EN LOS reservados de los restaurantes y en cualquier reunión de trabajo, la pregunta se repite: ¿hasta cuándo y, sobre todo, hasta qué punto este parón va a afectar a la economía gallega? Ningún empresario o ejecutivo mínimamente informado duda ya de que estamos en una fase de clara desaceleración, en la que el mix de elementos que convergen presenta los recurrentes factores externos (debilidad de la zona euro, guerra comercial global, proteccionismo rampante...) e internos, que pivotan básicamente sobre la falta de expectativas claras para garantizar la gobernabilidad de España en el corto plazo.
Hasta ahora, la clase política encajaba el golpe como podía y admitía con voz baja el nuevo escenario, que en el caso gallego era adelantado por laboratorios de ideas como el Foro Económico de Galicia, amplios análisis como el informe anual A Economía Galega, recientemente presentado por el Idega (USC) y Afundación, o indicadores como en el barómetro del emergente Consello Galego de Economistas. Demasiados focos que apuntan en la misma dirección como para no tomarlos en consideración. El diagnóstico, desde el plano macroeconómico, siempre era el mismo. Un nuevo ciclo sustituye al anterior, el de la salida de la crisis, y se carateriza por un crecimiento del PIB que apunta a ritmos mucho más moderados, con la creación de empleo como elemento más débil de la cadena. Pero faltaba la economía que se puede tocar más allá de las listas del paro o el PIB: las empresas.
Como un algodón que no engaña, el Consorcio de la Zona Franca de Vigo presenta el Informe de Competitividad de la Empresa Gallega, que sintetiza la base de datos Ardán. Se trata de la más clara aproximación a la situación real de las empresas asentadas en Galicia, una vez analizadas en un profuso análisis. ¿Conclusiones? Pues con datos de 2017 y 2018 en la mano, y estableciendo parámetros que van años atrás en el tiempo, el resultado es similar, esta vez con números apoyados en las cuentas de resultados y balances de un total de 35.522 empresas gallegas que han depositado sus cuentas anuales en el Registro Mercantil. Esa nutrida nómina ha facturado 89.500 millones de euros y ha aportado al PIB, a través de lo que se conoce como el valor añadido bruto, unos 21.000 millones de euros. Medido en número de trabajadores, esas empresas dan empleo a 386.280 personas. Es la mayor radiografía que se realiza anualmente de la realidad empresarial en Galicia. ¿Y qué nos cuenta ese libro abierto?
Dos elementos básicos para medir la salud empresarial, aunque sea de forma epidérmica: los ingresos y los beneficios. Pues bien, en general, ambos parámetros siguen la senda del crecimiento, pero se constata un freno y cierta divergencia si se comparan las empresas gallegas con las españolas. El informe indica que Galicia pasa de una tasa de variación en los ingresos de explotación de 6,6% en 2016 al 4,2% en 2017, mientras que España transita del 2,8% en 2016 al 4,7% en 2017. Direcciones opuestas. Si se analiza la muestra en función de los valores agregados se constata una desaceleración en el crecimiento del resultado del ejercicio, el beneficio, donde las empresas gallegas obtienen una tasa de crecimiento en 2017 del 9,2%, que no está nada mal, pero que representa 3,5 puntos menos que en 2016.
En cuanto a la evolución de lo que se conoce como el cash flow (recursos generados, que viene a leerse como el beneficio más las amortizaciones), se vuelve a constatar a nivel agregado una senda de crecimiento en 2017, pero también a un ritmo menor que en el periodo anterior, pasando del 8,8% en 2016 al 7,1% del mencionado ejercicio.
Otro indicador especialmente sensible, y que suele adelantar por parte de los empresarios decisiones ante un futuro más o menos incierto, son las inversiones. Pues bien, en el análisis de más de 30.000 empresas gallegas realizado por Ardán durante el periodo homogéneo 2015-2017, la inversión total, a nivel agregado, obtiene una tasa de variación positiva del 3,4% en 2017, continuando la senda de crecimiento en la inversión (activo total), pero con una cierta desaceleración respecto al año anterior, donde esa tasa se situaba en el 5,02%. Por tanto, un punto y medio porcentual menos que en 2016. Otro parámetro, el de las decisiones de inversión por parte de las empresas, que adelanta escenarios adversos.
