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Julián Rodríguez, responsable del espacio Zona Franca, en los medios del Grupo El Progreso.

Alcoa, ante la solución final

La crisis de Alcoa encaja como un guante en el precepto constitucional para la intervención
Marcha de los alumnos de los institutos mariñanos junto con los trabajadores de Alcoa. JOSÉ Mª ÁLVEZ
Marcha de los alumnos de los institutos mariñanos junto con los trabajadores de Alcoa. JOSÉ Mª ÁLVEZ

POR larga que sea la caminata, siempre hay un primer paso. Lástima que el tiempo perdido en seis meses de campaña electoral en Galicia (primera convocatoria aplazada el 5 de abril, y segunda y definitiva, el 12 de julio) no haya permitido a Gobierno central y Xunta transitar unidos por la misma vereda. Porque en la crisis de Alcoa el tiempo ha sido y es oro. Y quien ha dado cuerda hasta ahora a ese crítico reloj para el cierre de San Cibrao ha sido la multinacional norteamericana. Sus directivos marcaban los tiempos entre tanta zozobra electoral y puyas electoralistas.

Pero Alcoa se está quedando sin espacio sobre el tablero, justo en el momento en que Madrid y San Caetano avanzan unidos y en la misma dirección. Camino largo, pasos firmes, parece ser esta vez. En ese juego de achiques hay que situar dos maniobras de calado tomadas esta misma semana: la decisión del Ministerio de Industria de requerir formalmente a la compañía la devolución de 50 millones por compensaciones de costes por emisiones de CO2 y la calificación de "esencial y estratégico" como sector en sí mismo que ha conferido la Xunta a los grandes consumidores de electricidad en Galicia. Dos lecturas tiene esta decisión del Gobierno gallego, más allá de elevar un grado más la presión sobre Alcoa.

De un lado, al calificar a las electrointensivas gallegas así, de estratégicas, la Xunta incorpora en el saco a grandes clientes del aluminio que sale de San Cibrao, como pueden ser grupos como Cortizo, Extrugasa, Exlabesa o Aluman. Oxígeno, pues, para ellos, porque no es lo mismo comprar tochos de extrusión en el mercado nacional que tener que importarlos, que sería una de las consecuencias indirectas del cierre de la planta de San Cibrao.

Con la decisión de la Xunta, el mensaje también se amplifica, ya que supone en la práctica alfombrar el camino para posibles compradores de la planta de aluminio de Cervo. De entrada, con la nominación de estratégicas, el Gobierno gallego otorga carácter prioritario a los trámites de su competencia para la implantación y puesta en marcha de un proyecto industrial, sea de inversión, ampliación, modernización o transformación. ¿Estarán pensando en Liberty los chicos Francisco Conde? El tiro parece ir claramente por ahí.

Y es también el grupo británico quien mueve ficha sobre el mismo tablero. Más mensajes: ha presentado una oferta no vinculante para hacerse con la división de acero de la alemana ThyssenKrupp con el objetivo crear un gigante europeo, aunque a mucha distancia de Arcelor Mittal. Y más allá de la operación, salga o no, lo que queda claro es su apetito inversor y en la liga en la que pretende jugar Liberty, la de los nombres propios de la producción de metales. Más credenciales, sobran. Y otra vez menos espacio para Alcoa como operador global.

El grupo de Pensilvania ha comunicado ya al mercado norteamericano el coste de sus planes de reducción de costes, al anunciar que estima entre 35 y 40 millones de dólares los «cargos de reestructuración» que tendrá que afrontar en el último trimestre ligados al cierre de Lugo. Ese importe está directamente relacionado con el impacto en sus cuentas del despido colectivo activado, sin entrar a detallar otros gastos derivados de su eventual marcha, que también serán millonarios. Es la primera vez que pone cifras al coste más inmediato que generará el cierre de San Cibrao, otro mensaje, para indignación de la plantilla.

Pero no todo son verdades absolutas en toda esta batalla. Ni mucho menos. Por ejemplo, es muy relativo que el precio del aluminio esté por los suelos, como apunta Alcoa para justificar sus decisiones. La tonelada de aluminio cotizaba a principios de octubre a poco más de 1.800 dólares. En julio de 2019, cuando Alcoa selló el traspaso de las plantas de A Coruña y Avilés a Parter (en menos de un año las revendería), la tonelada de aluminio estaba más baja, en concreto, en poco más de 1.780 dólares.

Todo influye, pero es la propia Constitución española lo que de verdad contribuirá a crear un nuevo entorno para San Cibrao. La solución final. El botón que nadie se atreve por ahora a apretar. Es el artículo 128, que permite "acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general" y reserva al sector público "recursos o servicios esenciales, especialmente en situación de monopolio". Parece llegado el caso.

Nadia Calviño ►Aprobado del CIS para la ministra más centrada

NADIA Calviño es el pegamento imprescindible del Gobierno de Sánchez con los empresarios. También con los altos funcionarios de la Comisión Europea, donde se fogueó durante años. Y el CIS de Tezanos, ahora, reconoce su perfil, que es técnico, pero también templado, hasta cierto punto moderado dentro del PSOE. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital es la única integrante del Ejecutivo de Pedro Sánchez que logra el aprobado en el último barómetro del CIS, en el que obtiene una nota de 5 puntos. Por algo será. Una sugerencia: si además fuera ministra portavoz el Gobierno lograría mucha más credibilidad entre la opinión pública.

Yolanda Díaz ► La alumna, más valorada que el profesor Iglesias

YOLANDA Díaz es hasta cierto punto una sorpresa. Tiende puentes obligados con empresarios y sindicatos. Y logra acuerdos. El CIS lo reconoce. Ha obtenido una valoración de 4,6 puntos por parte de los ciudadanos y se sitúa como la cuarta representante del Gobierno de Pedro Sánchez con mayor nota. Lo hace en un periodo en el que ha sido la cabeza visible de las negociaciones para alargar los Expedientes de Regulación Temporal de empleo para hacer frente a la pandemia. Díaz supera con creces la valoración que recibe su jefe directo, el vicepresidente Pablo Iglesias, uno de los peor puntuados, con un suspenso del 3,4. Y eso que apenas maneja presupuesto. Lo suyo, está claro, es hablar, no pactar.

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