LO dice un empresario del aluminio, un competidor de éxito que se ha reinventado varias veces, a la vez compostelano de nacimiento, y que sabe mucho sobre Alcoa. Clemente González Soler es discreto, ADN autóctono en eso, y ha levantado un imperio que se asienta sobre una treintena de empresas y más de una quincena de plantas. "No podemos permitir que cierre la fábrica de San Cibrao, clave para la estrategia económica de España, que en estos momentos es de Alcoa pero que durante muchos años ha sido una empresa pública". González Soler, que fundó Alibérico como antes lo hizo con otros proyectos, ha echado la vista atrás, porque él era el hombre fuerte de la canadiense Alcan en España y Europa hasta un año antes de que el Gobierno de José María Aznar decidiera privatizar Inespal a finales de los noventa. Aquella puja se la llevó Alcoa por unos 370 millones de euros, en dura batalla, precisamente, con Alcan. A quien primero deberían hacer reflexionar las palabras de este empresario, expuestas nada menos que en el foro de reconstrucción impulsado por la CEOE, es a los propios ejecutivos de Alcoa. Porque al portazo inicial con el anuncio de cierre de la planta de Aluminio Español se suma ahora otro, mucho más categórico y sonoro, como es la activación oficial del despido colectivo para más de 500 trabajadores.
Lo han hecho sin esperar a la primera reunión de la mesa sectorial, convocada para la semana que viene. La multinacional norteamericana ha dejado así con la palabra en la boca a administración central y autonómica. También a los sindicatos. Primera conclusión: en esta crisis se están perdiendo hasta las formas.
El cierre de San Cibrao fue la primera opción que se puso sobre la mesa, pero sin duda sería la última en consumarse. Hay que aferrarse a ello. Y buscar alternativas que la propia multinacional niega por activa y pasiva, quizá escaldada por el coste económico y de credibilidad que supuso la venta de las plantas de A Coruña y Avilés. O simplemente por dinero: su principal materia prima es la alúmina, procedente precisamente de la otra fábrica del grupo en A Mariña, Alúmina Española. Por tanto, el control del mercado, más que de precios, está forzasamente en mente de los ejecutivos de Alcoa con estos siniestros planes de futuro y su constante no es no.
El precio del aluminio, más que el del megavatio subvencionado, es el gran quebradero de cabeza para los ejecutivos del grupo norteamericano. Y no se puede mirar a Madrid, como tampoco a San Caetano, para buscar culpables, aunque en esto sí hay evidentes cuotas de responsabilidad. ¿Cómo es posible que siendo Galicia cuna de grandes industrias electrointensivas solo tome en estos momentos Alcoa la decisión de cerrar? ¿Acaso no afecta el precio del megavatio y la falta de estatuto electrointensivo a Megasa en Narón, a Ferroatlántica en Cee y Dumbría, a SGL Carbón en Arteixo o a Celsa Atlantic en A Laracha? ¿Han anunciado cierres estas fábricas, que también lo pasan mal sin un marco energético estable?
Decisión tomada, decisión acertada. No se cumple el axioma esta vez, bálsamo que cura cicatrices de arrepentimiento. Por tanto, las alternativas deben llegar desde otros actores, de puertas afuera de la multinacional. Prácticamente descartada la nacionalización, ni siquiera la intervención temporal de la fábrica de San Cibrao, parece asomar un ‘plan B’, hilvanado con los recursos que se generarán por la crisis del Covid. Es una suerte de ‘plan Nissan’, como el planteado para retener la planta de Cataluña, que en ese caso llegó muy tarde. No sin urgencias, la Xunta plantea una solución a tres bandas: compromete un préstamo participativo para la modernización de la fábrica y propone aprovechar fondos europeos de reconstrucción para activar un plan de viabilidad para la fábrica de aluminio primario, actividad esencial para el Gobierno en el confinamiento. La tercera pata es el estatuto electrointensivo, que sigue en el cajón de las promesas por parte de Madrid.
La propuesta de San Caetano es para valorar, sin duda, pero resultan demasiadas piezas a encajar en tan poco tiempo. El reloj de las decisiones está en manos de los ejecutivos de Alcoa, mensajeros de una sentencia que llega desde EE UU. ¿Para cuándo un plan de rescate conjunto, de Galicia y Madrid, para Alcoa? Es el momento. Quizá sea lo que está esperando González Soler.
