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Guerra en las gasolineras

Xunta y Competencia deben conjurarse para acabar con el oligopolio de los carburantes

Gasolinera de A Pastoriza. AEP
photo_camera Gasolinera de A Pastoriza. AEP

GALICIA INTENTA taponar una vía de agua que lleva cuatro años abierta. Es el tiempo que ha transcurrido desde que se colocó como la comunidad autónoma española con los precios de los carburantes más altos. Con y sin el controvertido céntimo sanitario, que es el tramo autonómico del conocido como Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), detrás de esta situación se esconde un auténtico sudoku de razones para explicar las diferencias. Otras comunidades, sin ir más lejos, aplican el mismo gravamen que la Xunta por el céntimo sanitario y tienen precios de las gasolinas más bajos.

Pero lo cierto es que Galicia se colocó en lo más algo el ranking de precios justo a partir de la aplicación del gravamen, que ahora recauda el Ministerio de Hacienda. El céntimo sanitario explica solo en parte esta escalada. Y ahí reside el gran problema. Creado en 2001 por el Gobierno de Aznar para ayudar a las comunidades a financiar las nuevas competencias sanitarias, el tributo tenía un tramo estatal y otro autonómico, con una arquitectura similar a la que podía tener un impuesto estatal del que se cede parte a las autonomías, caso del IRPF. Una decena de comunidades recurrieron a esta fórmula para financiar sus gastos sanitarios, entre ellas Galicia. Lo hizo precisamente en 2014, como una palanca para sanear las entonces maltrechas arcas públicas cuando todavía golpeaba la crisis. Hoy en día el céntimo sanitario está integrado en la recaudación estatal, para luego ceder lo ingresado a las autonomías, tras una sonora sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Galicia aplica el mismo gravamen del céntimo sanitario por litro de combustible que, por ejemplo, Valencia, y sin embargo  tiene la gasolina más cara. ¿Por qué? Pues las autoridades de Competencia tienen sus explicaciones, pero no aciertan a dar con el diagnóstico certero. Se trata siempre de aproximaciones, sin llegar a la parte magra del problema.

La Xunta ha firmado esta misma semana un protocolo con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, tras años de diferencias y hasta desplantes. La pipa de la paz trae consigo una evidencia: "La persistencia en el tiempo de un precio antes de impuestos en Galicia superior al de la media de España y de la Unión Europea está asociada a la existencia de menores presiones competitivas en este mercado", que es como asegurar que la comunidad gallega está en manos de un oligopolio de facto. Y lo cierto es que hay demasiados motivos que nos llevan a esta conclusión.

Buenas intenciones las de José María Marín Quemada, por Competencia, y Francisco Conde, por la Xunta. Pero el protocolo firmado solo viene a ser un reconocimiento de las evidencias y un ejercicio de voluntarismo para poner fin a tanto distanciamiento con un proyecto de colaboración mutua. Los datos aportados por Competencia para aludir a este desequilibrio, y a sus posibles causas, son elocuentes, y aluden directamente a los actores de reparto: las gasolineras en régimen cooperativo o asociadas a grandes superficies, que suelen tener los precios más baratos, representan en Galicia poco más del 5% del total, mientras que en España suman el 15%. La gasolineras automáticas, fuente de polémica en el sector, pero sin duda con costes más ajustados, suponen en el mercado gallego el 1,5%, frente al 5% de la medida española. Por el contrario, las gasolineras abanderadas, aquellas que operan a modo de franquicia de grandes grupos petroleros, llegan en Galicia al 76% del total, mientras que en el caso español su peso desciende hasta el 68%.

Uno de los grandes problemas reside precisamente en que el de los carburantes es un mercado liberalizado solo a medias, a merced de grandes grupos. Repsol, Cepsa y BP son, tradicionalmente, los operadores con los precios más elevados. A su vez, esos grandes grupos acaparan toda la capacidad de refino en este país: Repsol (59%), Cepsa (34%) y BP (7%) controlan las nueve refinerías repartidas por España, donde no se levanta una nueva planta desde hace más de cuarenta años. Caso aparte el de Repsol y la refinería de A Coruña. Es, sencillamente, como si no existiera.

El pacto firmado entre la Xunta y la Comisión Nacional de la Competencia está cargado de buenas palabras. Poco más. De paso, sirve para retomar las investigaciones que un extenuado Consello Galego da Competencia, ahora integrado en el Instituto Galego de Consumo e da Competencia, no ha podido o no ha sabido realizar en su lento languidecer. Por delante, una guerra de los carburantes que promete de todo menos bajadas de precios. Al tiempo. 

Amancio Ortega y los cables de teléfono
Hace un  un par de años, Telefónica contrató a los mejores bancos de inversión para sacar a Bolsa una parte de su negocio, que era el de infraestructuras de telecomunicaciones (cables submarinos, red de fibra y antenas). La operación se paralizó y Telxius, que así se llama la filial del grupo, siguió a lo suyo, trabajando para su gran accionista y principal cliente a la vez. Básicamente, los bancos de inversión no veían claro el negocio que había en el clable submarino de fibra óptica, del que Telxius controla más de 65.000 kilómetros repartidos por el mundo, de los que alrededor de 31.000 kilómetros son de su propiedad.

¿Y a qué viene todo esto? Pues a que Telxius, desde este mismo viernes, tiene un nuevo accionista de relumbrón. Se trata de Amancio Ortega, que sí parece creer en las torres de telefonía, las antenas y el dichoso cable submarino. Pontegadea, el brazo inversor del patrón de Inditex, ha realizado su mayor inversión no inmobiliaria con la compra de cerca de un 10% de la filial de Telefónica. En el envite se ha dejado casi 380 millones de euros el empresario gallego. Casi nada.

Hasta ahora, al margen del ladrillo, en el que seguirá el grupo, las únicas inversiones de Ortega fueron una aventura biotecnológica a través de Pontegadea y, recientemente, el desarrollo experimental de castaños en Sobrado dos Monxes. Anécdotas.

¿Por qué invierte Ortega en cables de teléfonos? La respuesta es sencilla: una simple inversión financiera, con un retorno asegurado vía dividendos, y un socio estable y fiable como es Telefónica. Una apuesta a caballo ganador. Lástima que no vea tan claras otras operaciones en Galicia.

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