Y así entra Galicia, a ojos de sus empresas, en un período de incertidumbre que ya no solo tiene su espejo en los informes macroeconómicos. Es la economía del día a día. Una apuesta: pronto llegará una revisión a la baja del escenario de crecimiento del PIB gallego para este año. Siempre se podrá atribuir a la falta de gobierno.
Todo un oasis en la nueva crisis bancaria
LA NUEVA crisis bancaria es hasta cierto punto silenciosa, con el goteo de la destrucción de miles de empleos en grandes grupos, pero no solo se plasma en la cuenta de resultados por la caída de márgenes. También es una crisis reputacional. Corporativa. De imagen. Ahí llega el estruendo de estas dos últimas semanas. Dos de los grandes bancos españoles, BBVA y Santander, se han precipitado desde la moqueta de las grandes decisiones al barro de los problemas internos que salen a la luz en el momento menos oportuno. Envuelto en algo más que una polémica se encuentra el BBVA, imputado ahora como persona jurídica en el caso Villarrejo, que apunta directamente al chantadino Francisco González en una red de escuchas ilegales. Y Ana Patricia Botín, desde el Santander, tiene que bregar con un fichaje estrella, el del italiano Andrea Orcel, que tuvo que dar marcha atrás y ahora acaba también en el juzgado, con acusaciones de deslealtades, grabaciones incluidas.
Y entre tanto ruido, el banquero inesperado, Juan Carlos Escotet, que sigue dando pasos cortos, pero firmes, para situarse entre los grandes. Abanca se hace imprescindible en Galicia (caso del control que ya tiene en Nueva Pescanova) e introduce a golpe de compras un nuevo término en el glosario financiero: el de banco ibérico.
La integración de la red lusa de Deutsche Bank provocó un incremento del 13,6% del volumen de negocio de Abanca, que se sitúa en los 78.661 millones. La entidad ganó unos 250 millones en seis meses, con un alza de un nada desdeñable 1,3%. Sin estrépito, Abanca sigue a lo suyo. Y Escotet promete más sorpresas. En clave de futuro.
UN PROBLEMA deja de serlo cuando se resuelve, pero en muchas ocasiones también cuando se aparca o minimiza. La patada hacia adelante es el método en este caso. La ministra de Industria, quién sabe si en el mismo puesto dentro de unos meses si hay investidura, brinda por la venta de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés sin haber resuelto un problema de fondo que no solo afecta a la multinacional norteamericana. El precio de la energía sigue siendo el gran obstáculo para que muchas industrias sean realmente competitivas. Y las prisas llevaron en su día a elaborar un estatuto electrointensivo de urgencia, que no contaba ni con las mínimas garantías para impedir que fuera considerado ayudas ilegales de Estado a ojos de la UE. Ahora, Reyes Maroto ve a Parter Capital como la palanca para resolver un problema, el de Alcoa, que no es un caso aislado. Dos años de vida para A Coruña y Avilés. Nada más.
LA TITULAR de Hacienda no es lo que se dice una ministra técnica, que podría ser el caso por la cartera que ocupa. María Jesús Montero es quizá uno de los miembros más políticos del gabinete de Sánchez. De demostrarlo se encargó la sevillana en la presentación del anuario del Foro Económico de Galicia. Montero apeló directamente a la falta de Gobierno como respuesta a esa reclamación de los 700 millones en pagos pendientes que viene realizando la Xunta a Madrid. Tras la presentación del anuario, la ministra y Núñez Feijóo hicieron un aparte en la zona noble de la sede de Afundación. Discreta la reunión, una media hora, y pobre el resultado. No hubo acuerdo entre Montero y Feijóo para desbloquear una deuda que, siendo legítima, Galicia reclama como imprescindible para que a final de año no descarrile el déficit y sigamos "vendiendo" rigor.
