Con casi 200 millones, mucha pedagogía ciudadana y los mismos medios humanos y materiales del año pasado se propone la Xunta plantar cara al fuego en una campaña de alto riesgo que, aunque oficialmente se inicia en julio, empieza a dar señales preocupantes en este arranque de primavera, donde las temperaturas ya alcanzaron los 30 grados. El objetivo: que no ardan más de 20.711 hectáreas, un reto que se venía cumpliendo en los últimos años hasta el fatídico fin de semana de octubre de 2017 en el que se pulverizaron todos los récords negativos en materia incendiaria.
El plan de prevención y defensa contra los incendios forestales (Pladiga), que recibió este jueves el visto bueno del Consello da Xunta solo un día después de pasar el filtro del sector forestal, manejará 192 millones de euros, que son 22 más que el año pasado. Diez se incrementan en el propio grueso del Pladiga, mientras que siete pertenecen al programa Aprol Rural y cinco, a nuevos talleres de empleo en el sector forestal. En total y según avanzaron ayer el vicepresidente Alfonso Rueda y la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, "tres de cada catro euros" se invertirán en prevención y el resto, en extinción.
CONCIENCIACIÓN. La principal razón de este reparto tan desigual hay que buscarla en la nueva filosofía que quiere implantar la Xunta y que pasa, principalmente, por implicar a los propietarios del monte. Medio Rural quiere que al menos se responsabilicen de mantener limpias las franjas de seguridad próximas a viviendas, que son 50 metros. Y quien no lo haga antes del 31 de mayo, un mes antes de lo que venía siendo habitual, se expone a multas de hasta 3.000 euros.
Ángeles Vázquez rechazó que la Xunta tenga un afán recaudatorio y, de hecho, no hubo por ahora sanciones al respecto. Pero a partir del último día de mayo cambiarán las cosas ya que nadie tendrá "desculpa" para asumir esos trabajos de limpieza de forma subsidiaria, ni los particulares ni los concellos. Para ello se firmó un convenio de colaboración con la Fegamp en el que la Xunta financiará la mayoría de los trabajos ante las dificultades económicas de los ayuntamientos.
MEDIOS. El incremento presupuestario del Pladiga no llevará aparejado, sin embargo, más medios humanos o materiales, más allá de la instalación de 34 cámaras de videovigilancia que cubrirán el 48% del territorio. Así, habrá 7.000 personas en el monte entre los 5.700 efectivos autonómicos y los 1.300 del Estado y el Ejército, cuyas vacantes se cubrirán, eso sí, al cien por cien e incluso se ampliará su periodo laboral.
En cuanto a maquinaria, operarán 30 medios aéreos y 360 motobombas, entre otros de los parques móviles municipales. Eso sí, se incluye un helicóptero que hace fotos en tiempo real y transmite imágenes y vídeo georreferenciados, lo mejora la eficacia en la respuesta contra las llamas.
El Pladiga contempla otras novedades como extender la campaña de alto riesgo un mes más, hasta el 31 de octubre o echar mano de cazadores y radioaficionados para labores de vigilancia.
TALLERES DE EMPLEO. El Consello, que este jueves presidió Alfonso Rueda por la presencia de Alberto Núñez Feijóo en A Coruña con la Reina emérita, también dio luz verde a una novedosa iniciativa muy relacionada con el monte: los talleres de empleo duales. A diferencia de los 'obradoiros' clásicos de los concellos, que incluyen formación durante nueve meses, estos añadirán al final un contrato de tres meses en prácticas en una empresa. Y la prioridad será para aquellos especializados en el ámbito forestal o el Camino.
La Consellería de Economía destinará a esta iniciativa 30 millones de euros con los que prevé favorecer la inserción laboral de 2.000 desempleados gallegos. Los talleres forestales, que abordarán la repoblación, conservación, seguridad, silvicultura y vigilancia de incendios, se llevarán 5 millones del montante global, casi el doble que para los del Camino (3 millones), destinados a poner en valor las rutas de peregrinación.
Los talleres duales de este año tendrán un 50% más de dinero, seguirán ofreciendo certificado de profesionalidad y, por primera vez, se abren a entidades sin ánimo de lucro del sector forestal.
MONTES COMUNALES. Este paquete de medidas forestales de la Xunta vio la luz a las puertas de que comuneros más de 3.000 montes vecinales salgan a la calle en Santiago este domingo para protestar contra la "privatización" que, según denuncian, el PP quiere llevar a cabo con sus tierras en el nuevo plan forestal, que contempla alquilar los terrenos improductivos que se abandonen.
