Las patronales provinciales de estaciones de servicio de Galicia analizan emprender acciones judiciales para tumbar el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos al defender que el hecho de que cada comunidad pueda fijar el gravamen que juzgue pertinente dentro de un rango de 0 a 4,8 céntimos por litro, el máximo permitido por el Ministerio de Hacienda, supone "una discriminación impositiva", además de castigar el bolsillo del consumidor.
Sostienen que su facturación se ha visto resentida como consecuencia de que muchas empresas de transporte y maquinaria pesada se surten de carburante en Castilla y León. Y es que, al igual que Cantabria, Navarra, La Rioja y País Vasco, la comunidad vecina no aplica la parte autonómica de un gravamen que se completa con otros dos tramos más: el que carga Hacienda —que grava cada litro de gasolina con 40 céntimos, que se reducen a 30,7 en el caso del diésel— y el especial —que eleva los precios en otros 2,4 céntimos—.
Los gallegos siguen los pasos dados en otras comunidades como Cataluña, donde el sector planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal Económico-Administrativo regional para que la elevase al Tribunal de Justicia de la UE con el fin de que aclare si vulnera la directiva comunitaria 2003/96/CE, que fija las normas básicas por las que debe regirse este tributo a nivel europeo. En su artículo 5, la norma establece que los estados podrán aplicar tipos diferenciados escudándose en parámetros como la calidad o el uso profesional o no, pero no contempla el territorio entre las casuísticas.
Con este precedente, este jueves varios empresarios acudieron en Santiago a un foro organizado por la Federación Gallega de Estaciones de Servicio, que contactó con el bufete Caamaño, Concheiro&Seoane para abordar esta problemática. Según explicó a AGN el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Miguel Caamaño las vías a estudio son varias. Por una parte, que las cuatro patronales provinciales lideren acciones "de naturaleza institucional"; por otra, que la federación acuda a los tribunales para aclarar si, tal y como está concebido, el tramo autonómico del tributo respeta o no el ordenamiento comunitario.
Las reclamaciones individuales por parte de las estaciones afectadas son la otra alternativa, promoviendo acciones de reparación de daños y perjuicios por las pérdidas de facturación acarreadas por el tributo. "En algunos casos será complicado demostrarlo y en otros será muy claro, pues en Xinzo hay empresas que perdieron contratos con compañías de transporte que van a repostar a Castilla y León porque les resulta más barato", constata el jurista, que apunta a la alteración de las reglas de la libre competencia. El modelo actual de impuesto de hidrocarburos entró en vigor en enero de 2013 tras las reiteradas advertencias de la UE sobre la ilegalidad del anteriormente conocido como 'céntimo sanitario', unos avisos que culminaron en febrero de 2014 con la anulación del tributo por parte del TJUE porque la recaudación no se destinó al fin declarado, que consistía en proteger la salud y el medio ambiente.
PRECIOS
Dejando a un lado los tributos, que determinan el 50% del precio del gasoil y el 55% del de la gasolina en Galicia, en los surtidores españoles el diésel se paga estos días a una media de 1,132 euros, un 1,8% por debajo del nivel de la semana pasada. Según los datos del Boletín Petrolero de la UE, la gasolina se abarató un 1,6% y cotiza a una media de 1,228 euros.
