabeza a estas entidades y les ha llevado a reclamar al Gobierno que les faculte para emitir altas médicas en lo que toca a dolencias psiquiátricas o traumatológicas como un esguince o la fractura de un brazo. Y es que, cuando un trabajador sufre una lesión de este tipo fuera de su puesto, el seguimiento de la baja recae en la Seguridad Social.
Tirando de datos, las mutuas argumentan que, mientras la duración media de una IT por la torcedura de pierna es de unos 45,6 días en los casos que controlan por tratarse de lesiones sobrevenidas en el ‘tajo’, la convalecencia llega a las 72,29 jornadas cuando se trata de una contingencia común, en cuyo caso es el médico de cabecera el que debe dar el alta. El sector atribuye la brecha a la carga asistencial que soportan los servicios públicos e incluso avisa del impacto del absentismo en la competitividad
de las empresas.
El año pasado, las mutuas vieron incrementarse un 13% respecto a 2016 el gasto en la cobertura de las bajas por enfermedades y accidentes ajenos al entorno laboral, hasta los 4.500 millones de euros. En ese mismo periodo, la factura asociada a las contingencias profesionales se elevó un 5% al situarse en 873 millones. En cuanto a los ingresos, de los que más del 90% procede de las cotizaciones, crecieron un 2% en un escenario en el que el aumento de la ocupación está elevando algo los recursos que maneja la Seguridad Social.
¿Qué parte de las cuotas sociales gestionan estas entidades? Como explica la laboralista Sandra Cid, al margen de la financiación de las contingencias profesionales que sale de lo que cotizan las empresas por el trabajador en función del riesgo físico que presente su sector, anualmente, se establece lo que recibirán las mutuas para hacer frente a las prestaciones de las bajas por contingencias comunes. Para 2018 se estableció un coeficiente del 0,051% sobre la aportación correspondiente que realizan tanto la empresa como el asalariado como una parte de la cotización. Un porcentaje que en el caso de las mutuas que "acrediten la insuficiencia financiera en base a circunstancias estructurales" se sitúa en el 0,055%.
"Esto implica que, aunque son empresas sin ánimo de lucro, la que mejor haya gestionado los recursos el año anterior es la que más aportación recibirá para el ejercicio siguiente", constata la experta, con despacho en Vigo. De forma gráfica, la consultora miembro de la asociación Executivas de Galicia añade que "funcionan como una empresa a la que se asigna una partida presupuestaria y que, cuanto más dinero devuelva a las arcas públicas a fin de año, mejor valorada estará". De ahí que su actividad sea vista con cierto recelo por parte de los trabajadores.
"En 2010, el sector recibía un 6% de las cotizaciones por contingencias comunes para financiar esta prestación, pero a partir de 2011 se redujo al 5", expone Pedro Pablo Sanz Casado, el director gerente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (Amat). Pese al ese recorte, al descender el absentismo durante la crisis la financiación resultaba "suficiente" para cubrir las prestaciones e incluso se generó un sobrante que, una vez cubiertas las reservas obligatorias, se ingresaba en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, esto es, la ‘hucha de las pensiones’.
En 2017, el sector vio crecer un 13% el gasto para cubrir las prestaciones derivadas de patologías y accidentes ajenos al entorno laboral
Las cosas cambiaron a partir de 2013, pues con la reactivación del mercado laboral las bajas por enfermedades convencionales "comenzaron a incrementarse", al igual que gasto, hasta que en 2015 el sistema de contingencias comunes entró en déficit. Y el agujero creció hasta rondar este año los 738 millones, según la patronal Amat.
Hasta ahora, cada entidad fue cubriendo el déficit tirando de las reservas de contingencias comunes, pero estos fondos constituidos años atrás van a menos. Sanz indica que para equilibrar las cuentas también entraron en juego los excedentes de las prestaciones por accidentes y patologías laborales. Y esto acabó provocando que la solvencia de estos entes, entendida como el total de las reservas sobre las cotizaciones «se redujese en cuatro años del 37 al 27%, «poniendo secuencialmente en riesgo la viabilidad» del sector.
En esta situación, estas asociaciones de empresarios reivindican que "son parte" de la Seguridad Social a la que piden, entre otros aspectos, que vuelva a transferirles un 6% de las cotizaciones por contingencias comunes.
¿Y si se sufre una dolencia causada por el trabajo?
El afectado recibirá el 75% de la base de cotización desde el primer día de baja. Esa jornada la costeará el empresario y, a partir de entonces, la mutua se hará cargo.
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Son los médicos que suman las 20 mutuas que operan en España —19 en cuanto se consume la fusión de Mutua Gallega con Ibermutuamur—. El director gerente de la patronal Amat defiende que se les faculte para dispensar altas en casos de accidentes o enfermedades no laborales argumentando que "están sujetos al mismo código ético y deontológico" que los profesionales de los servicios públicos.
