La Sala III del Tribunal Supremo ha acordado que no ha lugar a la suspensión cautelar de la sanción de siete meses y un día de suspensión de funciones impuesta por el Consejo General del Poder Judicial a la jueza Pilar de Lara por una falta muy grave de desatención prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El Supremo rechaza la suspensión cautelar pedida por la jueza, que ponía de manifiesto que la sanción implicaba la pérdida de destino y con ello graves perjuicios personales y familiares.
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La Sala contesta que, "ante los hechos declarados probados en vía administrativa y que han determinado la imposición de la sanción, la ponderación de intereses debe inclinarse en favor del interés general del buen funcionamiento de la administración de justicia, que requiere que se cumplan las sanciones impuestas por conductas gravemente contrarias al mismo, sin perjuicio de lo que se resuelva en sentencia".
Respecto a los supuestos perjuicios derivados de la pérdida de destino, destaca que nada impide que una hipotética sentencia favorable le restituya en el juzgado en el que ahora desempeña sus funciones. "No hay por tanto pérdida de finalidad del recurso ni en cuanto a la plaza que ocupa ni en cuanto a las restantes consecuencias económicas o profesionales", dice el auto.
La jueza dejará el juzgado según le llegue la notificación del Supremo vía correo certificado. Eso ocurrirá cualquier día de la próxima semana. Ese día dejará de ser la titular del juzgado de instrucción número uno de Lugo y pasará a cumplir los siete meses de suspensión de empleo y sueldo. Transcurrido ese plazo, De Lara tendrá que concurrir obligatoriamente en el siguiente concurso de plazas que convoque Justicia y le será asignado el juzgado que quede sin aspirante.
